En Castilla y León, hubo un tiempo en el que los constructores consideraron que era buena idea utilizar la prensa como herramienta para impulsar sus negocios, granjearse simpatías y arremeter contra sus rivales. Fundaron periódicos, adquirieron cabeceras históricas y construyeron imperios mediáticos en las provincias bajo la atenta mirada -y con el beneplácito- de las Administraciones comandadas por el Partido Popular. Dos de estos empresarios, José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo se declararon la guerra y se juraron odio eterno. No había mes en el que el uno no dedicara un exagerado espacio en sus medios a los pecados más o menos veniales que cometía su competidor durante la burbuja inmobiliaria, ni ataque que no encontrara respuesta. Cuando la crisis del ladrillo hizo tambalearse sus principales negocios, Juan Vicente Herrera les ofreció una licencia de TDT autonómica y, entonces, aparcaron (y disimularon) sus diferencias, fusionaron sus televisiones y crearon Radiotelevisión Castilla y León (RTVCYL), una compañía privada que es mantenida con dinero público y que gestionan al 50%.
La televisión co-dirigida por Ulibarri, uno de los constructores más citados en el sumario de Gürtel, ha recibido desde 2010 un total de 126 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León, que mantiene este medio de comunicación a través de un contrato-programa que le otorga su Consejería de Fomento.
La constructora de Méndez Pozo que ha solicitado el concurso de acreedores tiene una deuda de casi 190 millones de euros
Según se especifica en las diferentes memorias de cuentas anuales de RTVCYL, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, en 2010 percibió 25 millones de euros de dinero público, en 2011, otros tantos; en 2012, 22,5 millones; y en 2013, 2014 y 2015, 18 millones de euros por ejercicio. A esto, hay que sumar los ingresos publicitarios que proceden de las diferentes Instituciones autonómicas y provinciales.
Esta semana, ha trascendido que el Juzgado Número 8 de lo Mercantil de Madrid ha aceptado la solicitud de José Luis Ulibarri de declarar en concurso de acreedores en su empresa Elodea S.A.. Será el mayor de la historia de Castilla y León y obligará a los deudores a intentar recuperar los casi 190 millones de euros que les debe esta compañía, la heredera del Grupo Begar. Las posibilidades de que cobren al menos una parte de lo que les corresponde se desvanecen al ritmo que se desmorona el imperio construido por este constructor, reconocen fuentes conocedoras de sus empresas.
Un potencial protagonista de película de Scorsese
La historia de Ulibarri con Begar podría valer como guión de una película de Scorsese. Este hijo de cartero llegó a Ponferrada desde la provincia burgalesa en 1980. Allí puso los cimientos de la constructora con la que hizo fortuna: Begar, acrónimo del nombre y el apellido de los dos amigos con los que la fundó: Benito y García.
En ese entorno tuvo que lidiar con competidores de la talla de José Martínez Núñez, para quien trabajó de aparejador y quien fue juzgado -y absuelto- ante las sospechas de los investigadores de que envió a unos matones para aniquilar a José Cuiña, consejero del Gobierno gallego con quien estaba enfrentado como consecuencia de una adjudicación. Por lo que sí fue condenado por la Audiencia Provincial de León fue por sabotear las empresas de Sindo Castro, uno de sus principales competidores.
Entre los políticos cercanos a Ulibarri se ha situado a José María Aznar, Javier León de la Riva o Ismael Álvarez, este último, el exalcalde de Ponferrada al que salpicó el famoso 'caso Nevenka'
Su empresa Teconsa aparecía en el 'caso Gürtel' -al igual que Ulibarri- por una supuesta adjudicación ilegal. Y, como varios de sus compañeros de oficio, Martínez Núñez también se hizo con el control de un medio de comunicación para defender sus intereses y atacar a sus rivales: el extinto periódico La Crónica de León.
Desde la Ponferrada que trataba de sobreponerse al fin de la época dorada de la mina prosperaron los negocios de Ulibarri, siempre muy bien relacionado con políticos del PP como Ismael Álvarez, el ambicioso exalcalde de la capital berciana que fue defenestrado en 2002 tras las acusaciones de acoso realizadas por Nevenka Fernández. En los mejores años del ladrillo, los del 'aznarismo', su poder se expandió por otras comunidades autónomas, como Madrid y Valencia, donde recibió suculentas concesiones que fueron extremadamente beneficiosas para Begar.
La 'chapuza' consentida por González Pons
En la Comunidad Valenciana, llegó a recibir un importante lote de canales de TDT mediante un concurso público que posteriormente fue anulado por el Tribunal Supremo porque la Mesa de Contratación no cumplió con “la obligación de ponderar los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria”. La resolución de este procedimiento la firmó Esteban González Pons, entonces consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación del Ejecutivo de Francisco Camps.
Meses después de que tuviera lugar esa anulación, se inició la investigación del 'caso Gürtel', que marcó un antes y un después en la trayectoria de Ulibarri. Este amigo íntimo del polémico exalcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, fue investigado por pagar, presuntamente, 1 millón de euros en sobornos para que una de sus empresas consiguiera la adjudicación de un terreno de 12.000 metros cuadrados en el centro neurálgico de la trama, Boadilla del Monte. Su oferta, de 35 millones de euros, prosperó pese a que hubo otras dos superiores en 4 millones de euros.
En la trama Gürtel, Ulibarri fue acusado de pagar ocho facturas falsas para elevar a 420.000 euros el precio del yate de Correa
En esa parcela, su promotora, UFC S.A., erigió la urbanización de lujo Boadilla Park. El hombre fuerte de Ulibarri en esa empresa era Miguel Hernán Manovel -también lo ha sido durante años en RTVCYL-, cuñado de Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional que fue apartado del 'caso Gürtel' por su vínculo con el Partido Popular.
En esta trama, Ulibarri también fue acusado de inflar, mediante el pago de facturas falsas, el precio de un yate de Francisco Correa. Y fue una denuncia de su abogado, Ignacio Peláez, la que hizo germinar la investigación contra el juez Baltasar Garzón por las famosas escuchas ilegales que autorizó dentro de este caso.
Ulibarri recibió entre 2004 y 2008 contratos por valor de 33 millones de euros por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre; y, en 2015, con su relación con Gürtel ya aireada, una concesión de 34 millones de euros para la gestión de una residencia de ancianos de Toledo, con María Dolores de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha. Pero, pese a estas jugosas licitaciones, el emporio de este empresario hace aguas.
Una deuda multimillonaria
En junio de 2009, Begar se declaró en concurso de acreedores como maniobra para tratar de evitar morir de asfixia. Lo abandonó en 2011 tras pactar el pago del 45% de la deuda, sin intereses, en un plazo de cinco años para aquellos acreedores calificados como ordinarios. Siete años después, la heredera de este grupo, Elodea S.A., ha solicitado el concurso con unos activos de 34,8 millones de euros y unas deudas de 189,6.
En la cartera de medios de comunicación de Ulibarri -Edigrup- permanecen el centenario Diario de León, El Correo de Burgos, Diario de Castilla y León, Diario de Soria y Diario de Valladolid, así como 14 emisoras que hasta hace unos años explotaba Punto Radio y el 50% de la televisión privada autonómica, mantenida con los fondos de la Junta de Castilla y León.
Ulibarri conserva el 'Diario de León', 'El Correo de Burgos', 'Diario de Castilla y León', 'Diario de Soria' y 'Diario de Valladolid', así como varias emisoras de radio
Dentro de la heterogénea Castilla y León, en la que conviven regionalismos y localismos atávicos de los que poco se dice allende sus fronteras, pero dirigida sin discusión por el Partido Popular desde 1989, convive de forma supuestamente pacífica con Méndez Pozo, dueño del Diario de Burgos, Diario de Ávila, Diario Palentino, El Día de Valladolid, El Día de Segovia, El Día de Soria, la Agencia ICAL y Navarra Televisión, entre otros.
Este constructor, muy cercano a José María Aznar durante sus tiempos de barón autonómico y al PSOE castellano-manchego, fue condenado en 1994 a 7 años y 3 meses de cárcel por falsificación varios documentos públicos y privados, dentro del grave escándalo de corrupción que se destapó en el Ayuntamiento de Burgos. Su estancia en prisión apenas si duró unos meses, pues obtuvo el tercer grado en un tiempo récord. Pero eso, es otra historia. Al margen de la de Ulibarri, aunque acaecida en el mismo ecosistema. En el que ahora son socios. Quién lo iba a decir.
