En 2017 Juana Rivas secuestró a sus hijos. Cometió un delito cuando desapareció con sus dos vástagos para no tener que cumplir con el régimen de visitas, y lo hizo asesorada por una persona que ha hecho de la perspectiva de género su modus vivendi. Bastó la palabra de Juana afirmando que su exmarido la maltrataba a ella y a los niños para que el feminismo pancartero la convirtiese en un tótem de su causa. De pronto, quienes debían guardar prudencia por su condición de representantes públicos de todos los partidos, algunos hoy ministros, prefirieron, en su lugar, salir en tropel a afirmar que Juana estaba en su casa. Apologetas del delito de sustracción de menores a costa del erario.
Nadie tuvo a bien presumir la inocencia del exmarido de Juana Rivas. Porque además de regir en el proceso penal, la presunción de inocencia tiene una vertiente social. Pero nuestros políticos prefieren no recordar esa directiva del Parlamento Europeo que les obliga a no referirse en público a ninguna persona como culpable en tanto no haya sido condenado judicialmente en virtud de sentencia firme: ¡menudo engorro es para los amantes de los linchamientos sociales!
El error de Juana fue dejarse llevar por quien le prometió triunfar a costa de convertirla en una mártir para el feminismo, en lugar de por un abogado que enfocase su defensa desde una perspectiva técnica
Ahora que la Justicia italiana ha archivado todas sus denuncias por inverosímiles y apunta a que fueron un instrumento para poner a los niños en contra de su padre, Juana ya no está en la casa de nadie. Está a la intemperie con sus hijos bajo la custodia exclusiva de su padre. El error de Juana fue dejarse llevar por quien le prometió triunfar a costa de convertirla en una mártir para el feminismo, en lugar de por un abogado que enfocase su defensa desde una perspectiva meramente técnica. Alguien que la hiciese comprender que el bienestar de sus hijos menores, pasaba por no utilizarlos en su vendetta personal, por apartarlos del show mediático.
Para lo que sí que ha servido el caso de Juana Rivas es para poner sobre la mesa una realidad que muchos, en aras a la corrección política, se empeñan en negar: las denuncias falsas existen y son muchas más que el tan cacareado 0,001%. Poco parece importarles que, al manipular esta cifra para restarle relevancia al problema, a quien más perjudican no es al denunciado falsamente, que seguro poco les importa, sino a las mujeres verdaderamente maltratadas. Todo el tiempo y recursos que se destinan en casos como el de Juana no se invierten en ellas.
Interponer una denuncia falsa es un delito, pero para que una denuncia se repute falsa y se compute como tal en las estadísticas no basta el mero archivo, sobreseimiento o desestimación del caso: es necesario que, a instancias del afectado, del Ministerio Fiscal o del Tribunal que ha dilucidado el asunto, se inicie un proceso que acabe con sentencia firme de condena.
Pero que prospere una denuncia por este hecho no es fácil y las penas aparejadas por la comisión del delito son de multa, lo que lleva a que las presuntas víctimas de las mismas, y también jueces y fiscales, estén atados de manos. En teoría, para que exista denuncia falsa bastaría con acreditar que se han iniciado actuaciones judiciales como consecuencia de la denuncia. Pero en la práctica, para que prospere el caso se requiere la existencia de cierta proactividad de la víctima en la acusación más allá de la interposición de una mera denuncia, pues si esta última no es ratificada, o la denunciante decide acogerse a su derecho a no declarar, el sobreseimiento o archivo se producirá por la falta de pruebas, lo que no implica necesariamente falsedad en la acusación, sino simplemente la imposibilidad de demostrarla. Y este archivo o sobreseimiento no encuentra reflejo en ese dato del 0,001%. Para que se hagan una idea, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial evidencian que entre un 70 y 80% de las denuncias por violencia de género se archivan o sobreseen. Esto no quiere decir que todas las denuncias que integran estos porcentajes sean falsas. Pero de lo que no cabe duda es que las denuncias instrumentales por violencia de género son muy superiores al 0,001%.
A ello debe unirse que los protocolos de actuación en materia de violencia de género suelen imponer la detención de los denunciados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para su puesta a disposición judicial
Y es que la Ley Integral de Violencia de Género contempla numerosos incentivos para quienes, como Juana, pretenden instrumentalizar las denuncias con fines espurios que nada tienen que ver con el maltrato. No sin cierta lógica, la ley estipula que el hecho de encontrarse encausado por un delito de maltrato pueda acarrear para el acusado la posibilidad de que se acuerde la suspensión del ejercicio de la patria potestad, guardia y custodia, régimen de visitas, etc. A ello debe unirse que los protocolos de actuación en materia de violencia de género suelen imponer la detención de los denunciados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para su puesta a disposición judicial aun cuando el supuesto delincuente no sea sorprendido cometiendo el delito o después de cometerlo (in fraganti), sino simplemente cuando aquellos interpreten que la situación lo aconseje.
Esto conduce a algunas mujeres que se encuentran en pleno proceso de ruptura matrimonial o equivalentes, muchas veces asesoradas por abogados de ética profesional cuestionable, a que caigan en la tentación de instrumentalizar la denuncia por maltrato. Los motivos van desde reforzar su posición en las negociaciones sobre custodia, bienes y/o pensiones en el proceso de divorcio hasta la mera venganza contra su expareja o incluso el acceso a ayudas de contenido económico.
Machista y maltratador
Lástima que no se quiera hablar esto. Una pena que los expertos en politizar los dolores privados hayan encontrado en la violencia contra las mujeres un filón electoral al que enmascaran de lucha feminista. Un pretexto perfecto para colonizar las instituciones y que lo asumamos con normalidad porque, al fin y a la postre, es por una causa noble y por nuestro bien. Es de tal nobleza que cualquiera que alce la voz contra sus soflamas, aunque sea para añadir un matiz, será tildado de machista, de maltratador y, como no podía ser de otra forma, fascista.
Yo sólo les pido que, cuando usen el feminismo y el maltrato para hacer caja electoral, no se erijan en representantes de todas, porque yo no soy Juana, yo no comparto sus pancartas. En lo que a estos temas se refiere, para mí sólo existe un eslogan válido: respeto a la presunción de inocencia, a la independencia judicial y al Estado de Derecho. En definitiva, es lo que separa la civilización de la barbarie.
