Durante la Gran Recesión, abrumados por la necesidad de intervenir, muchos gobiernos reorganizaron sus sistemas bancarios a golpe de fusiones, absorciones y liquidaciones controladas. Algunos casos fueron sonoros, como los de The Royal Bank of Scotland en Reino Unido, Fannie Mae y Freddie Mac en Estados Unidos, y aunque ni fue el primero ni el único, Bankia en España. Aunque las estrategias seguidas por los diferentes gobiernos fueron diversas, en general, y para muchos casos, se optó por la nacionalización de las entidades bajo la excusa de que todas ellas eran “demasiado grandes para caer”. De nuevo, se procedía a socializar pérdidas cuando el riesgo “sistémico" era considerado excesivo y elevado. La razón, evitar males mayores. En el caso español, esta intervención con la consiguiente reforma del sector bancario, se saldó con la práctica desaparición de las cajas de ahorro además de fuertes ajustes tanto en las plantillas como en el negocio bancario español.
El fuerte endeudamiento de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, a inicios de la Gran Recesión, las hizo muy vulnerables a los procesos de reestructuración
El fuerte endeudamiento de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, a inicios de la Gran Recesión, las hizo muy vulnerables a los procesos de reestructuración. Los costes de la reconversión bancaria fueron enormes y van mucho más allá de la factura pagada por las Administraciones Públicas. La pérdida de empleo, no sólo en el sector bancario, sino en otros muchos sectores, fue considerable. En un estudio de 2014, los profesores Samuel Bentolila, Marcel Jansen, Gabriel Jiménez y Sonia Ruano estimaron el efecto que sobre el empleo tuvo la reestructuración bancaria tanto por la necesidad de rescate, como por la sobre-reacción al riesgo y por el cumplimiento de las nuevas normativas que sobre solvencia empezaban a imponer tanto el propio Banco de España, como el BCE y Basilea III. El fuerte endeudamiento de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, a inicios de la Gran Recesión, las hizo muy vulnerables a los procesos de reestructuración siguientes y que llegarían nada más iniciada la contracción. Para ello, utilizando datos de más de 217.000 empresas no financieras españolas y 230 entidades bancarias, y la información de los préstamos y líneas de crédito que dichas empresas tenían con estas entidades, los autores de este estudio identifican el efecto que la reconversión tuvo tanto en las propias empresas como en el empleo de las mismas. Resumiendo en extremo, Bentolila y sus colegas estiman que la intervención y reestructuración de las cajas de ahorro, a las que ellos llaman “entidades débiles” para diferenciarlas de los bancos, destruyó entre el 3 y el 13,5% más de empleo en empresas fuertemente vinculadas a las mismas comparadas con aquellas empresas cuyas relaciones financieras se establecían de un modo más diversificado con entidades bancarias no “débiles”. Según estos autores, hasta el 36% del empleo destruido entre 2006 y 2010 pudo deberse a los ajustes en estas entidades. Como el trabajo finaliza con datos de principios de 2011, podemos extrapolar esta conclusión y presuponer que los ajustes acaecidos desde 2012 no tuvieron más alentadores efectos.
Pero en esta legislatura, como en la anterior, el coste de la intervención no fue sólo económico, sino además social. En particular, y para el caso español, los rescates público-privados de las cajas de ahorro motivó una reacción social intensa, en parte alimentada por las imágenes “retransmitidas” en directo de ejecuciones hipotecarias y de familias desesperadas que no entendían cómo se rescataba un banco pero no a ellos. Esto se sumó, pues, a unos costes ya de por sí intensos y por lo tanto mucho más elevados de lo que los meros números puedan transmitir. La pregunta que debemos hacernos, y justamente ahora que estamos en campaña electoral, es si tanto el regulador como el poder ejecutivo y legislativo pueden llevar a cabo reformas adecuadas que en lo posible eviten en el futuro situaciones similares. La respuesta es, desde luego, afirmativa; aunque como siempre, con muchos matices.
La burbuja fue favorecida por un sistema bancario dual, con bancos comerciales y cajas de ahorro, y por una regulación que facilitó el endeudamiento
Tal burbuja inmobiliaria fue consecuencia de innumerables excesos y sus causas son complejas, algunas idiosincrásicas y otras no. En lo que respecta a nuestra “responsabilidad”, la burbuja fue favorecida, en primer lugar, por un sistema bancario dual, con bancos comerciales y cajas de ahorro, teniendo éstas últimas un “peculiar” sistema de incentivos que llevó a una expansión sin parangón del crédito. En segundo lugar, por una regulación que favoreció el endeudamiento. En lo que respecta a esta segunda causa, es responsabilidad del próximo Ejecutivo la propuesta de reformas que introduzcan cierta racionalidad en el funcionamiento del canal crediticio de nuestro país, y que en consecuencia “minimicen” la necesidad de intervenir entidades financieras.
El principal incentivo al endeudamiento fue la existencia de unos tipos de interés excepcionalmente bajos y que, aunque en parte pueda explicarse por la laxitud de la política monetaria del momento, también se debió al bajo riesgo implícito. La razón, de nuevo, la posibilidad de rescates públicos de las entidades bancarias, y en segundo lugar, el relativamente bajo coste esperado de los impagos.
Así, y como muestra este estudio del Banco de España, extendido por Marco Celentani, J. Ignacio Conde-Ruiz y Fernando Gómez (aquí y aquí), tanto la relativa rapidez con la que se producen en España las ejecuciones hipotecarias en comparación con otros países (lo que implica un menor coste para los bancos), así como de nuevo la promesa implícita del rescate público (socialización de pérdidas), permiten repercutir a los prestatarios tipos de interés inusualmente bajos, incentivando por ello elevados niveles de endeudamiento. Sin embargo, este estudio descarta otras razones tradicionalmente señaladas como posibles causas del fuerte endeudamiento español, como son las desgravaciones fiscales o, por ejemplo, el ratio del préstamo sobre el valor del bien hipotecado.
Los efectos finales de este cóctel de incentivos son conocidos por todos. Y para evitar que se repitan en el futuro, varias son las propuestas que deberían hacerse al nuevo ejecutivo que surja de las urnas el próximo 20D. En primer lugar, finalizar cuanto antes el proceso de reconversión bancario para restablecer el crédito. En segundo lugar, elevar (discriminar en función de las probabilidades de impago) el coste de una ejecución hipotecaria, para redistribuir más eficientemente el riesgo y los costes individuales y sociales del impago. En este sentido, propuestas como la Ley de Segunda Oportunidad así como la dación en pago (no retroactivo) podrían ser interesantes, ya que haría más transparente la transferencia de riesgos entre el deudor y el acreedor, que es el banco. Y en tercer lugar, y para evitar al máximo posible situaciones indeseables, reducir el analfabetismo financiero, y cuyos efectos son notorios tanto en el crecimiento como en la desigualdad (aquí).
Es necesario más bien una reconsideración en las relaciones entre los bancos y los individuos
En conclusión, es necesario llevar a cabo una amplia reforma del sistema bancario español, pero no a nivel de entidades, cuyo proceso parece estar llegando a su fin y cuyos costes, no solo monetarios, han sido poco valorados. Es necesario más bien una reconsideración en las relaciones entre los bancos y los individuos, no para humanizar a los primeros, son bancos, y deben defender su negocio, sino para que esta relación se enmarque en un entorno más eficiente para ambas partes.
