"Te voy a matar, hija de la gran puta","Voy a ir a tu casa a apedrearte","no mereces vivir",... estas amenazas continuadas durante dos años y realizadas por una persona identificada en Facebook convencerían a cualquiera para acabar en un juzgado... excepto si tu trabajo y tu modo de vida dependieran de ello.
https://twitter.com/Barbijaputa/status/996000748881182720?ref_src=twsrc%5Etfw
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El fundamento del Estado de Derecho establece que cualquier ciudadano pueda conocer la identidad de quién le denuncie en cualquier proceso penal, con muy pocas excepciones [Ley de enjuiciamiento criminal art. 266 y 267] Este principio es prácticamente inviolable y garantiza que las denuncias no se utilicen como venganza, beneficio personal o herramienta de odio masivo,... pudiendo llegar a colapsar el sistema.
"Existe el testigo protegido pero el que acusa ha de identificarse. La identidad te da motivación y la credibilidad del acusador. Si no sabes quién te acusa no puedes defenderte", nos cuenta Paloma Llaneza abogado especialista en nuevas tecnologías.
Pero el auge de las redes, de los nuevos canales de información y medios han popularizado la figura de los creadores de contenido que utilizan su púlpito anónimo para poder expresar opiniones e ideas. Hay jueces, políticos o famosos que para no comprometer sus carreras utilizan las redes de incógnito; incluso la reina Letizia tiene un perfil en Twitter sin su nombre ¿Qué pasa si alguien acosa a un anónimo con el fin de poder desvelar su identidad en una supuesta denuncia? Que le arruinarían la carrera. Pan o justicia, tú decides.
El anonimato en redes es un derecho y su disfrute no debería lesionar otros derechos vinculados a cualquier ciudadano con las mismas obligaciones
Eso le pasa día sí y día también a la activista, articulista y RadFem @Barbijaputa, un personaje anónimo que ha construido una carrera de activismo feminista en los medios basada en el anonimato. Te podrá gustar más o menos su opinión, sus formas o contenidos pero sus herramientas de comunicación se mueven en la más absoluta legalidad y normalidad. Sus derechos, no tanto.
Barbijaputa no utiliza el anonimato para ganarse una impunidad, esto es una gran falacia porque sus obligaciones siguen auditadas por la justicia. Si comete un delito será identificada y castigada aunque lo haga en las redes bajo pseudónimo. Barbijaputa utiliza el anonimato como mecanismo de defensa para evitar la represión (y autocensura) por expresar sus ideas. Y está en su derecho.
A Barbijaputa la desafían constantemente, sufre acosos, insultos e incluso amenazas de muerte por hablar de feminismo; sin embargo, no puede denunciar porque tendría que identificarse. Bastaría una denuncia en un pequeño juicio de faltas para que su nombre cayera en manos del injuriante y de ahí saltara de manera incontrolable a las redes. Un caramelo que acabaría, seguro, con su carrera. Teniendo en cuenta los últimos casos hay razones para desconfiar de todos, hasta de la Fiscalía. Fin de tu derecho al anonimato.
"La cosa es que a la Fiscalía sí tendría que darle mis datos y confiar que no van a usarlos cuando tuitee sobre Carrero Blanco, por ponerte un ejemplo", nos confiesa Barbijaputa.
Por no es el único caso. Imaginemos que a la Reina Letizia le mandan una 'fotopene' por su cuenta anónima de Twitter y decide denunciar. El baboso acosador se va encontrar con una denuncia y un regalo que puede le compense la multa por su exhibicionismo. Con la identidad de su agraviada puede ir a cualquier revista a intentar vender la denigrante exclusiva: "Yo enseñé el pene a la Reina y no me arrepiento".
Si a la Reina Letizia le mandan una fotopene por Twitter no le compensará denunciar a riesgo de que su agresor pueda comerciar con la exclusiva
La denuncia anónima solo cabe en algunos casos de interés general si se utiliza exclusivamente como medio de investigación. Por ejemplo, el caso Jaume Matas se inició con una denuncia anónima de un particular. Aunque el Tribunal Supremo reconoce la figura jurídica recomienda prudencia y seriedad a la hora de aplicarla y esto es muy complicado en redes sociales.
David Maeztu, abogado en 451.legal nos explica: "La denuncia anónima es compleja, ya que depende del delito, algunos son solo perseguibles a instancia de parte, por lo que tienes que ser parte en el procedimiento. Es decir, si denuncias y el delito lo puede perseguir la fiscalía solamente, pues puedes hacerlo, pero si tienes que ser parte del procedimiento tu identidad es necesaria." ...y en un caso de acoso o amenazas personales eres siempre parte.
Este vacío en la legalidad no es transitivo. Si Barbijaputa o cualquier un ciudadano anónimo acosara o amenazara de muerte a otro usuario éste podría denunciarle sin problema y el proveedor de servicios, ISP o red social tendría la obligación de suministar la IP o sus datos personales para que la policía lo identificara. El anonimato en redes es un derecho y su disfrute no debería lesionar otros derechos vinculados a cualquier ciudadano con las mismas obligaciones.
Fuentes de la Fiscalía nos ayudan a buscar soluciones al problema de Barbijaputa (o de Letizia).
"Que no denuncie en policía o a la Guardia Civil, sino en Fiscalía especializada de delitos informáticos o de odio, que incluso tienen (tenemos) la obligación de asesorar previamente.
En ese caso, la denuncia al juzgado la pone la Fiscalía y no necesitaría revelar su identidad. Al ser amenazas públicas a través de redes sociales, igual se podría intentar denunciar por el 169 del C.P, que NO requiere denuncia de la persona agraviada. O sea, que lo podría denunciar cualquiera, aunque sin duda Barbijaputa tendría que declarar, pero ahí sí que no veo mucho problema en proteger su identidad, porque no afecta en nada a la defensa del denunciado.
El problema es si quedara en delito leve o delito de acoso, entonces requerirá denuncia de la persona agraviada. Y si se trasforma, seguir o no está en su decisión, no es obligatorio, aparte de que se podría recurrir."
No parecen muchas las garantías que ofrece el marco legal para proteger el derecho al anonimato cuando te juegas tu carrera y te amenazan de muerte. Falta jurisprudencia y algo más que la ley de testigos protegidos para que la justicia se adapte a las exigencias de las nuevas tecnologías.
