Los medios de comunicación han venido informando de lo que sucedía, presuntamente, en el centro de menores de Ateca (Zaragoza), y la valiente decisión de una juez de Calatayud, cerrando temporalmente la dependencia y mandando a prisión provisional a su director, dos supuestos “educadores” y otros dos empleados.
Al tiempo, los partidos de izquierdas y los sindicatos del pesebre han reclamado a gritos que los centros de menores deben ser públicos, como sucede con las prisiones, por ejemplo… Pues, al fin y al cabo, en ambos tipos de instalaciones los usuarios permanecen en régimen cerrado.
No creo que esa sea la solución ni mucho menos, pues todo lo público suele salir más caro que lo privado, siempre que haya un control, inspección y supervisión, que a juzgar por los resultados al menos a priori, está claro que, en el caso que nos ocupa, no han existido.
1.-Todas las instituciones con competencias sobre la materia se lavan las manos y al final va a resultar que serán los propios menores los culpables de su triste situación. El Gobierno de Aragón, que manda mucho pero gobierna muy poco, no se ha dignado inspeccionar estas dependencias, exigir las titulaciones a los supuestos educadores, que por supuesto no tenían, llevar a acabo un control y una supervisión al fondo de cuanto allí ocurría.
Y esta responsabilidad, al menos por omisión, es también predicable respecto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS, que sufragaba 3.4000 euros diarios, que se dice pronto, según la prensa regional, pero pasaba de todo.
2.- La Fiscalía de Menores, que tiene la obligación de velar por los derechos de los allí recogidos, tampoco está claro que hayan hecho algo para inspeccionar los centros, visitarlos, atender y escuchar a los internos...
3.- El Justicia de Aragón acaba de publicar un lacrimógeno artículo en la prensa en el que señala que ellos están para lo que haga falta y que recibirán cualquier denuncia sobre el particular, como si fueran el juzgado de guardia o la fiscalía de menores. (Hay instituciones que necesitan justificar su existencia, vistos los nulos resultados de su labor, y lo costosas que nos resultan a los contribuyentes).
4.- El Colegio de Educadores Sociales de Aragón dicen que quiere comparecer como acusación particular, pero no me consta que hasta la fecha se haya preocupado de que en ese centro no hubiera educadores de verdad, con sus títulos, sus pruebas, su nivel profesional…
Al parecer, eran unos argelinos y algún rumano… ¡Por lo visto en España no hay jóvenes titulados, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, etc., con ganas de trabajar!
Pero claro, serían más baratos esos individuos, carentes de una mínima formación para desempeñar una labor tan problemática e importante.
5.- La guinda es la decisión del Gobierno de Aragón de pretender personarse como acusación particular, cuando será, como mínimo, responsable civil subsidiario del desaguisado.
Así es Aragón. Y así es España.
Supervisión y control
Cuando pasan incidencias de este calibre todo el mundo se lava las manos, e intentar echar las culpas a otra institución. O a los propios interesados, aunque sean las víctimas. La cuestión es escurrir el bulto y llamarse a andana.
No cabe duda de que el poder judicial cumplirá con su deber, como ya lo ha hecho y el peso de la Justicia caerá sobre quien se lo merece.
Pero no olvidemos las responsabilidades, al menos por omisión, de cuantos no han cumplido con su obligación y han eludido su responsabilidad supervisión, control y evaluación del funcionamiento de este centro. Demasiado tarde para rasgarse las vestiduras.
Norne Gaest
Oportuno el artículo, pero que le falta una introducción diciendo sintéticamente lo que pasaba en el centro de menores de Ateca y como se ha llegado a destapar el asunto.