Las encuestas son solo encuestas, fotos que apenas reflejan un instante, volátil, como todos los instantes, impreciso, equívoco. Ese lleva tiempo siendo el mantra del aparato del PP. La legislatura es larga y hay mucho tiempo por delante. Y Mariano es mucho Mariano. O no. Porque el presidente del Gobierno acumula ya demasiados instantes en los que su figura refleja un deterioro cada vez más acelerado. Cuando aún no hemos llegado a la mitad de la legislatura, la impopularidad del líder bate récords. El 85 por ciento de los españoles lo quiere fuera del cargo. Y aún peor: el 62 por ciento de los votantes del PP cree que su tiempo “ha pasado”.
El PP sufrió el desgaste de la terrible crisis económica, pero salió vivo porque los ciudadanos entendieron que había cumplido con su obligación. Sin embargo, hasta que los tribunales no lo han acorralado, la cúpula popular ha seguido protegiendo a los actores principales de la corrupción vinculada a sus siglas, siendo responsable necesario, por debilidad o inadmisible omisión, del engallamiento del nacionalismo catalán (¿y ahora del vasco?).
Crisis, corrupción y Cataluña. Tres variables de erosión política, afrontadas de maneras muy diversas, y casi siempre tardías. Y un solo culpable. Porque ha sido la política indolente y rezagada de Rajoy la que nos ha traído hasta aquí, hasta la crisis más grave de nuestra historia reciente. Y es la constatación de que así lo perciben mayoritariamente los ciudadanos lo que ya hace inviable la continuidad de un proyecto encabezado por el político gallego.
Mucho más después de que hayamos conocido que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al PP como “partícipe a título lucrativo” de la trama Gürtel. Es de una extraordinaria gravedad que la sentencia considere judicialmente acreditada lo que la instrucción del caso ya había puesto de relieve, pero la cúpula popular siempre negó: la existencia de una Caja B en el partido consistente en una “estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989”. Y es gravísimo porque lo que revela es la utilización continuada de la mentira por parte de responsables políticos que no pueden seguir ni un minuto más en sus puestos.
Lo que pone de manifiesto la Sala de lo Penal de la Audiencia es que los máximos dirigentes del PP, cuando menos, han mentido al negar sistemáticamente ingresos “provenientes de comisiones” ilegales, de los que Luis Bárcenas llevaba una contabilidad paralela no sometida a ningún control fiscal. Aún más, la Justicia confirma lo que hasta ahora, en términos estrictamente jurídicos, solo era una hipótesis: el Partido Popular montó “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”. Demoledor.
Demoledor y podría decirse que definitivo. Mariano Rajoy y la actual cúpula del Partido Popular podrán esgrimir que ese modelo paralelo e ilegal de financiación fue montado en los tiempos de José María Aznar. Puede, pero han sido los actuales dirigentes los que han utilizado de forma organizada la mentira para negarlo y la presión política, mediática y judicial para evitar que fuera investigado.
Tras una sentencia de esta contundencia, ningún país que se tenga por serio puede aceptar como si nada hubiera pasado la continuidad de los responsables políticos y/o colaboradores de una organización a la que la Justicia acusa de graves delitos. El PP está en su derecho de suicidarse, de hecho es lo que viene haciendo hace tiempo, pero en ningún caso se ha de asumir que en su caída arrastre por el fango la imagen y el prestigio del país al que debió servir con mayor diligencia y lealtad.
El PP huele a cadáver, y la sentencia de Gürtel es un nuevo puñado de tierra sobre su túmulo. No será el último, pero sí se antoja el definitivo. Cuanto más demore Rajoy el anuncio de su retirada, y más tarde en fijar fecha para las nuevas elecciones generales, mayor será el castigo al que seguirá sometiendo a los españoles. El PP tiene difícil solución, pero al presidente debiera quedarle aún la porción suficiente de patriotismo para cumplir con su obligación.
