En su monumental libro Ley y Opinión Pública, A.V. Dicey distinguía entre la tendencia de la legislación por un lado y la de la opinión por otro. Y la primera es el resultado de las ideas asumidas de manera entusiasta o resignada por la mayoría de los individuos de una sociedad. En las democracias, el proceso a través del cual se llega a esa situación es lento, acumulativo y no siempre son perceptibles a priori las consecuencias finales de esa dinámica, lo que no genera una oposición frontal de sus potenciales críticos. Pero pasado el tiempo, se acaba por configurar un paradigma dominante conforme al cual los gobiernos diseñan y ejecutan sus políticas sea cual sea su teórico ideario.
En España, se ha producido una progresiva evolución hacia el colectivismo, acelerada desde el acceso al poder de la actual coalición social comunista. Pero, incluso, si se produjese un cambio de gobierno, lo cual no es en absoluto seguro, el resultado podría ser, como sucedió entre 2012 y 2018: el mantenimiento de un orden político, social y económico colectivista, eso sí, corregido de sus excesos. Los partidos situados a la derecha de este Gobierno no parecen sostener una filosofía nítidamente diferente y se han contagiado del aire intelectual que respiran. Da la sensación de que aspiran a paliar los más perniciosos efectos de la gestión de la izquierda.
Esto no hace irrelevante qué partido gane unas elecciones y quién gobierne. Al menos existe una diferencia de grado, si no de tipo, entre las formaciones políticas españolas a derecha e izquierda y, si ésta algún día pierde el poder, existe la esperanza y se abrirá la oportunidad de imprimir un rumbo diferente a la política española. Aunque muchos o algunos piensen lo contrario, España se encuentra en uno de esos momentos en los cuales las "corrientes cruzadas" de la opinión pública, en terminología de Dicey, están en su máximo; esto es, la opinión que subyace en la sociedad española es confusa, vaga y caótica. Y este escenario crea las condiciones adecuadas para plantear una alternativa de ruptura con el colectivismo en la Vieja Piel de Toro.
El liberalismo, como ocurrió en el mundo desarrollado en los años 80 y 90 del siglo pasado, es la única alternativa capaz de hacer frente a los reaccionarios de la izquierda y de la derecha
Esa afirmación puede ser tildada de voluntarista por quienes consideran inamovible el actual estado de cosas e invulnerable el edificio colectivista erigido por la izquierda gobernante. Por tanto, sería utópica y estaría condenada al fracaso la construcción de una alternativa de cambio real. Sin embargo, la polarización existente en España refleja la ruptura social del statu quo que ha dominado la escena durante, al menos, las últimas dos décadas. El colectivismo vegetariano, la socialdemocracia, ha muerto de éxito. Ha sido abandonado por una izquierda radical y es rechazado por una derecha cañí. Si la oferta de ambas es inadecuada para abordar los desafíos presentes y futuros de España, su coincidencia en el agotamiento del modelo socialdemócrata es un diagnóstico acertado.
En este contexto, el liberalismo, como ocurrió en el mundo desarrollado en los años 80 y 90 del siglo pasado, es la única alternativa capaz de hacer frente a los reaccionarios de la izquierda y de la derecha. Los primeros están destruyendo las instituciones de la democracia liberal y las bases de la prosperidad económica de España; la segunda recoge la desesperación y la frustración de un sector de la población ante la política gubernamental, la desconfianza hacia el principal partido de la oposición, pero carece del proyecto constructivo y modernizador que esta Vieja Piel de Toro necesita.
Sin duda cabe descalificar a la izquierda gobernante con múltiples y justificados argumentos y, en concreto, por su programa de demolición de las instituciones básicas de una sociedad abierta. Dicho esto, la mayoría de los fines que dice perseguir (mejorar el bienestar de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables etc. etc. etc.) no son el problema. Su principal y crónico defecto son los medios empleados para alcanzarlos; esto es la atribución al Estado de un poder cada vez mayor sobre la economía y sobre los individuos, el uso de la coerción estatal cuyo resultado inevitable es la destrucción de la del motor de la prosperidad, el capitalismo, y la reducción de la libertad individual. Y España está inmersa en esta peligrosa senda.
No basta con sacar a la izquierda del Gobierno, sino frenar e invertir el camino andado por España desde 2004
Guste o no, a día de hoy, probablemente de mañana y nadie sabe qué ocurrirá pasado mañana, la única opción con posibilidades reales de expulsar a la izquierda carnívora del poder es el Partido Popular. Y la inquietante coyuntura española no ha de afrontarse apelando a una mejor gestión del statu quo, porque es malo y, además, insostenible. Es preciso articular una oferta de mayor calado que ofrezca un cambio sustancial. No basta con sacar a la izquierda del Gobierno, sino frenar e invertir el camino andado por España desde 2004. La experiencia del período 2012-2018 es una lección de qué sucede cuando se acepta el núcleo central de la herencia recibida de la izquierda; la Era Aznar mostró que era posible un discurso y una política diferentes.
Un centro derecha moderno ha de elaborar un proyecto orientado a limitar el poder del Estado para interferir en la vida, en la libertad y en la propiedad de los individuos. Ello implica entre otras cosas, comprometerse a recuperar y fortalecer las instituciones básicas de la democracia liberal y mantener la ley, el orden, hacer cumplir los contratos. Esas funciones esenciales han sido y son incumplidas de manera sistemática por un Gobierno para quien la igual libertad ante la ley ha de ser y merece ser sacrificada en función de sus intereses ideológicos, políticos y electorales.
Un centro derecha moderno ha de establecer un marco dentro del cual florezca la libre competencia y el sistema de precios pueda operar con eficacia. La competencia en los mercados es el mejor instrumento para acabar con los privilegios, para premiar el talento y el esfuerzo, para proteger y mejorar las condiciones de vida de los consumidores, de los trabajadores y, en especial, de los españoles con menor nivel de renta. Todo el mundo, salvo los grupos protegidos por las regulaciones del Gobierno, se beneficia de un orden competitivo.
La experiencia del período 2012-2018 es una lección de qué sucede cuando se acepta el núcleo central de la herencia recibida de la izquierda; la Era Aznar mostró que era posible un discurso y una política diferentes
Un centro derecha moderno ha de sostener una red básica de seguridad que permita el acceso de todos los españoles a una serie de servicios básicos: educación, sanidad etc.etc.etc. Ahora bien, ello no implica la provisión monopolística de aquellos por los poderes públicos. En una sociedad civilizada está justificado ayudar a las personas porque son pobres, no porque pertenezcan a un colectivo determinado. De igual modo, el diseño de las políticas para combatir la pobreza ha de evitar su transformación en un modo de vida permanente, lo que exige temporalidad y condicionalidad en las ayudas. Todo lo expuesto implica realizar una revisión/reforma de los programas del Estado del Bienestar para hacerle más eficiente y porque, además, eso es imprescindible para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Un centro derecha moderno ha de desplegar una estrategia presupuestaria y fiscal destinada a convertir el equilibrio de las cuentas públicas en una regla de oro y recortar el binomio déficit-deuda pública mediante un recorte del gasto público que permita reducir una fiscalidad excesiva penalizadora del trabajo, del ahorro y de la inversión. La carga fiscal soportada por los españoles no sólo mina la creación de riqueza y erosiona su nivel de vida sino reduce su libertad. El tamaño del Estado en España es demasiado grande e ineficiente. Detrae recursos crecientes de las familias y de las empresas. El Estado se ha convertido en el amo en vez de en el súbdito de los ciudadanos.
Un centro derecha moderno ha de elaborar un proyecto orientado a limitar el poder del Estado para interferir en la vida, en la libertad y en la propiedad de los individuos
Un centro derecha moderna ha de rechazar las políticas de discriminación “positiva” no sólo por ser contrarias al principio de igualdad ante la ley sino también por su injusticia e ineficiencia, ya que, por regla general, producen efectos distintos a los esperados. Discriminar en favor de unos es hacerlo en contra de otros. Cuestiones como la conciliación trabajo-familia, la jornada laboral y otras medidas similares no han de ser impuestas desde el Gobierno de manera coercitiva y generalizada. Han de remitirse a la sociedad civil, a las esferas de la autonomía individual y, en su caso, de la negociación colectiva en el ámbito de la empresa cuando incidan sobre ella.
Esta agenda no es por razones obvias exhaustivas y este no es el lugar para emprender esa tarea. El colectivismo carnívoro imperante es una amenaza para la preservación de una sociedad libre en España y para su prosperidad; el vegetariano es un cadáver en putrefacción y, por tanto, asumirle es suicida. Aunque en este ambiente colectivista resulte irritante, conviene recordar esta declaración de Margaret Thatcher: "Permítanme darles mi visión. El derecho de un hombre a trabajar como quiera para gastar lo que gana, a tener propiedades, a tener el Estado como sirviente y no como amo; esta es la esencia de una economía libre. Y de esa libertad dependen todas las demás".
