Hace sólo un mes, a principios de febrero, se las prometían muy felices en Moncloa. Cierto es que poco antes los de Puigdemont les habían tirado a la cara la ley de amnistía en el Congreso, pero eso era un problema menor, la volverían a negociar haciendo nuevas concesiones y se reencauzaría así la relación con sus socios de investidura. El día 18 se celebraban elecciones en Galicia y cabía la posibilidad de que el Partido Popular perdiese la mayoría absoluta. De esa operación de minado de la opinión pública se encargó personalmente José Félix Tezanos desde el CIS. Publicó una encuesta que ponía en aprietos a Núñez Feijóo y hacía las delicias de Pedro Sánchez. Si el PP no conseguía la mayoría absoluta una autonomía tan simbólica para ellos habría un Gobierno de coalición presidido por el BNG con los socialistas de muleta. Victoria doble ya que, por un lado, podían replicar en Santiago de Compostela el equilibrio político que en Madrid mantiene a Sánchez en el poder, y, por otro, dejaría Feijóo tocado de cara a las europeas del mes de junio.

Ese era el plan, pero con Sánchez los planes no siempre salen bien. La doble victoria se tornó en doble derrota para el Gobierno. Alfonso Rueda, el candidato del PP gallego, antiguo vicepresidente y sucesor del propio Feijóo, obtuvo una cómoda mayoría absoluta y, para colmo de males, el PSOE registró su peor resultado histórico en Galicia. Al día siguiente tocaba relativizar el batacazo y mirar hacia adelante con la esperanza puesta en que la amnistía saliese cuanto antes y apuntalar así la legislatura. En eso estaban cuando, sólo tres días después, estalló un escándalo de corrupción cuyo alcance en principio no midieron bien.

La historia, de la que se ha hablado mucho, orbita en torno a una empresa llamada Soluciones de Gestión que se encargó de traer mascarillas de China durante lo más duro del confinamiento. Según se extrae del sumario esta empresa estaba relacionada con Koldo García Izaguirre, asesor muy personal de José Luis Ábalos. Koldo García fue quien se encargó de promocionar a esta empresa en administraciones gobernadas por el PSOE, entre ellas de la de Baleares, presidida por Francina Armengol desde 2015. Su Gobierno hizo un pedido de mascarillas a Soluciones de Gestión valorado en 3,7 millones de euros. Primera sospecha, una cantidad ciertamente abultada para un proveedor del que nadie sabía nada, que apenas tenía empleados, que carecía de experiencia en el negocio de importación de material sanitario y cuya única referencia provenía del ministerio de Ábalos.

El informe sobre los problemas que presentaban las mascarillas y la razón por la que habían sido apartadas se ocultó a cuatro instancias distintas

Pero el asunto se complicó. Al parecer Soluciones de gestión entregó las mascarillas, pero no se correspondían con las que se habían pedido, eran falsas mascarillas FFP2 inservibles para su uso en los hospitales, algo que detectaron los técnicos nada más llegar a Palma de Mallorca. El Gobierno autonómico decidió entonces trasladarlas a un almacén, pero no exigió el reintegro del pago hasta tres años más tarde, unas horas antes de que Armengol abandonase la presidencia porque había perdido las elecciones del 28 de mayo. El informe sobre los problemas que presentaban las mascarillas y la razón por la que habían sido apartadas se ocultó a cuatro instancias distintas: los servicios de Intervención, la Guardia Civil, la oficina anticorrupción y la Unión Europea, a quien habían endosado el gasto justificándolo como medida de emergencia. Una irregularidad tras otra que Armengol y el PSOE quieren pasar ahora como simples casualidades, quizá demasiadas.

Tampoco dan una explicación, no ya convincente, ni siquiera sensata de por qué escogieron a ese proveedor tan extraño. Armengol ha cargado en los técnicos de IB Salud la responsabilidad. Vano intento de trasladar la culpa porque un técnico de una consejería de Sanidad puede hacer una recomendación, pero nunca decidir qué material debe adquirirse y, sobre todo, a quien hacerlo. Esto sólo corresponde al Gobierno, que es quien va a realizar el pago. Pero, aun dando por bueno que, como dijo Armengol en su comparecencia, estaban muy ocupados en aquel momento y delegaron ciertas decisiones a los técnicos, debe aún explicar por qué esas mascarillas acabaron en un almacén y no devueltas al proveedor.

Ahí ya no hablaríamos de descuido o de falta de celo, sino de tráfico de influencias y de malversación. Dios no quiera que también tengamos que hablar de cohecho si la cosa se sigue enredando.

No estaría de más que detallase las razones por las que tardó tres años en reclamar el reintegro. Según ella, poco importa que eso se haga tres días o tres años después. Pero si, sí que importa, más aún cuando se está manejando dinero de los contribuyentes. Aunque quizá por eso mismo, porque el dinero era de los contribuyentes olvidó aquella factura. A fin de cuentas, no se lo iban a reclamar. Es bien sabido que los políticos tienen muy interiorizado que, como dijo Carmen Calvo hace años, el dinero público no es de nadie y, por lo tanto, nadie se puede quejar. Eso es una posibilidad, mala sin duda, pero la otra es peor todavía, es que alguien (¿Koldo García?, ¿José Luis Ábalos, quizá?) presionase desde Madrid para que ese dinero no se reclamase. Eso mismo es lo que sospecha la Fiscalía y lo que, de una manera u otra, podría terminar demostrándose. Ahí ya no hablaríamos de descuido o de falta de celo, sino de tráfico de influencias y de malversación. Dios no quiera que también tengamos que hablar de cohecho si la cosa se sigue enredando.

Queda también pendiente de aclaración por qué el Gobierno de Armengol ocultó de forma tan sibilina que Soluciones de Gestión había entregado un material defectuoso a tantas instancias diferentes, y por qué, a pesar de que sabía que esas mascarillas no eran válidas endosó la factura a la Unión Europea para que en la Unión Europea la cargasen a los fondos Feder. Como es obvio, esto no ha pasado desapercibido en Bruselas. Dos organismos comunitarios están investigando: la oficina europea de lucha contra el fraude, más conocida por sus siglas OLAF, y la Fiscalía europea o EPPO, cuya misión expresa es investigar los delitos que atentan contra los intereses financieros y el presupuesto de la UE. La primera tiene su sede en Bruselas, la segunda en Luxemburgo. Hasta allí no llegan los tentáculos del sanchismo. Pueden apelar al “lawfare” y decir, como hacen sus socios en España, que jueces y fiscales forman parte de una conspiración de la extrema derecha, pero eso empeoraría las cosas.

Inaudito sectarismo

Con todo lo que hoy tenemos sobre la mesa, la posición de Francina Armengol es insostenible y si sigue ahí es por lo mucho que Sánchez depende de ella. Le debe el puesto a los independentistas catalanes, que sugirieron su nombre cuando se conformó la mesa de Congreso en agosto. Ella misma es, a pesar de militar en el PSOE desde la adolescencia y por motivos familiares (su padre fue alcalde socialista de Inca), una convencida nacionalista indistinguible en sus postulados de los diputados de ERC o de Junts. Fue elegida presidenta de las Cortes con unas instrucciones muy concretas: facilitar desde la mesa del Congreso los trámites para la aprobación de la ley de amnistía. Eso lo ha hecho con un celo encomiable, nada que ver con la desidia que mostró con las mascarillas durante la pandemia. Ha superado incluso las esperanzas que habían depositado en ella revelando a todo el país un inaudito sectarismo que ha superado con mucho el que estilaba su predecesora, la también socialista Meritxell Batet.

Pero es que con Armengol llueve sobre mojado. No respondió por el sórdido asunto de las menores tuteladas por el Gobierno balear que se dedicaban a la prostitución. Tampoco se hizo cargo de las responsabilidades políticas derivadas de aquella noche en la que fue sorprendida por la policía a altas horas de la madrugada de copas en un pub de Palma violando el toque de queda que ella misma había decretado. Recordemos que una historia parecida hizo caer en septiembre de 2022 al Gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido. Tras aquello volvió a presentarse a las elecciones, las perdió y Sánchez la repescó en las listas para las generales.

Armengol era un activo demasiado importante para el PSOE sanchista como para desperdiciarlo en la oposición de una autonomía de segundo nivel. Esa es la razón por la que aguantará todo lo posible encomendándose a que el tema se olvide cuanto antes. Pero esta vez se trata de algo gordo que se investiga tanto en la Audiencia Nacional como en Luxemburgo. Por más que le pese está en el punto de mira, pero por ahora no puede ser sacrificada. Llegado el momento y si de ello depende la permanencia de Sánchez en la Moncloa, no le temblará el pulso y entregará a su servicial Armengol. Esto funciona así y ella debería saberlo mejor que nadie.

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