El asunto de los discursos del odio vuelve a estar de actualidad. Sin ir más lejos, la semana pasada la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña aprobó tramitar por el procedimiento de urgencia una proposición de ley para reformar el reglamento de la institución con el objetivo expreso de prohibir los discursos que promuevan el odio y la intolerancia en la Cámara. La iniciativa ha sido promovida por Esquerra Republicana y de la candidatura de Unidad Popular, quienes no esconden que la reforma va dirigida expresamente contra los parlamentarios de Vox en el Parlament. Como recordarán, en las últimas elecciones autonómicas este partido obtuvo una representación de 11 diputados, convirtiéndose en la cuarta formación de la Cámara por número de escaños, por delante de los comunes y de la CUP.

No es la primera vez que se produce una iniciativa así, con el pretexto de trazar un cordón sanitario en torno a la ultraderecha. La cosa viene del inicio de la legislatura autonómica, pues ya en la misma sesión de investidura la sala se vació cuando tomó la palabra Ignacio Garriga en nombre de Vox. Ahora, con la nueva reforma del reglamento, se persigue prohibir y sancionar ‘los discursos de odio e intolerantes’, que se definen en la proposición de ley del siguiente modo:

‘Se considera como tal el fomento o instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, el descrédito, la difusión de estereotipos negativos, la estigmatización o la amenaza respecto de la mencionada persona o grupo de personas y la justificación de estas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condiciones personales’.

la reforma va más allá, pues quienes no firmen una ‘declaración de compromiso’ a tal efecto no podrán ocupar ningún cargo en los órganos de la Cámara, ni ser ponentes

Vista la amplitud con que se definen, así como los contornos notoriamente vagos e inciertos de la definición, la obligación de no reproducir tales discursos afectará a lo que puede decirse dentro de la Cámara, tanto en los plenos como en los trabajos de las comisiones. Para ello, la presidencia del órgano parlamentario correspondiente podrá sancionar y expulsar a un diputado cuando entienda que falta a dicha obligación. Pero la reforma va más allá, pues quienes no firmen una ‘declaración de compromiso’ a tal efecto no podrán ocupar ningún cargo en los órganos de la Cámara, ni ser ponentes, y no podrán formar parte de ninguna delegación oficial.

A todo esto, por si no se acuerdan, Laura Borrás sigue sin ser relevada como presidenta del Parlament, a pesar de haber sido condenada por los delitos de falsedad documental y prevaricación, con pena de prisión y trece años de inhabilitación. Ya ven las extrañas urgencias de algunos partidos, tanto más sorprendentes cuando se llenan la boca con la ejemplaridad de los diputados y la institución a la hora de justificar la reforma reglamentaria.

Si vamos al fondo del asunto, hay razones suficientes para preocuparse por la libertad de expresión en una institución donde este derecho debería gozar de especial protección, pues en ella no sólo deben estar representadas las opiniones antagónicas, reflejo del pluralismo social, sino que los asuntos han de debatirse pro et contra; por algo se llama parlamento. De salir adelante la reforma, quedará al arbitrio del presidente de turno determinar hasta dónde llegan los límites de una noción tan difusa y controvertida como ‘discursos de odio e intolerantes’, censurando todo lo que a su entender caiga dentro. Que sea promovida por los del cordón sanitario, con el propósito de poner coto a la extrema derecha, hace previsible que el nuevo reglamento se utilizará como instrumento sectario en la lucha partidista.

Allí donde el ejercicio de esas funciones parlamentarias se vea indebidamente restringido y encuentre trabas, es el derecho de los ciudadanos a la participación política lo que resulta lesionado

Con ser importante, no es sólo la libertad de expresión de algunos parlamentarios lo que está en juego, sino las condiciones del ejercicio de la función representativa que corresponde al diputado, lo que los juristas llaman el ius in officium. Y eso son palabras mayores en un régimen parlamentario, pues el desempeño de las funciones del diputado en sede parlamentaria está indisociablemente ligado al derecho de los ciudadanos a participar en política, que se lleva a cabo por medio de representantes libremente elegidos, según establece el artículo 23 de la Constitución. Allí donde el ejercicio de esas funciones parlamentarias se vea indebidamente restringido y encuentre trabas, es el derecho de los ciudadanos a la participación política lo que resulta lesionado. Estamos hablando de uno de los derechos políticos fundamentales en una sociedad democrática, por si hace falta destacarlo.

Como es natural, el parlamento autonómico tiene la potestad de regular el ejercicio de esos derechos y funciones de los representantes a través de su propia normativa, como es el reglamento. Pero esa autonomía legislativa no puede ser ilimitada, según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, sino que encuentra límites cuando esas normas, o las decisiones de los órganos de la Cámara, coartan el ejercicio de derechos y facultades que son consustanciales a la función representativa, sin los cuales no se entendería ésta, o bien cuando impiden su desempeño en condiciones de igualdad de los representantes.

No es casualidad que los magistrados del Constitucional hayan destacado en resoluciones pasadas la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio del cargo representativo, pues de ello depende el respeto por las minorías, que es esencial en un sistema parlamentario. Así lo afirmaba el Tribunal en una sentencia de marzo del año pasado: ‘Sin respeto a los derechos de las minorías políticas, no hay modo de preservar el pluralismo propio del Estado democrático’. Que es tanto como recordar que sin pluralismo político no hay democracia que valga.

Ahí debería haber un límite infranqueable a cualquier pretensión de servirse del reglamento o de los órganos de la Cámara, ya se trate de un parlamento autonómico o del Congreso de los Diputados

El recordatorio venía precisamente en respuesta al recurso de amparo presentado por la parlamentaria de Vox contra los acuerdos adoptadas en la Mesa del Parlamento Vasco. Dichos acuerdos fueron anulados porque la mayoría de magistrados entendió que limitaban indebidamente el ejercicio de sus funciones como diputada, vulnerando la igualdad exigible entre los representantes políticos y con ello el derecho fundamental de los ciudadanos a la participación política. Ahí debería haber un límite infranqueable a cualquier pretensión de servirse del reglamento o de los órganos de la Cámara, ya se trate de un parlamento autonómico o del Congreso de los Diputados, para establecer cordones sanitarios contra determinadas formaciones políticas.

Habrá que ver qué sucede más adelante si el asunto de la reforma reglamentaria catalana llegara alguna vez al Constitucional, viendo la nueva composición del Tribunal; basta pensar que uno de los votos discrepantes de aquella sentencia venía firmado por Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán, ahora presidente y vicepresidenta respectivamente de la institución. Lo que sí nos consta sin lugar a dudas es el propósito de la actual reforma, que no es otro que poner las trabas posibles al desempeño de sus funciones como representantes de los parlamentarios autonómicos de Vox. No es ningún secreto porque así lo han anunciado públicamente sus promotores.

Como conocemos sobradamente que esos promotores, secesionistas y populistas al alimón, no sólo son refractarios, sino abiertamente hostiles ante todo lo que suene a pluralismo político y social (¡no digamos lingüístico!) de la sociedad catalana, pues lo ven como un obstáculo que se interpone en la construcción de esa nación catalana perfectamente homogénea con la que sueñan. Ese es el problema de fondo aquí. Pues nada les gustaría más que poder delimitar a su conveniencia ideológica el perímetro de lo que es políticamente tolerable, como quisieron hacer con el supuesto consenso en torno a la inmersión lingüística. Por eso, al margen de las simpatías que uno tenga por Vox, no deberían impresionarnos las etiquetas de ‘fascista’ o ‘ultraderecha’ que prodigan en abundancia; antes de que existiera Vox las aplicaban con igual liberalidad al Partido Popular o a Ciudadanos, con idéntica intención de dejarlos a extramuros de la democracia. Una democracia en la que, si se les dejara hacer, sólo cabrían ellos.

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