José Ignacio Wert es un hombre con suerte. Tras su tormentoso paso por el Ministerio de Educación, donde se ennovió con su secretaria de Estado y actual esposa, Monserrat Gomendio, el presidente del Gobierno le premió con el nombramiento como embajador español en París ante la OCDE, para que así pudiera acompañar en la capital gala a su pareja, que meses antes había salido escopetada del ministerio para emplearse también en la OCDE, qué casualidad, como “secretaria general adjunta de Educación”. Los dos máximos responsables de la educación, es un decir, española, viven ahora su idilio en la ribera del Sena con cargo al Presupuesto (220.000 euros brutos año para Wert), en uno de esos episodios que ha devorado la oposición y ha llenado de oprobio a gran parte de la militancia del propio PP, que nunca entendió las razones de tan absurda cacicada. Esta semana, su protector dio un paso más impidiendo la comparecencia del parisino en el Parlamento para dar explicaciones del salto a la OCDE. Ya no tendrá que ponerse colorado. Y, ¿qué ha hecho este hombre para merecer tan altas mercedes? Parir una Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que ni siquiera consensuó con la gente –mucha y muy valiosa- que dentro PP sabe de la materia, y dejar después la ley en la estacada. Ha huido a París, dejando la plasta en Madrid.
Sin tiempo para arreglar la situación, puesto que la legislatura camina inexorablemente hacia su final, el nuevo ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, presidió el pasado 13 de agosto su primera Conferencia Sectorial de Educación, el órgano de cooperación que reúne a los consejeros de las distintas CC.AA., para anunciarles una decisión que resume muy bien el fracaso de este Gobierno de mayoría absoluta a la hora de abordar un problema tan grave, tan viejo, tan profundo, como es el de la Educación en España: se ha cargado las reválidas, que eran el elemento distintivo, la estrella polar de una ley destinada a homogeneizar en lo posible los niveles educativos de los jóvenes españoles por encima de las fronteras autonómicas. Ya no se harán las dos previstas en la LOMCE, al finalizar la ESO y el bachillerato. A tomar por saco las reválidas. Viva el aprobado general. Se entiende el entusiasmo con que los consejeros de Educación de las distintas CC.AA. han acogido la decisión. Aplaudiendo con las orejas. Esta vez no será necesaria la llegada a Moncloa de un nuevo Zapatero para cepillarse una Ley de Educación del PP. Ha sido el propio Gobierno Rajoy el que ha decidido evitar ese engorroso trámite a su sucesor en el Poder mediante el método de podar la ley de sus aspectos más descollantes.
La armonización de un sistema escasamente vertebrador como el español debería constituirse en preocupación esencial de cualquier ministro de Educación
Al hablar de “reválida” nos estamos refiriendo a la realización de un examen final externo –es decir, evaluado por personal docente no perteneciente al centro donde el alumno ha cursado estudios- y con carácter nacional, cuya aprobación resulta imprescindible para obtener un título, para acceder a una etapa de estudios superior, o para ambas cosas a la vez. Se trata de una prueba que se realiza en la mayoría de los países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Holanda, entre otros) al finalizar cada etapa educativa, y que tiene un fuerte impacto en las decisiones académicas adoptadas por los estudiantes. Con la Educación transferida a las CC.AA. –fue precisamente Mariano Rajoy quien, como ministro de la cosa durante el primer Gobierno Aznar, aceleró y concluyó todas las transferencias educativas, para las que no había plazos fijados en la Constitución-, la armonización de un sistema educativo escasamente vertebrador como el español debería constituirse en preocupación esencial de cualquier ministro de Educación, por no hablar de los Consejeros autonómicos del ramo.
Para quienes, dentro de la comunidad educativa del PP, han criticado con extrema dureza el ordeno y mando de la pareja Wert-Gomendio, las reválidas podían suponer ese elemental broche armonizador que nuestro sistema educativo está pidiendo a gritos. Como era de esperar, los “amigos” de España se revolvieron contra ellas cual gato panza arriba. El portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Martí Barberà, calificó la LOMCE de “regresión democrática” y de “ir contra la voluntad mayoritaria del pueblo catalán y de su modelo de escuela inclusiva y de inmersión lingüística”. Para Barberá, con todo, lo peor era que la ley “responde a la única obsesión real de Wert que no es otra que la voluntad de recentralizar competencias de las Comunidades Autónomas”. Ahí le duele. Su colega del PNV, Cristina Uriarte, apuntó a las reválidas como “lo más perjudicial de la LOMCE”. Cualquier Ejecutivo, más aún con mayoría absoluta, hubiera ido adelante con ellas –la pareja Wert-Gomendio tenía pavor a hablar de “reválidas”, enmascarando el término bajo el eufemismo de “pruebas”- teniendo en cuenta el desolador panorama competencial que le resta al Gobierno central a cuenta de las transferencias.
Las reválidas como elemento vertebrador
Porque resulta que la LOMCE agudiza aún más ese desequilibrio al otorgar un amplísimo margen de autonomía no sólo para las CC.AA. sino también para los centros docentes, de manera que el Gobierno sólo tiene competencias sobre el 50% de las asignaturas denominadas troncales -entre 5 ó 6, teniendo en cuenta que los alumnos estudian un mínimo de 9 y un máximo de 12, dependiendo del curso de que se trate- y sobre las pruebas –dos, sin efectos académicos, al finalizar tercero y sexto de Educación Primaria- y reválidas –otras dos, al finalizar la ESO y el Bachillerato-. Las CC.AA. y centros docentes “gobiernan” todo lo demás: el resto de contenidos de las troncales, las asignaturas específicas, las de libre configuración autonómica, los métodos pedagógicos y didácticos, los horarios lectivos de troncales y del resto de asignaturas, su parte correspondiente en las pruebas de cada etapa y, por supuesto, todo el amplio resto que compete a organización, planificación, recursos humanos, etc.
Las reválidas estaban llamadas a funcionar como elemento común de homologación y rendición de cuentas, se estudie lo que se estudie en cualquier punto de España
Tan peculiar, por asimétrica, distribución de competencias por parte de la LOMCE tenía dos pilares únicos de vertebración y homologación o, lo que es lo mismo, de “normalización de los estándares de titulación en toda España (…) asegurando una formación común y garantizando la validez de los títulos correspondientes”, dos pilares concretados en ese escaso 50% de asignaturas troncales, de entrada, y en las “reválidas”, de salida. De hecho, las reválidas estaban llamadas a funcionar como elemento común de homologación y rendición de cuentas, estudien lo que estudien los estudiantes en cualquier punto de España y sea cual sea la combinación de las asignaturas que se elijan, escogidas, por cierto, por la parejita parisina entre la jungla de las propuestas por la Ley y colocadas en ella sin ninguna jerarquía de valores capaces de representar las señas de identidad histórica, cultural, social y/o política de España, sino más bien con desgana o galbana.
Como la ley ha sido elaborada sin contar siquiera con el propio partido del Gobierno (una de las polémicas que estallaron en el seno del PP tuvo que ver con el arrinconamiento sufrido por las “humanidades”, se supone que tradicional bastión de un partido de centro derecha de tradición cristiana), sino más bien de forma autoritaria y chulesca, como corresponde a la psicología de Wert, nadie en el Partido o en el Gobierno ha defendido la LOMCE con un mínimo de convicción. El nuevo responsable de la cosa, encantado de haberse conocido (“Pero, Íñigo, ¿cómo se te ocurre aceptar eso cuando a la Legislatura le queda cuarto de hora?” “Bueno, sí, es verdad, pero mira, dentro de unos meses podré decir que he sido ministro”), no está dispuesto a inmolarse en la pira educativa española, y ha cedido rápida y alegremente las “reválidas” a la oposición, que de este modo pasarán a mejor vida, ello cuando España se enfrenta a una amenaza tan real como preocupante de desvertebración educativa, lo que equivale a decir de desvertebración de país.
Un Gobierno central sin competencias educativas
A tenor de las decisiones adoptadas por Méndez de Vigo este verano, de las tres grandes pruebas nacionales inicialmente previstas en la LOMCE solo se realizará, y ello a expensas de lo que ocurra tras las generales, las de Educación Primaria, que no son propiamente una “reválida” por cuanto solo tiene carácter informativo. Los verdaderos exámenes de ámbito nacional, tal como se entienden en todos los países importantes de la UE, las reválidas en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato, desaparecen. El desastre se consuma. Tras haber roto la LOMCE el consenso, no escrito, sobre las competencias que el Gobierno central se venía atribuyendo en la materia, las denominadas “enseñanzas mínimas” -en realidad, el mínimo común denominador de una educación compartida para todos los alumnos españoles-, nos enfrentamos ahora al pandemónium de 17 sistemas educativos distintos, locura que consagra la decisión de eliminar las reválidas como vía de normalización al finalizar ambos ciclos. El sistema, más abierto que nunca, reserva muy escaso margen competencial para el Gobierno. Y ya hemos visto lo que ha hecho el nacionalismo catalán con la Educación a lo largo de los últimos 30 años: adoctrinar a los alumnos en la desafección y el odio a España.
Que es lo que, mutatis mutandis, también parece querer la izquierda, particularmente la comunista, a quien poco importa una educación de calidad basada en el esfuerzo y la selección natural que impone el talento, empeñada como está en el aprobado general a condición, eso sí, de que el alumno salga de las aulas convertido en un perfecto perroflauta. Lo paradójico de la situación, en el caso improbable de que el próximo Zapatero no se cargue la LOMCE de un plumazo al día siguiente de llegar a La Moncloa, es que una ley auspiciada por un Gobierno en mayoría del PP podría ser la encargada de dar el golpe definitivo a la Educación en España, y ello con una norma más desvertebradora y disruptiva que todas las leyes educativas socialistas aprobadas hasta ahora. Todo un record para el Gobierno Rajoy.
