Antes de que se llegue a prohibir por el Gobierno el uso semántico de la palabra examen, tras su consumada expulsión de la enseñanza e incluso como mecanismo de acceso –en cada vez más casos- a la función pública, cabe recordar que los malos estudiantes y los gobiernos que detestan los exámenes, no pueden evitar en una sociedad abierta que los primeros sean valorados por sus empleadores a la hora de encontrar trabajo, ni los segundos por los votantes en las elecciones.
Los gobiernos que sospechan que no pasarían el examen de los datos objetivos de sus actuaciones, se esfuerzan por ocultar sus debilidades tras cortinas de humo de pretendidas ideologías progresistas. Huyen del contraste empírico de su propaganda con la realidad. Pero en la democracia moderna, en la que cada ciudadano adulto tiene derecho a voto y además éste es lógicamente secreto y desde luego perfectamente subjetivo, es obligado viviendo en la Sociedad de la Información –en la que casi todo puede saberse y además en tiempo real– , plantear mecanismos valorativos que basados en datos reales y contrastados puedan coadyuvar –a quienes libremente lo deseen- a la toma de sus decisiones de voto con conocimiento de causa.
Con el triunfo de la socialdemocracia, consistente en haber agrandado el tamaño económico y regulatorio del estado hasta límites imposibles de financiar y contractivos del crecimiento económico, es cada vez más imperativo examinar la gestión de los gobiernos desde cuatro perspectivas, o asignaturas, cruciales:
- La creación de riqueza, expresada por el crecimiento real y comparado de la renta per cápita, epítome de la prosperidad de la sociedad.
- La maximización del empleo, en términos de participación de quienes están en condiciones de trabajar en el quehacer económico.
- La limitación de la deuda pública, evitando cargas financieras ilegítimas a las nuevas generaciones.
- La calidad institucional, resumible en: libertad personal y económica, derechos de propiedad, cumplimiento de las leyes, transparencia de la acción del gobierno y Estado de Derecho.
Para los cuatro frentes de la gestión de los gobiernos existen datos suficientes y contrastados que posibilitan un enjuiciamiento objetivo de los mismos y que debieran ser objeto de interés ciudadano.
Examinemos los resultados obtenidos por los distintos gobiernos durante las últimas cuatro décadas:
- Renta per cápita
Crecimiento medio anual durante sus mandatos: Aznar +2,71%, González +2,53%, Rajoy +2,02%, Zapatero -0,85% y Sánchez -2,99%.
Convergencia % media anual con la UE: Aznar +0,57%, Rajoy +0,44%, González +0,35%, Zapatero -1,40% y Sánchez -1,75%.
- Empleo
Crecimiento medio anual del empleo: Aznar +9,93%, Rajoy +8,48%, Sánchez +0,85%, González -0,81% y Zapatero -16,76%.
- Deuda pública
Evolución del endeudamiento público como % del PIB: González +52,72%, Zapatero +43,29%, Sánchez +18,90%, Rajoy +12,30% y Aznar -23,15%.
España ha pasado de tener una deuda pública equivalente al 60% de la media de la UE en 2007 al 130% en 2020, debida fundamentalmente a Zapatero y Sánchez.
- Calidad institucional
Politización del Consejo del Poder Judicial desde 1985, puesta ahora en cuestión por la UE.
Abuso de los decretos leyes, en parte declarados inconstitucionales, frente a la legislación ordinaria propia de un Estado de Derecho.
Ocultamiento de las acciones de gobierno y creciente incumplimiento de la ley de transparencia desde su promulgación.
El volumen de producción normativa -obstaculizadora de las libertades y de la función empresarial- se ha multiplicado por cuatro desde la Transición política, según el Banco de España.
Politización creciente –ilegal en muchos casos– y ya extrema de la función pública.
El cumplimiento de las leyes es un albur, que nos aleja del Estado de Derecho y muy particularmente en ámbitos nacionalistas.
La seguridad jurídica –“leyes pocas y que se cumplan” según Don Quijote- y el derecho de propiedad –de la vivienda, por ejemplo- cada vez están mas cuestionados.
Desacatamiento, vía indultos, de las sentencias judiciales y desprecio de las que afectan al uso de la lengua oficial de la nación.
El incumplimiento de las promesas -eje moral de la posibilidad de existencia de un orden civilizado- y las mentiras han anidado en la política cada vez más.
El insólito e injustificado cierre del parlamento con la vana excusa de la covid, declarado inconstitucional, ha puesto de relieve la falta de escrúpulos democráticos del actual gobierno
Sobre estas cuestiones institucionales de difícil medición cuantitativa, cabe recurrir al ilustrado inglés G.K. Chesterton: “Todo el mundo moderno se ha dividido en conservadores y progresistas. El negocio de los progresistas es seguir cometiendo errores. El negocio de los conservadores es evitar que se corrijan esos errores”.
Después de todo lo dicho resulta evidente que tras el examen de las actuaciones gubernamentales durante las últimas cuatro décadas, el dúo Zapatero & Sánchez resulta imbatible en malos resultados de sus gobiernos, en todas y cada una de las cuatro asignaturas juzgadas.
Y sin embargo, el presidente del Gobierno, sigue presumiendo de recuperación económica y nivel de empleo –las otras asignaturas ni las mienta– cuando los datos ponen en evidencia que la posibilidad de que la renta per cápita recupere el nivel de convergencia con la UE cuando Sánchez comenzó a gobernar es imposible incluso agotando su mandato, mientras que el desempleo -tras un diciembre excelente- sigue duplicando el de nuestro entorno. De la deuda pública, la izquierda del siglo XXI asume tácitamente que ya la arreglarán los “hombres de negro” cuando toque y en cuanto a la calidad institucional, la consideran una especie de vicio burgués.
Es decir, que si hubiese exámenes para gobiernos, el nuestro actual no aprobaría, razón por la cual prefieren lógicamente que no los haya y que si los hubiere fuesen sobre la guerra civil, la elección de género, el sexo de los juguetes, la exportación de carne, etc.
