El pasado 11 de julio se produjo un levantamiento espontáneo contra el Gobierno cubano en la localidad de San Antonio de los Baños, una pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes a 35 kilómetros al sur de La Habana. La protesta se extendió rápidamente a casi todas las ciudades de Cuba. Las del mes pasado fueron las manifestaciones populares contra el régimen más importantes y concurridas de toda la historia del castrismo. Durante varios días se mantuvo la movilización, incluso después de que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, visiblemente nervioso, llamara a los "verdaderos revolucionarios" a salir a la calle y plantar cara a los manifestantes. Tampoco detuvo las protestas que unidades de la policía auxiliadas por efectivos militares respondiesen reprimiendo sin contemplaciones las algaradas callejeras.
Las movilizaciones estallaron por varios motivos, todos más que justificados. En la isla se está pasando mucha más hambre de lo habitual y la pandemia no ha hecho más que empeorar los problemas. La infraestructura sanitaria de Cuba se encuentra en pésimas condiciones, escasean las medicinas y la vacunación, a pesar de que los científicos cubanos dicen disponer de unas vacunas muy efectivas (no lo sabemos porque no se han puesto a prueba fuera de Cuba), va muy lenta. El régimen asegura que ha inoculado la primera dosis al 30% de la población, pero nadie se cree las estadísticas del Gobierno, ningún tipo de estadística. Si de ellas dependiese, en Cuba no sólo no habría hambre sino que los cubanos no sabrían qué hacer con tanta comida. Lo cierto es que escasea porque así nos lo han mostrado desde el interior del país. Respecto a las vacunas, un dato que suele pasar desapercibido: hasta la fecha el régimen se ha negado a unirse al programa Covax que proporciona vacunas gratuitas para los países en desarrollo.
¿Qué quieren los manifestantes? No mucho, quieren poner fin a la escasez de alimentos. Quieren poder ir a la universidad sin verse obligados a militar en el partido comunista. Quieren poder navegar por Internet sin censura y a un precio asequible. Y, lo más importante de todo, quieren participar en política sin necesidad de pasar por el partido único, algo que los disidentes llevan pidiendo desde hace 60 años y que en Occidente casi nadie parece querer escuchar. Es curioso, pero los gobiernos europeos e hispanoamericanos que tanto se escandalizan con gobiernos autoritarios como el de Putin o con lo que hace Orban en Hungría y Bolsonaro en Brasil, con una dictadura tan atroz y prolongada como la cubana no hacen más que pedir diálogo y aplicar paños calientes.
El Estado cubano dedica cada año unos 100 millones de dólares a importar carne de pollo de EEUU, pero la revende a los cubanos como un producto de lujo
Desde que comenzaron las protestas, muchos desde Europa e Hispanoamérica han pedido al Gobierno de Biden que revise el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, y las medidas que restringen el envío de remesas a los familiares de cubanos residentes en EEUU. La realidad es que el embargo estadounidense le importa bastante menos al cubano medio que el embargo interno del que se vale el régimen para sobrevivir a costa del pueblo. Un ejemplo, el embargo comercial estadounidense no afecta a los alimentos y las medicinas. El Estado cubano dedica cada año unos 100 millones de dólares a importar carne de pollo de EEUU, pero la revende a los cubanos como un producto de lujo. Se puede ahora permitir que las remesas lleguen con más facilidad, pero eso no ayudará a los demócratas cubanos. El Gobierno se puede adueñar de todo o de gran parte de ese dinero mediante tasas. De este modo, nos podríamos encontrar con que de cada dólar que llega a la isla proveniente de un familiar en el exterior el Gobierno se apodere de 75 centavos. Ojo, no sería nada raro, actualmente se queda unos 20 centavos.
Presión diplomática
Olvidándonos de Europa e Hispanoamérica, que nada van a hacer porque es mencionar el castrismo y se quedan paralizados como un zorro cruzando de noche una carretera, ¿qué puede hacer el Gobierno de Estados Unidos frente a esto? Puede hacer algunas cosas. Puede hacer, como ya está haciendo, sancionar a todos los que vulneren los derechos humanos dentro de Cuba. Así tocará el bolsillo a quienes acumulan dinero en la isla, que son los altos cargos políticos y militares, y ya de paso les convierte en apestados internacionales. Estos altos cargos necesitan guardar sus fortunas en algún lado y, obviamente, no lo hacen en su mansión de La Habana dentro de un calcetín. Puede también intensificar la presión diplomática. Si se ponen serios con esto, muchos otros países hispanos le seguirán, incluyendo a México, que es el principal país hispano y que, aunque esté gobernado por López Obrador, si le dan a elegir entre EEUU y Cuba se quedará siempre con EEUU, aunque sólo sea por la cuenta que le trae. Por último, puede hacer todo lo que esté en su mano para que los cubanos sigan conectados a la red.
La red aquí es clave. Las protestas del mes pasado se extendieron gracias a la red y nos enteramos de ellas también gracias a la red. Cuba es de los últimos países del mundo que se han conectado plenamente a internet. Lo ha hecho gracias a los teléfonos móviles de última generación. Es algo muy reciente, de hace sólo tres años, cuando el Gobierno finalmente permitió que Etecsa, la empresa estatal de telecomunicaciones, ofreciera acceso de datos al público general. Aquello llegó en un momento en el que la red 3G estaba ya suficientemente extendida por la isla y los terminales chinos de bajo coste empezaron a estar ampliamente disponibles. El Gobierno esperaba que los cubanos lo empleasen para enviarse fotos por Telegram y ver vídeos musicales de YouTube, pero, aparte de eso, han empleado esta herramienta que les comunica de un modo rápido y privado para compartir entre ellos su malestar y manifestarse contra el Gobierno.
El Gobierno actuó con presteza y la determinación propia de una dictadura. Bloqueó inmediatamente el acceso a las redes sociales y a servicios de mensajería
El régimen pudo comprobarlo el 11 de julio. Todo sucedía a gran velocidad y la protesta estaba descentralizada. No había un nodo central llamando a las manifestaciones. Aquello funcionaba por emulación. En Santa Clara veían lo que estaba pasando en Santiago y en Santiago lo que hacían en La Habana. Esa fue la razón que explica que el incendio se extendiese tan rápidamente. El Gobierno actuó con presteza y la determinación propia de una dictadura. Bloqueó inmediatamente el acceso a las redes sociales y a servicios de mensajería como WhatsApp, Signal e Instagram. Algunas zonas conflictivas fueron desconectadas de inmediato y en otras se redujo la velocidad de los datos.
Entre eso y la represión policial directa las protestas han amainado, pero ponen al régimen cubano ante un dilema digital. Internet es un cuchillo de doble filo. Lo mismo sirve para clamar por la libertad que para que los dictadores lo empleen para apuntalar su poder, vigilar a la población, reprimir la disidencia y manipular la información. Ahí tenemos el caso chino como muestra. Internet y la tecnología en general son un aliado de la dictadura. Eso sí, los dirigentes chinos se ocuparon previamente de blindar el país imponiendo un cortafuegos que impide que los chinos accedan a un número muy grande de páginas y servicios, incluidas las redes sociales occidentales y las plataformas de vídeo. Para todo se fue creando una amplia gama de alternativas chinas y políticamente confiables.
Hay, de hecho, un software que equipa un navegador anónimo y una aplicación de mensajería imposibles de rastrear, se llama Tor y fue financiado con fondos de la Marina
En Cuba, Díaz-Canel no puede ni soñar con algo parecido. Por eso mismo, aquí, Estados Unidos sí puede hacer algo. No porque sea todopoderoso, sino porque ya lo ha hecho en el pasado. Hace unos años, el Congreso aprobó una ley para proteger a las víctimas de la censura en Irán. Con esa ley se destinaron fondos a la instalación de servidores para eludir los controles del Gobierno iraní. Desde entonces EEUU ha gastado más de cien millones de dólares en programas para promover la libertad en Internet, ha financiado iniciativas como la de “Internet en una maleta” que permite a los activistas conectarse incluso cuando hay un corte decretado desde arriba. Hay, de hecho, un software que equipa un navegador anónimo y una aplicación de mensajería imposibles de rastrear, se llama Tor y fue financiado con fondos de la Marina.
Cuando Irán volvió a cortar Internet con motivo de las protestas en 2019, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió a los iraníes que se comunicasen a través de Telegram, un servicio encriptado de extremo a extremo. A finales de noviembre de 2019, Pompeo aseguraba haber recibido 20.000 mensajes desde el interior de Irán gracias a Telegram. El proxy Psiphon, una herramienta de elusión que también fue en origen financiada por el Gobierno de Estados Unidos, fue clave en las protestas de Bielorrusia del año pasado y se sirven de él más de un millón de cubanos que han sorteado de este modo los rastreos del Gobierno. Pero, si internet se corta del todo, de nada sirve Telegram o Psiphon. Eso fue lo que ordenó Díaz Canel partiendo del viejo refrán “muerto el perro, muerta la rabia”. Estos cortes totales podrían sortearse con conexiones vía satélite apoyadas por globos atmosféricos que permitan a los terminales conectarse. Pero aún siendo eso imposible, los terminales pueden conectarse entre sí por Bluetooth o Wifi aunque internet haya dejado de funcionar. La transmisión es mucho más lenta y el alcance infinitamente menor, pero los mensajes pueden seguir circulando.
Si existe el medio, los disidentes intentarán comunicarse entre sí, organizar manifestaciones, transmitir información sobre la represión y buscar aliados en casa y en el extranjero. Las dictaduras utilizarán siempre internet para difundir propaganda, desinformar a la población, confundir a los manifestantes y perseguir a los activistas. Cuando esto falla y ven que se les va de las manos, es cuando desconectan al país de internet como hizo Díaz-Canel hace un mes. EEUU tiene la obligación moral de impedir que la isla quede desconectada. Es todo un desafío técnico, pero resolverlo demostraría que el Gobierno de Biden apoya realmente una Cuba libre.
