La evolución que desde el 24 de febrero ha tenido la "operación militar especial" rusa en curso contra Ucrania nos ha mostrado unas cuantas evidencias y, al mismo tiempo, un buen número de incertidumbres. Entre las primeras, parece claro que no nos encontramos ante una intervención militar "relámpago", siguiendo el modelo de Abjasia y Osetia del norte durante el mes de agosto del año 2008. Comparar a Ucrania con Georgia en términos poblacionales, de extensión territorial, capacidades militares, y –en particular- espíritu de resiliencia, ha significado un notable error de cálculo por parte del Kremlin.
Qué decir de las peticiones exprés de adhesión a la OTAN cursadas por parte de Suecia y Finlandia, rompiendo su histórico estatus de neutralidad. Putin ha conseguido un dos por uno en su atribulada e ilegal imposición a Ucrania de mantenerse al margen de la organización militar de carácter regional. Escenario que, por lo demás, constituía una violación flagrante de principios estructurales del Derecho Internacional contemporáneo como el de no injerencia en asuntos de exclusiva jurisdicción interna de los Estados.
Pero es que la fractura que el comportamiento de Moscú y sus acciones contra Ucrania está causando en numerosos ámbitos del ordenamiento jurídico internacional vulnera la esencia de la Carta de Naciones Unidas en aspectos tan esenciales como la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, o el principio de integridad territorial de los Estados. Los derechos humanos están siendo pisoteados con total impunidad; la más que evidente comisión de ilícitos de especial gravedad –crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad- que afectan al Derecho Internacional humanitario y al Derecho de los conflictos armados no son más que las consecuencias del crimen de agresión cometido por Putin y su círculo más próximo, con independencia de las dificultades o imposibilidades que existan de llevarlos ante la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Los derechos humanos están siendo pisoteados con total impunidad; la más que evidente comisión de ilícitos de especial gravedad –crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad- que afectan al Derecho Internacional humanitario y al Derecho de los conflictos armados no son más que las consecuencias del crimen de agresión cometido por Putin y su círculo más próximo
La respuesta mancomunada por parte de la UE -que comparte el vecindario común con Rusia en el que se están perpetrando estas acciones- y las principales potencias occidentales combinando sanciones con ayuda económica y militar ha sido muy diferente a la del año 2014, tras la anexión de Crimea y el inicio del conflicto en la región del Donbás.
En el capítulo de las incertidumbres, la duración temporal de la agresión constituye una de las principales. A pesar de los numerosos mensajes en torno a cómo Rusia se replegaba e iba perdiendo la guerra, se confundían deseos con realidades. El discurso oficial en Occidente ha comenzado a lanzar el mantra de un conflicto largo, aunque asimétrico. Otra de las dudas, conectada con la anterior, se centra en los objetivos reales e irrenunciables de Putin en Ucrania.
La conexión territorial de todo el sur (Donbás, Mariupol, Crimea) con Odesa y Transnistria recrearía el proyecto de Novoróssiya, desconectando la salida de Ucrania al mar Negro. Pero como nunca se han explicitado abiertamente Putin podría finalizar la intervención en cualquier momento reivindicando la consecución de los objetivos inicialmente previstos. Las repercusiones en la economía rusa e internacional (crisis energética, alimentaria, comercial) y su calado también constituyen un motivo de severa duda. Por último, las consecuencias en la política interna rusa y la contestación al régimen, así como la firmeza de sus alianzas internacionales (China, India y espacio post-soviético) tampoco están claras a largo plazo. En cualquier caso, no olvidemos lo esencial: la pérdida de vidas humanas y la terrible diáspora del pueblo ucraniano, auténtica víctima de esta brutalidad.
José Ángel López Jiménez es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE)
