Uno de los conceptos más complejos de la factura eléctrica son los costes fijos del sistema. Su importe total es elevado, su composición está sometida a una gran discrecionalidad por parte del Gobierno y carecen de la transparencia debida. Cuatro cuestiones hay que abordar en su análisis: qué son, a cuánto ascienden, quién los paga y cómo se reparten.
Qué son y cuánto cuestan los costes fijos
Los costes fijos son los que no varían en función del consumo y, por tanto, su reparto entre los consumidores se hace con base a criterios diferentes al gasto individual. Su coste anual, tomando como referencia la media de los últimos cinco años es de 16.400 millones de euros y esto supone aproximadamente un 46% de la facturación total. Vamos, que no es un coste menor.
¿Qué conceptos incluye? Por una parte, encontramos una serie de elementos necesarios para el correcto suministro eléctrico a los usuarios: las redes eléctricas, otros elementos técnicos del sistema -interrumpibilidad, pagos por capacidad y pérdidas- y el coste institucional –operador del mercado (OMIE), operador del sistema (REE-OS) y regulador (CNMC)-. Todos esos gastos están directa y estrechamente vinculados con el hecho de que tengamos electricidad en nuestras casas, comercios y fábricas.
La trampa consiste en que de los 16.400 millones de euros anuales que de media suponen los costes fijos, solo 7.000 millones, un 43%, son costes propios del sistema. Y ¿qué ocurre con los 9.400 millones restantes? Pues todos esos millones se gastan en costes impropios, que son partidas que se cuelgan del recibo de la luz, pero que no están vinculadas con el suministro, sino que corresponden con decisiones de política energética o de cohesión territorial. En particular, diferenciamos el déficit tarifario, el sistema RECORE (Renovales, Cogeneración y Residuos) y los extra-costes de los SNP (Sistemas No Peninsulares).
Los costes impropios del sistema suman 9.400 millones. Son partidas que se cuelgan del recibo de la luz, pero que no están vinculadas con el suministro, sino que corresponden con decisiones de política energética o de cohesión territorial
El déficit tarifario son los pagos anuales a los acreedores que financiaron el déficit de tarifa acumulado desde 2004 hasta 2013; déficit causado esencialmente por las estratosféricas primas pagadas a las renovables. Este concepto asciende anualmente a unos 2.600 millones de euros, un 16% de los costes fijos.
El RECORE es la subvención que reciben las renovables desde 2013, en sustitución del sistema previo de primas. En los últimos cinco años, ha supuesto un desembolso medio anual de 6.200 millones de euros, un 38% de los costes fijos. Cabe destacar que incluso durante el año 2022, en el que el precio de la electricidad alcanzó, de media, los 204 euros por megavatio-hora, esta subvención aun ascendió a 4.100 millones de euros.
Finalmente, los extra-costes de los SNP, por un importe medio de 600 millones de euros anuales, se incluye una subvención del coste eléctrico de las Islas Baleares y Canarias, así como Ceuta y Melilla.
No es lógico ni razonable que todos estos gastos se incluyan en el recibo eléctrico. Y con esto no quiero decir que esté en contra de las renovables o de subvencionar a los territorios no peninsulares por sus sobrecostes. Lo que quiero decir es que no debe hacerse con el recibo de la electricidad. Las medidas de política energética y las medidas de cohesión territorial se deben financiar con los presupuestos generales del estado y quedar sujetos un debate político público y transparente.
Las medidas de política energética y las medidas de cohesión territorial se deben financiar con los presupuestos generales del estado y quedar sujetos un debate político público y transparente
No sé la razón de provocar este agravio comparativo al sector energético, cosa que ya es costumbre, pues lo mismo sucedió con la moratoria nuclear o con el cierre del sector del carbón, por ejemplo. La única razón es querer esconder en el recibo de la luz la financiación de decisiones políticas, dejándolas fuera de los cauces transparentes y democráticos por los que deberían transitar. Y es que no se encuentra fuera del sector energético ningún caso en los que el coste de decisiones de política general o territorial, así como de rescates o reconversiones sectoriales, se repartan entre el resto de consumidores.
¿Se ha repercutido a los clientes bancarios el coste del rescate financiero? ¿Se incrementa el precio de los vehículos con motores de combustión para subvencionar los eléctricos? ¿Se grava el precio de todos los billetes avión para financiar la subvención de los vuelos interinsulares? Por regla general, soy contrario a las subvenciones, pero este agravio comparativo en particular es inaceptable. Nos quejamos del precio de la electricidad y lamentamos la pérdida de competitividad que implica; sin embargo, sería relativamente fácil reducir la factura total en un 24% de media.
Quién lo paga y cómo se reparte
La primera pregunta es fácil de responder: lo pagamos todos los consumidores. Incluso aquellos consumidores del mercado libre que tengan pactado un precio único por kilovatio-hora o una tarifa plana por meses, deben tener claro que esos precios tienen internalizado los costes fijos del sistema. Esencialmente, porque su comercializadora ingresa periódicamente el importe regulado correspondiente en las cuentas del sistema eléctrico que gestiona la CNMC; y es evidente que no se lo van a regalar.
La segunda es algo más complicada. No todos pagamos lo mismo, pues los grandes financiadores de los costes fijos del sistema eléctrico somos los consumidores domésticos; grupo en que incluyo no solo los domicilios particulares, sino también pequeños profesionales y pequeños negocios, cuyo consumo no sea intensivo. Este segmento supone aproximadamente el 30% del total de la energía consumida en el año, sin embargo, hacen frente al 70% de los costes fijos del sistema. Completamos el reparto con las empresas medianas que consumen el 21% de la energía y soportan un 15% de los gastos; y las empresas grandes con el 53% y 16%, respectivamente.
¿Tiene sentido esta distribución desigual? En parte, hay que contestar afirmativamente. Los grandes consumidores requieren infraestructuras proporcionalmente más baratas. Imagínense todo lo que supone la distribución de electricidad, casa por casa y local por local, en una ciudad: cientos de miles de kilómetros de cable, cientos de miles o millones de contadores, subestaciones subterráneas, etc. Tomemos ahora una gran industria que recibe únicamente dos o tres líneas de alta tensión para todo su consumo: su necesidad de infraestructura es notablemente menor y en consecuencia más barata.
Además, a falta de un criterio exacto y justo de reparto –criterio que no existe-, más vale beneficiar la competitividad de la industria que crea empleos y riqueza, a cambio de un pequeño perjuicio a los consumidores domésticos, que al ser un gran número -el 95% de los consumidores somos domésticos-, el sobrecoste individual es muy bajo.
El problema está en que el concepto de costes fijos del sistema está completamente viciado e incorpora muchas partidas que, de existir, deberían cargarse a los presupuestos generales del estado. Y todos esos costes ajenos al suministro eléctrico también se hacen recaer sobre el consumidor doméstico, lo que ya no es tan razonable.
El empoderamiento del consumidor
En este sentido, uno de los vectores actuales en la lucha contra el cambio climático es lograr una mayor eficiencia energética. Esto se consigue mediante mejoras tecnológicas, evidentemente, pero también dando la oportunidad al consumidor de que pueda decidir su perfil de consumo y mostrar sus preferencias energéticas. Para lograr esto es necesario conocer el coste real de nuestras decisiones y esto, hoy en día, es imposible.
En definitiva, creo que sería un sano ejercicio de transparencia limpiar el recibo eléctrico de partidas espurias, de manera que el precio de la luz sea el que tiene que ser y no uno inflado; reducir estructuralmente los costes fijos y someter al debate público las medidas políticas y sus costes que actualmente esconde el recibo eléctrico.
Francisco Ruiz Jiménez ha sido consejero y miembro del comité de dirección del grupo REDEIA
