Al contrario de lo que mucha gente piensa, las manifestaciones en lugares de tránsito público no deben ser autorizadas a priori por la Delegación del Gobierno respectiva: los organizadores simplemente tienen la obligación de comunicarla con una antelación de diez días como mínimo y treinta como máximo. En caso de urgencia incluso se permite que la comunicación pueda hacerse con veinticuatro horas de antelación.
Sólo si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación, lo cual deberá comunicarse a los organizadores en el plazo de setenta y dos horas desde que se produjo la comunicación.
Por lo tanto, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que toda manifestación está permitida a priori, salvo que la Delegación de Gobierno se pronuncie en sentido contrario. Hasta tal punto es así, que la falta de respuesta por parte de la administración se interpreta de forma favorable al ejercicio del derecho -lo que jurídicamente se conoce como silencio positivo-.
Cualquiera que haya organizado alguna vez una manifestación le podrá confirmar que en las delegaciones de Gobierno saben latín, como dice el refrán. Vamos, que no se las engaña así como así
En el ámbito formal, las comunicaciones de las manifestaciones simplemente exigen que se consignen los datos del organizador (si es persona física o jurídica, documento identificativo y domicilio) y los del evento (lugar, fecha, hora y duración del acto, su objeto y su itinerario). Así que, para averiguar si concurren elementos que puedan aconsejar su prohibición, las delegaciones de Gobierno tienen un cometido que excede al de mera ventanilla receptora de impresos. Efectivamente, en cuanto que ostentan competencias en materia de protección de la seguridad ciudadana, su labor va más allá. Cualquiera que haya organizado alguna vez una manifestación le podrá confirmar que en las Delegaciones de Gobierno saben latín, como dice el refrán. Vamos, que no se las engaña así como así.
Que este pasado fin de semana se celebrara una manifestación neonazi en el madrileño barrio de Chueca en la que sus participantes lanzaron consignas homófobas huele raro, muy raro. Y la pestilencia no sólo emana de los cuatro borregos miserables que integraban el susodicho rebaño, sino de la calle Miguel Ángel 25, sede la Delegación de Gobierno de la que es máxima responsable doña María de las Mercedes González Fernández desde el pasado mes de marzo.
Suena a burda patraña, a otro intento de la versión más cutre de la cloaca socialista para desviar el foco de atención del silencio estruendoso del Ejecutivo ante el homenaje al etarra Parot
La versión facilitada por la antes mencionada para justificar su inacción ante lo sucedido es muy difícil de creer. Afirma que “les engañaron” porque lo que se les comunicó fue una manifestación contra la Agenda 2030 por parte de una asociación vecinal llamada “San Blas-Canillejas”. Pero suena a burda patraña, a otro intento de la versión más cutre de la cloaca socialista para desviar el foco de atención del silencio estruendoso del Ejecutivo ante el homenaje al etarra Parot organizado por sus socios de Bildu en el País Vasco. Que Almeida la defienda ni la exonera de su responsabilidad ni es motivo de sorpresa, dado que la autoridad gubernativa tiene obligación de comunicar al ayuntamiento afectado los detalles de la manifestación para que efectúe alegaciones sobre la idoneidad del recorrido etc. Posiblemente estamos ante la clásica estrategia de tapando a uno nos cubrimos todos.
Pero la verdad es que cualquier ciudadano que hubiese mostrado cierta inquietud podría haber averiguado la ideología de los convocantes y lo que se avecinaba en la manifestación sin necesidad de acudir a un vidente: bastaba entrar en las redes sociales de la asociación de marras para comprobarlo. Concretamente, en su página de Facebook, publicitaron el 8 de septiembre la convocatoria de la siguiente guisa:
Como pueden comprobar, entre las entidades adheridas se encuentra, por ejemplo, España 2000 y sus juventudes, llamadas “Juventud Nacional”, un partido xenófobo, abiertamente contrario al matrimonio homosexual y algunos de cuyos miembros han sido multados recientemente en otras ocasiones por exhibir la bandera preconstitucional con el lema del periodo franquista: “Una, Grande y Libre”. Muchos de los adheridos están en el punto de mira de la Policía y de la fiscalía desde hace meses. Algunas investigaciones señalan a que desde estas asociaciones y su entorno se nutre Bastión Frontal, los herederos de Hogar Social.
Lo único sorprendente en este caso es la sorpresa mostrada por la delegada de Gobierno, cuya abierta defensa de los intereses del sanchismo la pusieron en la picota desde que tomó posesión
Y si ya uno se pone a bucear en Google en busca de información, noticias o imágenes sobre la identidad de este reguero de asociaciones, partidos y entidades, no hacía falta ser un lince para llegar a la conclusión de que la convocatoria de Madrid iba a lucir con estética neonazi y se iban a lanzar proclamas del mismo ramo. Así que lo único sorprendente en este caso es la sorpresa mostrada por la delegada de Gobierno, cuya abierta defensa de los intereses del sanchismo la pusieron en la picota desde que tomó posesión.
La cosa ha sido tan zafia y descarada que hasta los socios de Sánchez en el gobierno de coalición han puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía. Hay que reconocer que Iván Redondo hilaba más fino. Esperemos que, esta vez, se puedan depurar responsabilidades políticas y, en su caso, penales, al contrario de lo que sucedió con el affair de los sobres con balas, sobre cuya autoría siempre nos quedará la duda. O no. De lo que no me cabe duda es que doña María de las Mercedes debería dimitir, tanto si se la colaron -si llega a ser un toro, la embiste-, como si miró oportunamente hacia otro lado para tapar lo de Parot y, de paso, justificar la infausta campaña de su partido a cuenta de la denuncia por una agresión homófoba que jamás aconteció, con el claro objetivo de responsabilizar a la oposición y atemorizar a la población. No creo que lo vean estos ojos, lamentablemente.
