El concurso público que se convocó hace más de dos años para elegir al próximo presidente de Radiotelevisión Española murió a finales de la semana pasada, cuando los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular decidieron enterrarlo. Lo hicieron al tirar a la papelera la resolución que en enero de 2019 realizó un Comité de Expertos designado para evaluar a los candidatos.
Dicho organismo seleccionó a 20 finalistas, de entre los que el Congreso y el Senado debían elegir a 10 para conformar el nuevo Consejo de Administración de RTVE.
Como en la lista tan sólo había cuatro mujeres –tres, tras el fallecimiento de Alicia Gómez Montano- los letrados de las Cortes consideraron que podría incumplirse el principio de igualdad. Algo que era imposible que el Comité de Expertos garantizara, dado que corrigió los proyectos presentados por los candidatos sin saber quiénes eran los autores. Es decir, sin tener consciencia de si los había escrito un hombre o una mujer.
Los dos partidos políticos con más escaños en las Cortes Generales decidieron revocar el trabajo del Comité de Expertos hace unos días y ampliar la lista de finalistas a 95 personas. En otras palabras, la criba de aspirantes que habían realizado a partir de la evaluación de su currículum y del proyecto de gestión de RTVE habían presentado no servirá para nada.
Por tanto, los partidos podrán elegir 'a dedo' a los candidatos que deseen de entre todos los concursantes, entre los que se encuentran personas cuyos períodos de gestión en la corporación están asociados a la permanencia en Moncloa de un determinado partido político.
El nuevo Consejo
Las fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli inciden en que lo normal sería que PSOE y Unidas Podemos acaparen cinco de los diez escaños del Consejo, entre ellos, el del presidente, que tendrá voto de calidad (con valor doble) y que será propuesto por los socialistas, salvo sorpresa.
Esto asegura a la izquierda el control de la radio-televisión pública durante los próximos seis años, en los que se espera que el Partido Popular tenga tres asientos en el Consejo; Ciudadanos, uno; y otro, en principio, que podría ser para ERC.
Fuentes del Comité de Expertos consultadas por este periódico han lamentado profundamente la decisión tomada la pasada semana en el Congreso, que anula su 'concienzudo' trabajo de varias semanas para garantizar que los mejores candidatos pasaran la criba del concurso público.
También hay malestar entre algunos de los 20 finalistas de 2019, que, en conversaciones con este periódico, consideran que el acuerdo para elegir al presidente entre los 95 aspirantes permitirá una mucho mayor arbitrariedad que hacerlo de entre una lista que incluía a los concursantes que habían presentado los mejores proyectos de gestión y las mejores credenciales.
Inseguridad jurídica
Lo cierto es que el concurso público para elegir al presidente de RTVE ha estado acompañado de una inseguridad jurídica que ha enturbiado su desarrollo desde el principio. En primer lugar, por las fricciones que surgieron entre los partidos al redactar su reglamento, que se extendieron durante meses. Pero también por la sorpresiva prórroga que se concedió, en mitad del procedimiento, para que los participantes que lo desearan presentaran documentación adicional a la que habían aportado durante la convocatoria, cosa que algunos de los aspirantes consideraron como incomprensible.
A partir de ahí, hubo hasta 30 candidatos que recurrieron la decisión tomada por el Comité de Expertos, lo que obligó a los letrados de las Cortes a buscar argumentos para despejar esos alegatos.
Finalmente, se optará por una solución de consenso –en la que no está Vox-, tal y como buscaba Moncloa desde hace más de un año, pero que dinamitará el concurso público, que se aprobó con el objetivo de despolitizar el alto mando de RTVE.
Entre las dudas que tendrán que despejarse durante las próximas semanas se encuentra la de quién será el presidente de la corporación para los próximos seis años. Dentro del Grupo Socialista, se impulsó hace unos meses el nombre de Isabel Raventós, con la que se pretendía alcanzar una mayoría de 176 diputados, pese a las discrepancias de Podemos y de lobbies internos como Comisiones Obreras. Sin embargo, en las últimas semanas también ha ganado fuerza el nombre de Francisco Moreno, quien cuenta con el apoyo del lobby que hay detrás de la Academia de Televisión y que es el actual administrador único de la Radio Televisión Canaria.
En las últimas semanas, los movimientos de los grupos de presión –no tanto de los candidatos- para que sus favoritos ganen enteros en la pugna han sido habituales y han implicado a algunos veteranos del sector, tanto de dentro como de fuera de RTVE y con una mejor o peor relación con Moncloa. Pese a todo, la última decisión la tendrá el Parlamento.
