La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), asociación que engloba a todas las televisiones privadas salvo Mediaset España, solicitó a mediados de marzo al Ejecutivo la aprobación de una línea de ayudas y exenciones fiscales para hacer frente a los efectos que ha generado en estas empresas la crisis del coronavirus. El director general de este lobby, Emilio Lliteras, remitió un mensaje a los socios de la entidad tras realizar la petición formal a Moncloa en el que informó del acuse de recibo y de los mensajes que le habían trasladado.
En la misiva -a la que ha tenido acceso Vozpópuli- se detalla que desde el Ministerio de Economía se realizaron varias preguntas a la organización, entre ellas, “si hay alguna medida regulatoria que pudieran aprobar urgentemente” que “pudiera venir bien” a las televisiones comerciales.
Desde el Ministerio de Economía niegan que se les trasladara ese mensaje desde ese área del Gobierno, si bien el director general de UTECA apunta en su carta a que recibió esas palabras desde el Ejecutivo.
En cualquier caso, estas 'buenas palabras' contrastan con el contenido del Real Decreto, en el que se restringe la publicidad de apuestas en televisión, una medida a la que se había opuesto UTECA con anterioridad.
Lliteras también pidió a los socios -”a ser posible, esta misma tarde”- que cuantificaran el impacto económico de las peticiones que habían formulado al Gobierno y la justificación de algunas de ellas. “Por la sensibilidad de algunos de los datos de algunas de las medidas y por la peculiaridad individual diferente que pueden tener en cada uno de los socios os indico las que os propongo que cada socio conteste directamente al Ministerio, y las que puede contestar UTECA de manera agregada”, añadió.
Los grupos audiovisuales que conforman esta asociación habían reclamado en Moncloa una “bonificación íntegra” de las cuotas de la Seguridad Social durante un año, a cambio de mantener el empleo en sus empresas.
También habían pedido una ayuda para sufragar “durante un año” el coste que supone incrementar la cobertura de la señal TDT desde el 80% de la población, hasta el 96% actualmente obligatorio. Es decir, lo que justifica la partida de 15 millones de euros -adelantada por este periódico- que figura en el borrador del Real Decreto que ha analizado este martes el Consejo de Ministros.
A juicio de UTECA, este incremento de cobertura -del 80 al 96% de la población- “supone un incremento de coste muy relevante en relación al incremento de población que recibe el servicio por lo que no se justifica por su interés comercial sino por su función de servicio de interés general para la audiencia”, expone Lliteras en la misiva.
Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la empresa que se encarga del transporte de la señal de la TDT es Cellnex, que es a la que pagan las televisiones privadas de UTECA para que les preste ese servicio.
Conviene recordar que Mediaset se opuso en un comunicado, publicado hace unos días, a la petición de que el Ejecutivo otorgara subvenciones a las empresas del sector audiovisual. Este periódico ha contactado con el grupo este martes para saber si tiene previsto rechazar los fondos que incluye el borrador del Real Decreto y ha respondido lo siguiente, sin confirmar ni desmentir: “En este momento, todo el esfuerzo de Mediaset España se dirige en exclusiva a mantener la oferta de información y entretenimiento para los ciudadanos, a respaldar a sus clientes y a proteger a empleados y accionistas”.
En la comunicación que remitió UTECA al Gobierno, también se refleja la petición de eximir a las televisiones privadas, durante el segundo y el tercer trimestre de 2020, de realizar las aportaciones que, por ley, destinan a financiar Radiotelevisión Española (RTVE), que ascienden al 3% de sus ingresos brutos de explotación anuales.
Mismas reglas que las OTT
Esta carta de peticiones extraordinarias al Gobierno a cuenta de la Covid-19 se ha solapado con la gran demanda que UTECA abandera desde hace meses con especial intensidad: la armonización de derechos y obligaciones de los operadores tradicionales con 'players' como Netflix, HBO o Amazon Prime Video.
Coincidiendo con la renovación de la asociación, la patronal ha estado durante los últimos tiempos especialmente activa en la 'promoción' de su sempiterna causa que, por ahora, no parece estar incluida en los planes del Ejecutivo. UTECA quiere que estos operadores, con los que ya compiten de tú a tú desde hace mucho tiempo, también tengan que destinar un porcentaje de su facturación a financiar obra europea y a sostener RTVE, entre otras obligaciones.
No obstante, no es baladí que UTECA haya elegido estos meses para presionar con especial interés sobre este asunto. Desde hace meses, el Gobierno trabaja en la transposición de la directiva 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, que obliga a reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual y que se ha convertido en la oportunidad de oro de las grandes cadenas de terminar con lo que consideran una asimetría regulatoria.
Valoración de UTECA
Fuentes oficiales de UTECA han incidido en que la interlocución de los grandes sectores productivos con la Administración es habitual y que se produce en diversas situaciones, entre ellas, durante las consultas públicas que preceden a la aprobación de leyes. En este sentido, han calificado de normal el mensaje que les trasladó el Gobierno, con respecto a posibles cambios normativos, tras dirigirle la misiva a la que hace referencia esta información.
En cualquier caso, han recordado que entre las peticiones de modificaciones normativas que han planteado se encuentra la de aplazar el 50% del pago de la financiación anticipada de la obra europea durante 6 meses.
