Cuando empezábamos a reponernos del estomagante escándalo provocado por el libro sobre el pérfido parricida doble que, con ánimo de martirizar a su esposa separada, sacrificó a sus dos hijos y los hizo desaparecer en una triste barbacoa, ha sido el propio Gobierno el encargado de reponerlo en el candelero por boca de dos de sus miembros. Primero haciendo salir a los medios a la ministra de Igualdad oponiendo el derecho a la información al de intimidad que asiste a la víctima vicaria y, tras ella, encargando del disparate a la propia vicepresidenta Montero para que, ya en plan camizace, se declarara sin ambages a favor del segundo y en contra del que todo quisque, por malo que sea, tiene a la presunción de inocencia, esa reliquia que el mundo civilizado heredó del derecho romano. Así, sin medir las consecuencias que esa barbaridad podría suponer –y no estoy pensando, palabra, en los justiciables entrillados en el propio entorno del presidente y de ella misma—para el ciudadano libre que se vea en el trance de defenderse de cualquier imputación.
La vicepresidenta no es personaje fino y, menos aún, elegante. Puede comprobarlo cualquier espectador que la vea y oiga mitinear como una posesa, meneando sin parar su cabellera medusiana y agitando las manos de la forma más farruca para acompañar un discurso brusco en el que los improvisados argumentos pesan, por lo general, menos que el sentido común: la imagen cabal del fanatismo y en no pocas ocasiones de una agresividad rayana en lo patológico. Hemos visto esa furia chufletear desde el “banco azul” y hasta se le ha podido escuchar espetarle un “cabrón” sin paliativos a un diputado de la Oposición.
Pero esto de descartar la presunción de inocencia es ya harina de otro costal, en especial si se considera que en su boca no se trataba de un simple desatino sino de una idea arraigada, de una convicción, secreta seguramente, cuya gravedad no tenía precedente hasta ahora ni en esta combatida democracia ni en ninguna otra.
De ahí a sostener que la condición femenina es suficiente para probar una acusación por grave que ésta sea, va un abismo, ya que, eso equivaldría a condenar genéricamente al varón cuando una mujer lo acusara con causa o sin ella
Claro que esa ménade jacarandosa tal vez no sea consciente del irreparable alcance de su exceso. ¿Se habrá parado a pensar en lo que semejante recorte jurídico fundamental podría suponer si le cayera encima a la esposa o al hermano de su presidente, imputados ambos? ¿O acaso mantendría ese dislate capaz de llevar al trullo a su todavía Fiscal General si el juez lo despojara por las bravas de esa indispensable presunción?
Hombre, se comprende que el cargo que se le hacía a ese bestia acusado de violación de una mujer en el lavabo de la discoteca es tan despreciable e inhumano que explica que la amplia mayoría ciudadana no lamente, por lo visto, la temporada que el presunto volador se ha chupado entre rejas. Pero de ahí a sostener que la condición femenina es suficiente para probar una acusación por grave que ésta sea, va un abismo, ya que, eso equivaldría a condenar genéricamente al varón cuando una mujer lo acusara con causa o sin ella. Y ni todos los hombres son reos ni todas las mujeres son ángeles, aparte de que no solemos tener a mano un sabio como Salomón para resolver los pleitos dejando las causas en manos de las partes. Cuando Gayo o Ulpiano sostenían el principio “in dubio pro reo” estaban apoyándose en la misma aplastante razón que se oponía y sigue oponiéndose a la condena sin pruebas. Que el Derecho no es una ciencia exacta, ya se sabe, pero no queda otra que aceptarlo con esa limitación. ¿O sí? Por lo visto, hoy por hoy, en el extravagante Gobierno que sobrevive teledirigido por un prófugo a pachas con un secuestrador expresidiario, parece descoserse sin remedio el incómodo pero imprescindible corsé de la Ley corroído por un populismo vitriólico que no es lógico endosárselo en exclusiva a esa vocinglera sino a quien —patrono supremo del tinglado-- la mantiene impune en el cargo.
