De las dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que, por 7 votos a favor y 4 en contra, han estimado los recursos de amparo interpuestos, el primero por Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos en XIV Legislatura, y el segundo por Arnaldo Otegui, coordinador de EH Bildu, se dice que pueden ser la gran noticia judicial del año recién estrenado. Pero, amén de grande, lo que cabría plantearse es si esta noticia judicial que me propongo glosar es buena o mala.

¿Para quién puede ser buena? A bote pronto, mi respuesta es que para nadie. En su más inmediato sentido, creo que es una mala noticia para todos. El hecho de que el TC quede ante los ojos de la gente como una institución compuesta por magistrados que, sin fundamento, se atreven a enmendar la plana a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es algo que a cualquiera llena de preocupación. Se trata, según pienso, de dos sentencias desatinadas y no tanto porque «amparar» a estos personajes pueda parecerme mal, que me lo parece si se compara con otros recursos de igual naturaleza que ni siquiera son admitidos a trámite, sino por el hecho de que ambas decisiones tienen el aroma de no ser pronunciamientos jurisdiccionales en términos racionales y jurídicos.

Admitamos que, desde su nacimiento en 1979, el TC ha sido objeto de temores y aprensiones por parte de los titulares de algunos órganos de la jurisdicción ordinaria que nunca ha ocultado su mal humor cuando el primero, estimando un recurso de amparo, ha anulado una sentencia de los segundos. El caso más sonado se produjo a raíz de la sentencia del TC que dejó sin efecto la pronunciada por el TS en el «asunto Isabel Preysler», aunque éste ya lo había hecho antes, a propósito del amparo otorgado en un proceso de investigación de la paternidad, donde se llegó a apelar al poder moderador de la Corona para que interviniese como árbitro. En su momento esas actitudes me parecieron impropias de magistrados del TS que, muy lejos de la misión encomendada, tiñeron sus razonamientos de celos y recelos.

Una sentencia dictada para «ajustar alguna cuenta que otra» y sé bien lo que digo, o para que guste a los que ordenan, mandan y encima te nombraron

Ahora bien, según la cuidada información que Gema Huesca nos ofreció anteayer en Vozpópuli, además del asombro que las dos sentencias han producido en el mundo de los profesionales del Derecho, creo que no les falta razón a los magistrados de la Sala 2ª del TS que, según fuentes de todo crédito, han hablado de «una invasión absolutamente desmedida por parte del TC» que «forma parte del proceso de descalificación de las resoluciones del TS prolongada en el tiempo», lo cual da que pensar que cuando la función de juzgar se ejerce desde tribunas extrañas al Derecho, esa tarea es tan estéril como gratuita. Una sentencia dictada para «ajustar alguna cuenta que otra» y sé bien lo que digo, o para que guste a los que ordenan, mandan y encima te nombraron, podrá ser bien vista por los mercaderes del Derecho, pero éste no es, en verdad, el camino que habrían de seguir quienes, desechando la fácil senda de puñeteras tentaciones, están obligados a ser ejemplo en el quehacer judicial.

Soy de los que reconocen que la ley y la conciencia no son las únicas hélices que impulsan el motor de algunos jueces, pero también sé que entre ellas no puede estar la sinrazón. Lo malo no es no tener razón, sino ignorar que carecemos de ella. En el momento de escribir estas líneas las dos sentencias del TC que ocupan mi atención no han sido publicadas, pero por el extracto que de ellas se hace en las notas informativas 4/2024 y 5/2024 emitidas por la Oficina de Prensa del gabinete de Presidencia del TC, mi opinión y, salvo que los textos definitivos me hagan cambiar, cosa que haría con gusto, es que en las dos resoluciones sólo hay una apariencia de juridicidad. Es más, por el extracto de la argumentación ofrecida –en el primer caso, la desproporción de la pena de un mes y quince días que fue impuesta al exdiputado Rodríguez y, en el segundo, que celebrar un segundo juicio vulnera el derecho a no ser juzgado dos veces– no me extraña que se diga que están pronunciadas y firmadas para desautorizar al TS, un fin demasiado evidente y absurdo, como lo demuestra, por ejemplo, que Arnaldo Otegui haya salido a la palestra para denunciar haber sido víctima de lawfare a manos del Tribunal Supremo y reclamar una indemnización económica.

Para mí que alguno de los magistrados del TC, autores y firmantes de las sentencias de mayoría que comento, deberían haberse abstenido. Hay casos y éste es uno, de patente falta de neutralidad

Item más. Si desde antiguo la imparcialidad del juez ha sido una de las exigencias de la justicia, cuya balanza significa que el juez debe ser fiel en todos los asuntos de su ministerio, para mí que alguno de los magistrados del TC, autores y firmantes de las sentencias de mayoría que comento, deberían haberse abstenido. Hay casos y éste es uno, de patente falta de neutralidad por concurrencia de factores subjetivos que empañan la exigible imparcialidad. Balzac escribió que desconfiar de la justicia era un principio de convulsión social. De vivir hoy, seguro que habría actualizado aquel pensamiento, señalando que creer a ciegas en la imparcialidad judicial es renunciar a la democracia.

En fin. Las dos sentencias, obra de los 7 magistrados del TC, son una noticia que, de entrada, podría tomarse a título de broma, pero si la tomamos en serio, la cosa resulta todavía peor porque entonces se juntan, para nuestra desgracia, todas las condiciones capaces de explicar el porqué España, en materia de justicia, también es diferente, pese a los vanos esfuerzos de ciertos españoles para que deje de serlo alguna vez.

Hoy el TC desautoriza a toda una Sala del Tribunal Supremo que, no se olvide, es el órgano jurisdiccional superior de la jurisdicción ordinaria. Mañana, quizá, la historia vuelva a repetirse a propósito de la proyectada ley de amnistía. Sí; algo está pasando al margen de que muchos nos demos o no cuenta de lo que pasa. Estemos muy atentos, pues aún no ha terminado el recuento de los caídos en la guerra emprendida por el TC contra el TS. Ante la situación sería necesario y urgente poner paz y orden para acabar con esa suerte de epidemia extraña que a algunos les impide ser cuerdos y sensatos. Ruego que nadie se dé por aludido, aunque me permita discrepar de quienes piensen lo contrario. También soy consciente de que este artículo que hoy brindo en nada ha de servir a quienes, en palabras de Beltort Brecht, resulta imposible ser justos.

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