Opinión

Celaá al Vaticano: Sánchez declara la guerra política a la Santa Sede

Con media España en carretera y bajo el manto de la nieve -que apacigua los sonidos hasta ocultar las estridencias-, Pedro Sánchez lanzó ayer al Vaticano un desafío de consecuencias

  • Isabel Celaá, ex ministra de Educación

Con media España en carretera y bajo el manto de la nieve -que apacigua los sonidos hasta ocultar las estridencias-, Pedro Sánchez lanzó ayer al Vaticano un desafío de consecuencias imprevisibles. El presidente premió con la Embajada ante la Santa Sede a la artífice del mayor ataque hasta la fecha a la escuela concertada en España, la exministra de Educación, Isabel Celaá, nombrada, por decisión personal del líder del Ejecutivo, nueva embajadora en el Vaticano seis meses después de su salida del Gobierno. La creadora de la polémica LOMLOE, la ley que levantó en armas a decenas de entidades del ámbito educativo porque relega la Religión a la categoría de "asignatura optativa" sin ofrecer ninguna alternativa y elimina el concepto de demanda social en la planificación escolar, deberá abordar ahora la aplicación de su propia reforma mientras recorre los pasillos del Vaticano.

No es el único asunto farragoso en su agenda. Si obtiene el plácet de la Santa Sede, Celaá negociará el pago del IBI por los inmuebles que no se dedican al culto o el destino de los 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia. También la posibilidad de que el Papa Francisco realice su primer viaje a España el próximo año, una visita que se antoja más lejana tras un nombramiento que el Gobierno ha presentado como un gesto de acercamiento con el argumento -simplista hasta el ridículo- de que Celaá es católica practicante.

El Vaticano, como es habitual ante un desprecio diplomático, ha respondido con silencio al desafío, que a sus ojos sigue la estela de la Ley Celaá o la legalización de la eutanasia. La Santa Sede no replicará -nunca lo hace- pero ello no significa que no haya tomado nota. Las alarmas se han encendido en el Vaticano tras una maniobra que marca sin ambages la hoja de ruta de las futuras relaciones con el Gobierno español y envía un mensaje subliminal inequívoco: "Aquí ya no tenéis poder". Mientras, sorprende, por su docilidad, la reacción de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos han mostrado su "sorpresa" por la decisión, pero se limitan a criticar el hecho de que la propuesta se haya hecho pública antes de que el Vaticano otorgue el correspondiente plácet a la propuesta del Ejecutivo. Es decir, condenan que se siga el procedimiento usual.

Así, en pleno invierno del descontento, con las fuerzas de seguridad, los transportistas o el sector primario en pie de guerra contra el Gobierno, Sánchez abre un nuevo frente de batalla: el de los católicos. Un 59,8% de la población española, según el CIS. El porcentaje oculta una realidad inherente a este tipo de encuestas: muchos de quienes se definen como católicos no son practicantes. Ello no quiere decir que vayan a aceptar de buen grado un nombramiento difícil de justificar. Como advirtió en su día a sus compañeros de filas otro embajador socialista ante la Santa Sede, la influencia interior de la Iglesia en la sociedad española es todavía considerable. Francisco Vázquez, representante del Gobierno en el Vaticano entre 2006 y 2011, tenía una máxima política: un partido como el PSOE no debe enfrentarse con los creyentes. No parece que Sánchez recuerde su consejo.

Hay quienes definen el nombramiento de Celaá como un desafío sin precedentes a la Santa Sede. Olvidan el precedente de Gonzalo Puente Ojea, embajador en el Vaticano de Felipe González entre 1985 y 1987. Puente Ojea era un intelectual ateo especialmente militante que desarrolló una suerte de 'ideologia del ateismo', cuyo objetivo no era otro que impugnar con datos históricos muchas de las afirmaciones de la Iglesia. Un tipo especialmente hiriente desde el punto de vista de la Santa Sede porque ponía el foco en las contradicciones de la doctrina.

Salvando la distancia ideológica entre los personajes, con el nombramiento de Celaá se avecina una nueva etapa de turbulencias en la relación con el Vaticano, y por ende con los católicos españoles. Todo cuando figuras prominentes del Gobierno de Sánchez, como la fulgurante ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incluyen en sus futuros proyectos a políticas de religión musulmana que usan el hiyab, el velo islámico. Una prenda, dicen, que es "un símbolo de libertad". Nadie que conozca la evolución del islam en los últimos años puede defender semejante afirmación. En las últimas décadas el tradicional islam suní moderado ha perdido terreno ante versiones más rigoristas -e invasoras de la esfera privada- del islam, marcadas por la influencia del wahabismo, raíz de todos los movimientos fundamentalistas y corriente inspiradora del reino saudí. Arabia Saudí ha sido el gran exportador de esta corriente a las comunidades islámicas afincadas en Europa, a base de grandes mezquitas erigidas con fondos saudíes. En España abundan los ejemplos. Hace tiempo que la inmensa mayoría del islam es político, y por lo tanto, contrario a la libertad individual. Mientras tanto, en pos de la diversidad y en defensa de la libertad religiosa, Sánchez y los suyos parecen tener el foco en otras batallas.

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