Argentina contuvo esta semana la respiración antes de que los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 2 de Buenos Aires diesen lectura a la sentencia de la llamada causa viabilidad, posiblemente el caso de corrupción del que más se ha hablado y más se ha escrito en Argentina desde que dieron comienzo las pesquisas hace ya seis años. Los jueces condenaron por unanimidad a Cristina Fernández de Kirchner a una pena de seis años de prisión. Pero sólo la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Dejaron fuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita, es decir, dan probado que los hechos ocurrieron, pero no que Cristina y sus colaboradores conformasen una banda criminal dedicada a eso.
Cristina ha sido condenada por haber adjudicado de forma fraudulenta obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia. Santa Cruz es la provincia más meridional de la Argentina continental, por debajo sólo le queda Tierra del Fuego, pero está en una isla. Santa Cruz no tiene nada especial, no está ni muy poblada -de hecho está vacía, en Santa Cruz viven 270.000 en una superficie similar a la del Reino Unido-, ni especialmente rica. Pero allí, en Santa Cruz, en su capital, en la ciudad de Río Gallegos nació en 1950 Néstor Kirchner. En ese mismo lugar fue donde empezó su carrera política en los años 80. Fue primero intendente de la ciudad y luego gobernador de la provincia. De ahí dio el salto a la política nacional y en 2003, tras el argentinazo de 2001, se convirtió en presidente de la república. Para entonces Néstor y Cristina llevaban ya 25 años casados y conformaban un tándem político perfectamente engrasado.
"Instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentable y tristemente, se hayan desarrollado en el país"
Por lo que se ha terminado condenando a Cristina (y por lo que se hubiera condenado a Néstor de no haber fallecido en 2010 de un paro cardiaco) es por haber organizado una trama corrupta en la provincia de Santa Cruz. Según los fiscales del caso los Kirchner "instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentable y tristemente, se hayan desarrollado en el país". Según la acusación, días antes de hacerse cargo la presidencia en 2003, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras públicas que se realizaron en Santa Cruz.
Pusieron al frente de la constructora a un amigo de la familia que les servía de testaferro, un tipo llamado Lázaro Báez, antiguo empleado de banca que carecía experiencia en el sector de la construcción. Báez, que el año pasado fue sentenciado a 12 años de prisión por blanqueo de capitales, también fue condenado en este juicio, junto con otros altos cargos de la administración kirchnerista, incluyendo a uno que fue secretario de Obras Públicas llamado José López, que ya está preso por otras causas de corrupción tras ser descubierto en 2016 escondiendo un botín de nueve millones de dólares en un convento a las afueras de Buenos Aires.
Austral Construcciones se benefició de contratos para construir 51 obras, casi el 80% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el período en el que los Kirchner se mantuvieron en la presidencia. Pero muchas ni siquiera se terminaron y las que lo hicieron acumularon grandes retrasos. Aparte de eso, Austral cobraba puntualmente de la administración y ni era siquiera competitiva en sus ofertas. Sus obras salían más caras que las que hacían otras empresas.
Resumiendo, las licitaciones se hacían sólo para beneficiar a un amigo que ejercía de testaferro del presidente y de su esposa. El resultado es que distrajeron más de mil millones de dólares de dinero público. Los fiscales insisten en que las irregularidades se disparaban cuando había elecciones. Esto, evidentemente, se debió a que andaban escasos de efectivo para pagar la campaña electoral y tiraron de ahí. Austral echó el cierre en diciembre de 2015, momento en que Cristina traspasó el poder a Mauricio Macri, algo que demuestra indirectamente que la constructora de Lázaro Báez era una empresa instrumental. En ese momento ya no tenía sentido la empresa porque Cristina ya no podía adjudicar más contratos.
Cristina K. adujo en su defensa que el Congreso aprobó esas inversiones junto a los presupuestos, así que si hubo pecado lo habían cometido entre todos
La hoy vicepresidenta se ha defendido como gato panza arriba durante el proceso. Ha argüido que la fiscalía carece de pruebas que la vinculen directamente con la adjudicación de obras y que la Justicia no le incumbe el modo en el que un Gobierno elegido democráticamente asigna los contratos públicos. Kirchner también ha señalado que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las adjudicaciones. Por último, adujo en su defensa que el Congreso aprobó esas inversiones junto a los presupuestos, así que si hubo pecado lo habían cometido entre todos.
Pero, además de desestimar las acusaciones en su contra en sede judicial, Kirchner ha mantenido que la llamada causa vialidad, que empezó a investigarse tras una denuncia interpuesta por la oposición en 2008, es parte de una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus adversarios políticos. Asegura que es víctima del “lawfare” es decir, del uso torticero de los tribunales para acabar con ella. Eso del “lawfare” es algo familiar para los españoles porque Podemos lo emplea cada vez que recibe una sentencia judicial en su contra. Pero en este caso si alguien ha declarado la guerra al tribunal ha sido la propia Kirchner. Cuando declaró como imputada en diciembre de 2019 se negó airadamente a responder preguntas de la fiscalía y criticó sin piedad a los magistrados que la estaban juzgando. Dijo unas palabras que parecían sacadas del juicio a Fidel Castro tras el asalto al cuartel Moncada:
"Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia".
Fue a más y aseguró que los fiscales se lo habían inventado todo y que son los responsables de crear las condiciones para el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre
Hace unos días elevó aún más el tono y dijo que más que “lawfare” había sido víctima de un pelotón de fusilamiento y que la justicia argentina funciona como la dictadura militar de hace cuarenta años. En agosto recusó al fiscal Diego Luciani y a uno de los jueces, Rodrigo Giménez Uriburu, cuando Página 12, un periódico porteño, reveló que ambos jugaban en el mismo equipo de fútbol, y que en el pasado jugaron un partido en la casa de campo de Mauricio Macri. Aquello no parecía suficiente y le denegaron la recusación. Fue a más y aseguró que los fiscales se lo habían inventado todo y que son los responsables de crear las condiciones para el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre.
No ha escatimado acusaciones contra el tribunal, algunas durísimas. Y no es para menos. Esta condena supone el fin de su carrera política. Podrá seguir en la vicepresidencia porque está aforada y porque la condena aún tiene recorrido judicial. La llevará hasta el Supremo y si ahí la validan tendrá que ejecutarse, pero no entrará en la cárcel ya que la ley en Argentina impide que los mayores de 70 vayan a prisión. Las condenas han de cumplirlas en sus domicilios. En estos momentos 69 años, cumplirá 70 en febrero del año próximo. Para entonces ya habrá arrancado la máquina electoral. El 23 de octubre del año próximo se celebrarán elecciones y, aparte del presidente, se elegirán también a diputados y senadores. Si la condena aún no es firme podría presentarse al Congreso, lo que le permitiría aforarse de nuevo. Ha adelantado que no lo hará, pero aún faltan meses para que se conformen las candidaturas por lo que bien podría cambiar de opinión.
Aparte de la causa vialidad Cristina también está imputada en otro caso llamado "los cuadernos de la corrupción", en la que se le acusa de recibir sobornos de empresarios de la obra pública
La condena, de cualquier modo, es un palo muy serio para ella y para el peronismo. Alberto Fernández no ha decidido aún si se presentará a la reelección, pero esto pesará sobre su ánimo. Fernández no ha sido condenado, pero si salpicado directamente por este caso. Nada menos que su vicepresidenta, con quien hoy tiene una relación muy tirante, ha sido condenada a seis años prisión. Eso por no hablar de que este caso de corrupción floreció mientras él era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Pero es que esto podría no terminar aquí. Aparte de la causa vialidad Cristina también está imputada en otro caso llamado "los cuadernos de la corrupción", en la que se le acusa de recibir sobornos de empresarios de la obra pública. El caso empezó a instruirse en 2019 pero el proceso -en el que también están acusados antiguos altos cargos y varios empresarios, aún no tiene fecha de comienzo.
No pinta bien la cosa para los peronistas, más aún cuando la situación económica es crítica, la inflación se acerca al 100% y las cosas están realmente mal. En resumen, que todo indica que la batalla política del año que viene en Argentina va a ser digna de pasar a los anales.
