En su febril afán por controlar los medios públicos, hay políticos que piensan que manejan armas de destrucción masiva cuando, en realidad, tienen entre manos escopetas de feria, de las de aire comprimido y mira desviada. El poder tiene la capacidad de causar fuertes delirios en los gobernantes cuyo ego alcanza el nivel de patología, lo que les impulsa a comportarse como tiranos imprevisibles y a tomar decisiones carentes de toda lógica. Después de décadas de indisimulada manipulación de RTVE, y después de sufrir a los Urdaci, Calviño y Álvarez Gundín de turno, siempre permeables a las órdenes de quienes los situaron en el cargo mediante el método del dedazo, la televisión pública ha quedado arrinconada en una posición secundaria dentro de la sociedad española, con una influencia bajo mínimos y una audiencia que no se encuentra muy lejos de su suelo histórico. Pese a ello, los partidos se han enfrascado en una nueva batalla por controlar la corporación, que es un juguete roto, pero que nadie quiere dejar bajo la tutela de un rival político.
Ninguno obtendrá grandes réditos del control de la televisión pública, dado que la potencia de este cañón es mucho menor que hace una o dos décadas, pero el peaje mediático o parlamentario que deben pagar es igual o mayor (hay más partidos fuertes en la oposición y más prensa). Sin embargo, demuestran la misma sed por modelar la línea editorial de los telediarios, como si RTVE mantuviera la situación de monopolio de la década de 1980. Y como si todavía alguien confiara en sus telediarios para obtener información objetiva sobre las corruptelas de un Gobierno.
Dicho esto, a estas alturas, parece bastante claro que a Pedro Sánchez le importan más los gestos que la coherencia. El político, que hace no mucho acudía a los platós de Televisión Española con un lazo naranja en la solapa para congraciarse con quienes denunciaban el control gubernamental de sus informativos, ha tardado menos de tres meses en colonizar la Administración y situar a personas de confianza en algunos puestos clave que deberían ser ejercidos por profesionales de perfil independiente, como el Centro de Investigaciones Sociológicas y Radiotelevisión Española. Así es este país. Nadie renuncia al “quítate tú para ponerme yo” cuando llega a Moncloa ni tiene especiales remordimientos cuando practica el oportunismo.
El PSOE defendió desde el principio de la legislatura la necesidad de cambiar la ley para que RTVE funcionara de una vez por todas como un organismo independiente. En septiembre de 2017, el Congreso aprobó un texto que contemplaba la elección del Consejo de Administración de la corporación por concurso público, con el objetivo de evitar que los partidos introdujeran a sus ‘hombres de paja’ en este órgano que se limitaran a votar sí o no, en función de sus intereses.
No habían pasado tres semanas con Pedro Sánchez en Moncloa cuando los socialistas iniciaron una lamentable pelea con Podemos por situar al frente de la televisión pública a una persona de su confianza, que comandaría el barco hasta que se resolviera el concurso público para elegir al presidente definitivo. Tras varios movimientos en falso, la elegida fue Rosa María Mateo. Una vez más, el PSOE demostraba que las soluciones que propone desde la oposición no le sirven cuando tocan el poder; una actitud que ni mucho menos es exclusiva de este partido, pero que ha practicado con una sorprendente ligereza, desde junio, a la hora de realizar nombramientos y destituciones en la Administración.
Poca fe en el concurso
Mientras Rosa María Mateo hace y deshace desde su cargo, de gestora provisional y única de RTVE, un grupo de 17 'expertos' analiza en el Congreso de los Diputados los proyectos de los 101 candidatos a formar parte del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Los miembros de este 'comité de sabios' fueron propuestos -en algún caso, consensuados- por los propios partidos políticos, por lo que habría que ser muy bien pensado para concluir que las fuerzas parlamentarias realizaron la selección de forma objetiva y sin el propósito de influir en el proceso de criba de candidaturas.
La BBC recurre a una empresa de cazatalentos cuando necesita cambiar a su director general, al igual que ocurre cuando las grandes empresas necesitan un ejecutivo solvente. Ningún método es perfecto y, en el caso de la televisión pública británica, la prensa ha denunciado el elevado coste que ha supuesto este proceso para las arcas públicas. Pero está claro que el procedimiento de la televisión inglesa aleja a los partidos del proceso de selección, al contrario del que se ha diseñado en España.
En ambos países, es el Parlamento el que tiene la última palabra, pero en el caso británico, la palabra de los grupos parlamentarios tiene menos influencia durante la búsqueda de candidatos a ocupar los puestos directivos.
En España, la puesta en marcha del concurso público estuvo acompañada de una burocracia que resulta ridícula y que se explica en la desconfianza que existe en los partidos sobre las argucias que pudiera poner en marcha el rival.
En España, la puesta en marcha del concurso público estuvo acompañada de una burocracia que resulta ridícula y que se explica en la desconfianza que existe en los partidos sobre las argucias que pudiera poner en marcha el rival. Eso sí, el armazón legal construido para tal fin no ha evitado que se produzcan situaciones que carecen de toda lógica, como el hecho de que se aprobara el baremo con el que se va a cribar los currículum de los aspirantes después de recibir las candidaturas. Es decir, las reglas se han terminado de definir con el partido en juego, algo desastroso. Premeditadamente o no.
Por otra parte, llama la atención que en la lista de candidatos figuren algunos exconsejeros de la anterior etapa, que en más de un caso se limitaban a levantar la mano y firmar el acta de las reuniones cuando tocaba sin decir una palabra más alta que la otra, en cumplimiento del deber de obediencia con el partido que los nombró.
No menos sorprendente es la presencia de varios directivos de la etapa de José Antonio Sánchez, algunos de ellos, responsables últimos del sesgo de los telediarios y los programas informativos. Son sospechosos habituales que, atendiendo a su larga trayectoria en RTVE y a sus varios años de gestión, en muchos casos, ligados a la permanencia del PP en el poder, tienen serias opciones de ocupar uno o más sillones en el próximo Consejo de Administración.
El parlamento decidirá
La última palabra sobre este procedimiento la tendrán el Congreso y el Senado, donde el 'comité de expertos' enviará una serie de nombres para que sean ratificados o descartados. Lo óptimo sería que dicho listado estuviera compuesto de diez personas para ocupar otros tantos puestos en el Consejo de Administración, pero eso arrebataría a los partidos la posibilidad de realizar vetos ideológicos y alcanzar pactos para aupar o eliminar candidatos.
Por otra parte, también resulta naíf pensar que algunos grupos de poder que tienen una amplia influencia en Torrespaña, como determinados sindicatos con un peso fundamental en el Comité Intercentros, van a apoyar la apertura de ventanas en los centros de trabajo si eso implica la pérdida de determinados privilegios de los que gozan. Entre ellos, el de 'aconsejar' sobre nombramientos y decapitaciones. Durante los últimos meses, han defendido la despolitización de la radio-televisión estatal, pero ya se sabe que del dicho al hecho hay un trecho; y cuando uno tiene un amplio cortijo a su disposición, quizá no esté dispuesto a perderlo sin plantear batalla.
Desde luego, la situación no invita precisamente al optimismo y los movimientos realizados dentro y fuera de RTVE hacen difícil pensar que el proceso de transición se vaya a desarrollar de forma neutral y respetando el interés general. También que en el nuevo Consejo de Administración no tendrán asiento los delfines políticos de siempre. O nuevas caras que actúen de la misma forma.
Dentro de un país en el que cada medio de comunicación privado está apadrinado por uno o varios caciques políticos o empresariales; y en medio de un contexto global en el que la amenaza de los populismos se puede percibir por la izquierda y por la derecha, por el este y por el oeste, una televisión pública fuerte y objetiva podría ser un buen espejo en el que mirarse para los ciudadanos. Los últimos acontecimientos invitan a ser pesimista, dado que el concepto de una RTVE independiente parece que le viene grande a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Desde luego, no se puede decir que hayan renunciado a 'tutelar' el concurso público. Ni mucho menos. En la lista de candidatos, hay perfiles muy competentes, pero también otros para echarse a temblar. ¿Actuarán con responsabilidad todas las partes implicadas o mantendrán la televisión pública en su particular senda hacia el precipicio?
