El próximo 23 de noviembre los empresarios españoles están llamados a elegir a la persona que durante los próximos cuatro años defenderá sus intereses al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), al vencer el mandato del actual presidente de la organización, el polémico Antonio Garamendi. Las aguas han empezado a moverse en las sentinas de Diego de León 50, sede de la patronal, porque lo que hace unas semanas tenía toda la pinta de ser una reelección por aclamación, ahora ya no está tan claro. El cabreo de empresarios y organizaciones sectoriales con la política de fiel seguidismo con el Gobierno Sánchez puesta en práctica por Garamendi y su entorno y avalada por los capos de las cuatro o cinco grandes empresas españolas (Santander, Telefónica, Iberdrola, Acciona y poco más) es tan notorio, el clamor tan audible, que en Diego de León se ha instalado el miedo a la aparición de alguna candidatura alternativa capaz de concitar ese malestar y hacer perder a Garamendi su poltrona. El asunto rebasa con mucho lo que en circunstancias normales podría considerarse una pelea sectorial cualquiera, para convertirse en una evidencia más del desorden que en todos los órdenes de la vida española -el económico, el político y el social- ha impuesto un Gobierno tan débil y radical como el de Pedro Sánchez.

Entre el empresariado hispano ha sido muy comentado el titular con el que el diario ABC abría su edición el pasado jueves: "CEOE se planta y no negociará la reforma de pensiones con Escrivá". Por una vez y sin que sirva de precedente, Garamendi se ha puesto serio con el Gobierno. "Las relaciones entre CEOE y el ministro Escrivá están al rojo vivo, al punto de que la patronal ha decidido que no volverá a sentarse con el ministro en la mesa de negociación que debe completar la reforma de pensiones impuesta por Bruselas", escribía el diario. Y una riada de comentarios guasones corrió como la pólvora por los cuatro puntos cardinales del empresariado patrio: muy obvio, Antonio, muy descarado, demasiado tarde. Los cuatro años de mandato del vasco al frente de CEOE, que se cumplen el próximo mes de diciembre, han supuesto una notable decepción para quienes en su día vieron en él al presidente capaz de rescatar del olvido el "modelo Cuevas", vale decir el de un liderazgo independiente, combativo frente a partidos -de un signo o de otro- y sindicatos, y defensor a ultranza de las ideas e intereses del empresariado español.

El saldo final de Garamendi en estos cuatro años, más que decepcionante ha sido un notable fiasco para quienes confiaban, y confían, en una organización empresarial convertida en baluarte de la libre empresa

De hecho, fue el propio Garamendi quien, al presentar su candidatura en las elecciones de 2014 compitiendo contra Juan Rosell, reclamó para sí la herencia de José María Cuevas, un posicionamiento gracias al cual logró captar el 48% de los votos emitidos, a pesar de que la mayoría de las grandes organizaciones (Cataluña, Madrid, Valencia) respaldaban a Rosell, al igual que las sectoriales (Banca, Electricidad, Cajas de Ahorro, Grandes Almacenes), por no hablar del Gobierno Rajoy, que apoyó al catalán frente al vasco. Tras las desafortunadas presidencias de Gerardo Díaz Ferrán (un tipo dispuesto a usar la CEOE como parapeto, primero, frente a sus problemas financieros, y como moneda de cambio, después, para seguir gozando del respaldo crediticio de la banca) y de Juan Rosell, quien tuvo que vérselas con aquel Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC) que el trío Botín-Alierta-Fainé se sacó de la manga, un invento que colocó a CEOE en una posición tan marginal como irrelevante, la llegada, por fin, de Garamendi a la cúspide de la patronal en 2018 fue recibida con el optimismo de las grandes ocasiones.  

Craso error. El saldo final de Garamendi en estos cuatro años, más que decepcionante ha sido un notable fiasco para quienes confiaban, y confían, en una organización empresarial convertida en baluarte de la libre empresa como actor fundamental a la hora de crear riqueza, generar empleo y mantener vivos una serie de valores enraizados con el progreso de la sociedad, un destino que inevitablemente le sitúa, si pretende cumplir con su obligación, frente a los posicionamientos populistas de una izquierda radical hoy en el Gobierno de España, para quienes el empresario es un tipo digno de toda sospecha, un ladrón encaramado al poder económico por la suerte o la cuna, un sacamantecas engordado con la plusvalía que arrebata al obrero y así sucesivamente. Un tipo, en cualquier caso, al que hay que atar en corto y hacerle la vida imposible asfixiándole a impuestos y reglamentos.

La CEOE de Garamendi permitió de inicio que carteras ministeriales a cargo de las relaciones laborales y demás asuntos sensibles a la actividad empresarial fueran ocupadas por la alegre muchachada comunista de Podemos, caso de Trabajo, Asuntos Sociales, Igualdad y Consumo. Más grave aún, con mayores perversas consecuencias, fue haber apoyado con su firma esa contrarreforma laboral que el Gobierno de coalición social-comunista se planteó desde el primer día como objetivo ideológico irrenunciable, a pesar de haber sido quizá la reforma más exitosa, en términos de creación de empleo, de las emprendidas por el triste Gobierno de Mariano Rajoy. El resultado de la contrarreforma patrocinada por "eternamente Yolanda" y consentida por el gran chamán de Moncloa ha sido y es un mercado laboral más rígido y más caro, impracticable a la hora de dar satisfacción a ese gran objetivo que es la creación de empleo, como ya han empezado a mostrar las estadísticas laborales una vez apagado el fulgor momentáneo de esos "fijos discontinuos" que mueven a risa.

No menos grave es que Garamendi y su CEOE hayan apoyado, y firmado, la contrarreforma del sistema de pensiones, suscribiendo la eliminación del factor de sostenibilidad y el establecimiento de la indexación automática con la inflación, una barbaridad cuyas consecuencias, más allá de su efecto sobre las variables macroeconómicas, sufrirá la población española durante mucho tiempo. Otro tanto cabría decir del apoyo prestado -difícil de entender en una organización patronal- a las fuertes subidas, tan desproporcionadas como demagógicas, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La CEOE, en fin, y su organización de autónomos (ATA) han suscrito también el acuerdo por el cual los autónomos pasan de cotizar por la base mínima a hacerlo por ingresos reales, lo que en la práctica supone duplicar la carga fiscal para la mayoría de ellos en los próximos años. Tal es, muy a grandes rasgos, el legado de cuatro años como presidente de la patronal de un hombre que de facto dejó de serlo el 17 de junio de 2021, día en que, entrevistado en directo por Gemma Nierga en TVE, no tuvo empacho en apoyar los indultos a los golpistas catalanes ("si llevan a normalizar las cosas, bienvenidos sean"), una actitud desoladora para todo un "patrón de patronos" cuya mejor cualidad, al margen de su modesto equipaje académico, es la de ser un vasco no nacionalista.

Se ha rendido Garamendi, cierto, pero lo ha hecho porque antes se rindieron los grandes patronos que permanecen agazapados en la sombra sin decir esta boca es mía

¿Y todo ello por qué, a cambio de qué? Por miedo y para evitar males mayores. Si la filosofía del pasado podía resumirse en la firma de acuerdos solo cuando los empresarios obtenían algún tipo de mejora o ventaja, ahora se ha instaurado otra según la cual se trata de "controlar daños: firmamos acuerdos lesivos para el empresariado, porque en caso contrario la cosa podría ser todavía peor". Algo que en la práctica se ha traducido en una actitud servil y entreguista hacia el Gobierno, principalmente, y las centrales sindicales, actitud que no solo no ha aplacado sus exigencias sino que ha contribuido a exacerbarlas. ¿Resultado? Gobierno y centrales han perdido el respeto a CEOE y han convertido a los empresarios, los "ricos", en blanco de sus ataques y en responsables de todo lo malo que ocurre en España. Doña Yolanda ha ido más lejos y se ha atrevido a "amadrinar" una organización fantasma de pymes (CONPYMES) dispuesta en teoría a competir con CEPYME, y a promocionar otras no menos espectrales organizaciones de autónomos (UPTA y UATAE), próximas a UGT y CCOO respectivamente, para competir con ATA y de paso cobrar todas las subvenciones posibles. Sí, de acuerdo, hemos cedido en casi todo, pero al menos podemos presumir de haber acabado con la conflictividad social… Falso de toda falsedad: hay paz social porque la conflictividad perjudica sobre todo al Gobierno, y lo último que desean UGT y CC.OO. es dañar las opciones electorales de PSOE y Podemos.

"Cuevas terminó convertido en una referencia de la transición económica española. De aquella CEOE no queda casi nada. Y de Cuevas queda hoy la copia en pardo sepia de alguien llamado Antonio Garamendi", se dijo aquí el 9 de febrero de 2020 ("Un enemigo formidable"). Echar las culpas de lo ocurrido a este hombre limitado sería no solo una injusticia, sino una flagrante reedición del timo de la estampita. Porque Garamendi es un "mandao" en la plena extensión del término. Un hombre que hace lo que le dicen, que ejecuta las decisiones que adoptan los grandes patronos a cuyas órdenes directas se mueve. Garamendi firma la contrarreforma laboral porque Ana Botín, José María Álvarez Pallete, Carlos Torres, Ignacio S. Galán e Isidro Fainé le dicen que firme. Full stop. Se ha rendido Garamendi, cierto, pero lo ha hecho porque antes se rindieron los grandes patronos que permanecen agazapados en la sombra sin decir esta boca es mía, gente que parece ignorar la especial responsabilidad que un gran empresario tiene contraída no solo con su cuenta de resultados, que va de suyo, sino con la sociedad española y su futuro. Hablamos de una derecha económico-financiera en cierta medida fascinada por el desparpajo con que se mueve ese socialismo casposo de que hace gala Sánchez y su Gobierno, a lo que hay que añadir ese cierto sentimiento de culpa del capitalista acomplejado y una no menos cierta sensación de inferioridad moral e intelectual. Vale la célebre cita del camarada Lenin: "Los burgueses nos venderán la soga con la que les vamos a ahorcar". Cabría decir que nuestros burgueses son tan desprendidos, además de tan locos, que se dejarían conducir mansamente al matadero sin decir ni pío.

Todos ellos (además de CNC, Confemetal y ASEDAS -Mercadona-) quieren la reelección de Garamendi por aclamación, un deseo puesto en solfa por muchos empresarios y organizaciones que consideran que el sujeto no se ha hecho acreedor a semejante premio y que se están organizando para presentar el próximo 23 de noviembre una candidatura alternativa. En esta línea se encuentran Fomento, Cepyme, Asaja, Anfac y varias territoriales importantes. La candidatura que encabezaría Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, no termina de concretarse. La están peinando. El plazo para formalizarlas termina el 8 de noviembre. Aunque no hubiera candidato alternativo, bastaría con que uno solo de los 789 vocales que conforman la Asamblea Electoral pidiera votación para que Garamendi no pudiera ser elegido por aclamación. La correspondiente urna serviría entonces para concretar, vía voto de castigo (voto en blanco), el profundo malestar que hoy invade a la gran patronal con la labor de Garamendi y su junta en los últimos cuatro años.

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