La alambicada gimnasia retórica del gobierno para explicar que el acuerdo con el nacionalismo catalán no es lo que parece ser y que aunque lo fuera sería bueno no sólo para Cataluña sino también para el resto de España es uno de los ejercicios más tragicómicos en los anales de nuestra política económica. Los esfuerzos denodados por evitar el vocablo concierto en las declaraciones públicas de los miembros del partido y del Consejo de ministros recuerdan la agonía de Zapatero y su gobierno para no mencionar la palabra crisis en el estallido de la gran recesión de 2007. En lo que sigue se muestra de la manera más sencilla y sintética posible la lógica elemental de dicho acuerdo y las inevitables consecuencias que acarrearía su aplicación.
El objetivo económico inmediato del acuerdo de concierto es aumentar significativamente los ingresos fiscales de Cataluña disponibles para financiar exclusivamente los gastos de dicha autonomía. Hay también, indudablemente, objetivos políticos obvios a corto y medio plazo. Ciñéndonos a la cuestión económica, es importante tener en cuenta que lo que se persigue no es únicamente que Cataluña recaude el grueso de los impuestos que se pagan en su territorio sino que, después de aplicar los cupos y demás ajustes, consiga aumentar muy por encima de su nivel actual los ingresos fiscales disponibles para gastar exclusivamente en su autonomía. Muy por encima, también, de las mejoras que podría obtener mediante cualquier reforma viable del sistema de financiación autonómica de régimen común. Si no fuera así, el acuerdo del concierto carecería de sentido o no se hubiera llevado a cabo.
La combinación de las dos vías
Un aumento de ingresos de esta envergadura para Cataluña sólo se puede conseguir mediante la combinación de dos vías: la reducción de los ingresos del Estado central y de los de las comunidades de menor renta. Según lo dicho antes, aunque el concierto catalán establezca cupos para devolver una parte de lo que recaude al Estado central y otra a las comunidades de menor renta, los ingresos de uno y otros tienen que caer sensiblemente respecto a los niveles actuales para que el aumento de los ingresos disponibles para uso exclusivo de Cataluña sea sustancial. En rigor, habría una tercera vía que permitiría, cuando menos, paliar el impacto negativo del concierto catalán sobre los ingresos del Estado central y de las CCAA. Consistiría esta vía en que las haciendas forales vasca y navarra aumentaran el cupo que pagan al Estado central, actualmente infravalorados en alrededor del 40 y 30% respectivamente, y contribuyeran a la solidaridad interterritorial en la misma proporción que lo hacen las comunidades de similar renta per capita. Aunque esto es lógicamente posible y moralmente deseable, es metafísicamente imposible, al menos mientras los votos nacionalistas sean necesarios para conformar mayorías de gobierno en España. Es menester consignar que esta infravaloración del cupo y de las aportaciones a la solidaridad en función de la fuerza política relativa de los partidos nacionalistas es un mal augurio para el futuro (y el comienzo) del concierto catalán.
Los impuestos directos son tan elevados que un aumento de los mismos apenas fomentaría los ingresos públicos y, de hecho podría incluso reducirlos
Volviendo a la primera de las dos vías, la caída de ingresos del Estado central se puede compensar incrementando impuestos (hoy o mañana si se recurre a engrosar el déficit y la deuda pública) o bien recortando el gasto público estatal. Hay apenas margen para aumentar el déficit y la deuda pública y ninguno para recortar apreciablemente el gasto público estatal. En cuanto a la subida impositiva, los impuestos directos son tan elevados que un aumento de los mismos apenas fomentaría los ingresos públicos y, de hecho podría incluso reducirlos. Sobre todo, teniendo en cuenta que de la subida del IRPF, el impuesto directo que más recauda, estarían excluidos los ingresos por dicho impuesto recaudados en Cataluña. La única salida, por tanto, sería una subida intensa del IVA y del resto de impuestos indirectos.
En lo concerniente a la caída de los ingresos de las CCAA, es también de imposible compensación. Es imposible que las dos únicas comunidades restantes con capacidad redistributiva, Madrid y Baleares, contribuyan aún más de lo que lo hacen a la solidaridad interterritorial. Queda, por tanto, sólo una posibilidad: aumentar las transferencias del Estado central a las comunidades de menor renta, lo que nos retrotrae a lo dicho anteriormente. El peso sobre las finanzas del Estado central sería de tal envergadura que no podría afrontar la pérdida de ingresos por un lado u la compensación de las autonomías de menor renta por otro.
Impuestos a las empresas y a los ricos'
Al final, el resultado más probable de instaurar el concierto catalán seria un aumento de impuestos indirectos y directos (a las empresas y a los “ricos”, no tanto para recaudar sino para ganarse el apoyo de las izquierdas) que serían insuficientes para generar los ingresos públicos requeridos tanto para evitar la ampliación del déficit y la deuda publica como para mantener el nivel actual de prestaciones sociales en las CCAA de menor renta. Incluso aunque se mantuviera el nivel de prestaciones actuales, lo que únicamente seria posible mediante subidas intensas de los impuestos indirectos (o del déficit público, pero esto sería insostenible mantenerlo por mucho tiempo), la financiación de todas las comunidades del régimen común sería muy inferior a la verdaderamente singularmente extraordinaria financiación que obtendría Cataluña a través del concierto.
Claro que para que el concierto catalán sea posible hay que modificar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y reformar la Constitución extirpando todas las referencias a la igualdad de los españoles, en particular aquellas que especifican su derecho a recibir iguales prestaciones de bienestar social con independencia del territorio nacional donde residan.
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Buen artículo. En resumen: o el gobierno de España tiene que reducir sus políticas propias, sean del tipo que sean, o las comunidades pobres reducir los servicios que prestan a los ciudadanos, o los dos gobiernos, el de España y los de las comunidades, subir sus impuestos. En cualquier caso: la gente que se dice de izquierda tiene poco a lo que agarrarse para defender el concierto con Cataluña. Aunque esto es de cajón, esa gente de izquierda no termina de enterarse...
De verdad, lo que está pasando es de país de locos. Vamos a desguazar la Hacienda para que sea más facil el fraude fiscal? Vamos a desguazar la Hacienda para contentar a los independentistas que son nuestros enemigos? Vamos a desguazar la Hacienda para que la región rica reciba más y la región pobre reciba menos? Vamos a desguazar la Hacienda para colocar al Estado es una posición de debilidad en el próximo proceso?
Lo normal sería extender el sistema vasco navarro de cupo deficitario a todas las Comunidades Autónomas y ya está.
El gobierno puede seguir pidiendo prestado al BCE los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado del bienestar español o , mejor, del bienestar en el Estado español (Falcon, una Presidencia del Gobierno con más altos cargos que el Ministerio de Hacienda; 3,1millones de empleados públicos; 11,8 millones de pensiones (9,7 de la Seguridad Social y 2,1 de Clases pasivas); 17 CC.AA, 9.000 Entidades Locales, y decenas de miles de entes y empresas públicas.
La solidaridad europea y mundial no pueden fallar para que una sociedad democrática avanzada como la española prosiga su peculiar singladura.
Como garantía y para mantener a raya a los españoles, cuenta el Estado con 260.000 policías y 133.000 militares.
Buenísimo post. Es la tragicomedia política española en la recta final del Régimen del 78.
Entre el bla, bla, bla de unos y otros, existente en estos momentos , se escapa lo más importante: LA BILATERALIDAD
No se debe aceptar nada que se acuerde o pacte fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todo lo que no sea acordado y aprobado formalmente, con publicidad y transparencia, en dicho Consejo, debe ser rechazado.
Seguir el procedimiento es fundamental en una cuestión que afecta directamente a la Constitución. Es fundamental fijar el debate en esta cuestión, además de las consecuencias que pueda conllevar ese acuerdo (concierto) adoptado fuera de los cauces constitucionales.
Es imposible hallar argumentos para el debate, si no sabemos lo que se está cociendo sobre el nuevo sistema de financiación, porque todo se hace entre dos y en secreto. Como hacen los “trileros”.
El problema es la "bilateralidad", estúpido ....!
Al PP, en este tema, hay que exigirle unidad de acción, unidad en la interlocución con Moncloa y nada de entrar en sistemas de financiación, salvo en debate de Estado, porque es una cuestión de Estado. Un poco de indiferencia hacia Ayuso no vendría mal.
Feijoo está a favor de la bilateralidad, pues es un nacionalista irredento peneuvista de espíritu y de acción en su Taifa local. De momento, va a permitir que la serpiente de Moncloa enseñe la manzana a todos sus barones. Pero ya sabemos de qué pie cojean todos. Y en cualquier caso, si yo fuese catalán apoyaría el concierto, pues los vascos, gracias al tiro en la nuca, lo disfrutan ampliamente. Que se mantenga “lo foral” en el País Vasco y en las regiones del antiguo Reino de Aragón no, por la decisión de un Borbon absolutista, no tiene ninguna lógica. Pero muestra claramente que España es en el fondo un Estado fallido.