Hay que leer la pieza que hoy escribe aquí Jorge Sáinz, relatando los sofocos vividos en la oficina del presidente del Gobierno este pasado lunes. Parece que una vez el borrador de Decreto que preparaba la ministra Ribera (de Transición Ecológica lo llaman) llegó a manos de Sánchez, nuestro preclaro doctor en Economía reclamó la presencia de un experto para que diera el nihil obstat. "Dime si con estas medidas podré cumplir mi promesa de que a final de año los consumidores paguen la misma factura de luz que en 2018". Pedro tenía que ir por la noche a su televisión favorita dispuesto a lucirse, como es habitual en él, ante Franganillo, anunciando la nueva del cerco al intolerable comportamiento del recibo. El experto hizo unos cálculos apresurados y dictó sentencia: "No". Y entonces el bello Pedro montó en cólera y rápidamente urgió a la ministra a incluir de rondón en el texto las exigencias de Podemos al asunto. Había que meterle un hachazo a los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas. Los morados, cuenta Sáinz, no se lo podían creer. Estaban ya con la escopeta lista para poner a escurrir a su socio, Sánchez no cumple, la PSOE otra vez al lado del capital, solo nosotros estamos con los pobres, quina vergonya… Asombrados más que sorprendidos, las tropas de doña Yolanda tuvieron que guardarse sus críticas y celebrar la inesperada victoria. Punto en boca. Sánchez no quiere perder un voto más, y en aras de tan sublime objetivo personal está dispuesto a meter la mano en la caja de unas empresas que cotizan en Bolsa. Lo que haga falta.
El sucedido revela la condición populista de este Gobierno dispuesto a imitar las peores prácticas del chavismo o del kirchnerismo cuando de resolver un problema se trata, con desprecio a los principios de respeto a la ley y a la seguridad jurídica que deben primar en todo Estado de derecho. Viene ello a cuento de la publicación en el BOE del 'Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad'. Unos precios que han pasado del entorno de los 60 euros/MHh que, pese a Filomena, regían en enero, a los 198 euros/MHh a los que llegaron este jueves. Una barbaridad que no tiene visos de mitigarse en el corto plazo. El sistema de fijación de precios de la energía en el mercado mayorista está regulado por Bruselas y a él se unió España en 1997 para cumplir con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Aunque es de sobra conocido, quizá merezca la pena relatar sucintamente el funcionamiento del llamado pool energético, que en esencia consiste en ir casando oferta y demanda desde las energías más baratas (renovables, nuclear, hidroeléctrica) a las más caras (las que utilizan gas y carbón). Así, el último cruce es el que marca precio que, por pura lógica, suele coincidir con los de las más caras cuando, en los picos de demanda, es necesario tirar de ellas porque la oferta de las baratas es insuficiente.
Sánchez no quiere perder un voto más, y en aras de tan sublime objetivo personal está dispuesto a meter la mano en la caja de unas empresas que cotizan en Bolsa. Lo que haga falta
El problema en el caso español es que disponemos de muy poca producción de energías baratas y todavía bastante de las caras. Ni hablar de construir nuevos pantanos porque quien tal osara sería de inmediato tachado de franquista; de las nucleares qué les voy a contar. Pecado mortal. Nadie osa aludir a lo bien que nos vendría contar con alguna más de las que, a trancas y barrancas, siguen funcionando. Chernóbil y Fukushima, sí, y el eterno problema de los residuos, pero aquí no parece preocuparnos gran cosa los 56 reactores que están en funcionamiento en la otra cara de los Pirineos. El petróleo también está maldito, porque es caro y contamina. Y el carbón todavía mucho más. Para añadir nuevos ingredientes al guiso, la eólica no funciona cuando no hay viento y otro tanto ocurre con la solar cuando está nublado. Además, no podemos almacenar la eólica y solar sobrante cuando sopla el viento y luce el sol en demasía. En nuestro loable empeño por acabar con los combustibles fósiles para entregarnos en brazos de las energías renovables, seguimos dependiendo de las centrales de ciclo combinado para atender los picos de demanda. Es decir, somos un país que dependemos en gran medida de los mercados internacionales para producir energía y por tanto estamos sujetos a los vaivenes de los precios del gas y del coste de las emisiones de CO2 (los permisos que necesitan los ciclos combinados para quemar gas), que han escalado a la misma velocidad.
Esta es la madre del cordero. Además de pagar uno de los cánones más altos de Europa por emitir CO2, tenemos que comprar un gas cuyos precios se han disparado en los últimos meses y no parece que la cosa se vaya a arreglar a corto plazo, sino al contrario. "La escasez de suministros comenzó con un invierno largo y frío que agotó las reservas de gas natural", contaba Financial Times este miércoles. "Normalmente, esto se repone durante el verano cuando se apagan las calefacciones. Pero la recuperación de los stocks no se ha producido al ritmo que la industria hubiera deseado. Rusia ha estado enviando menos gas a Europa por razones poco claras, que van desde la necesidad de completar sus propios stocks de cara al invierno, hasta la sospecha de que Moscú está tratando de presionar a los gobiernos europeos, particularmente a Alemania, para que aprueben la puesta en marcha del polémico gasoducto Nord Stream 2". La presión compradora de China, unida, en el caso español, al conflicto entre Argelia y Marruecos, ha hecho el resto.
Pretender acabar con los combustibles fósiles dada la actual estructura de nuestro mix energético nos condena a una situación de penuria para mucho tiempo y, desde luego, a la dependencia exterior en materia de aprovisionamiento de gas. Esto no tiene fácil solución
Tanto o más preocupante que los precios del gas es el coste de los derechos de emisión de CO2. Fieles creyentes de esa prodigiosa doctrina llamada cambio climático, la UE, responsable apenas del 9,7% de las emisiones globales de gases contaminantes, con su Comisión a la cabeza, se ha propuesto conducir al continente por la senda de la nueva religión a cualquier precio. Su vicepresidente, el señor Timmermans, es partidario de encarecer aún más esos derechos "para cumplir los compromisos de clima", venta por la que España recaudará 2.300 millones y más de 20.000 la propia UE. "No hay escasez global de gas, sino derechos de compra de emisiones de CO2 mucho más caros impuestos por las autoridades comunitarias", aseguraba esta semana Bernaldo de Quirós. El resultado es que hace una década España contaba con 14 centrales térmicas de carbón de las que ahora sólo queda una a pleno rendimiento. El resto están siendo desmanteladas a un alto coste en términos de dinero y empleo. "España va camino de convertirse en uno de los países que más rápido se van a desenganchar del carbón", resumía con orgullo El País en junio del año pasado. Mientras tanto, los alemanes siguen quemando carbón como legionarios y no hablemos de los chinos, porque lo de Pekin es de sonrojo. Más de 50 centrales térmicas están ahora mismo en construcción (Global Energy Monitor 2021) en un país que nos exporta su tecnología de renovables mientras se dedica a quemar carbón con fruición. ¿Corolario? Europa parece empeñada en primar la competitividad de la economía china en detrimento de la suya propia.
Es del todo evidente que Pedro Sánchez no es responsable de la escalada de los precios del gas ni de la situación de los derechos de emisión, y mucho menos de la estructura de generación eléctrica de nuestro país, un mercado sobre el que se ha ido acumulando tanta legislación sobrevenida que ya ni los propios expertos lo entienden. En la memoria de todos está la política de primas a las renovables establecida por Zapatero y el agujero (el famoso déficit de tarifa) que provocó, así como la irrupción en escena de Álvaro y Alberto Nadal, los no menos famosos hermanos Dalton, con sus contundentes medidas para arreglar el desaguisado. Pretender acabar con los combustibles fósiles dada la actual estructura de nuestro mix energético nos condena a una situación de penuria para mucho tiempo y, desde luego, a la dependencia exterior en materia de aprovisionamiento de gas. Esto no tiene fácil solución. Abordar de una forma integral el problema exigiría crear un pool distinto, acometer una profunda transformación del sistema de generación, apostando por energías que nos permitan depender de nosotros mismos y no de factores externos, esto es, apostar por hidráulica, nuclear y renovables. Para los expertos William Nordhaus y Michael Shellenberger "no existe ningún camino creíble para la reducción de las emisiones globales de carbono sin una expansión enorme de la energía nuclear", mientras que el analista Robert Bryce, citado por Steven Pinker (En Defensa de la Ilustración), señala que "para satisfacer las necesidades mundiales de energías renovables en 2050 haría falta instalar molinos de viento y paneles solares en un área del tamaño de EEUU (con Alaska), la parte habitada de Canadá, México y Centroamérica".
Nos encaminamos hacia un nuevo conflicto de largo aliento en los tribunales internacionales. Constatación renovada de que a Sánchez lo que le ocurra mañana a este país le importa un collón
Quien haya llegado hasta aquí se habrá dado cuenta de que las compañías eléctricas —tan vituperadas ellas, a menudo con razón—, tienen poco que ver con la vertiginosa escalada de los precios del MWh o con la cotización de los derechos de emisión de CO2 y su ominosa traslación al recibo de la luz que pagan tantos hogares humildes acogidos a la tarifa regulada (clientes residenciales con potencia contratada menor de 10 Kw, poco más de un tercio de los mismos, representando un 10% del consumo total). Son estos clientes de tarifa regulada los que sufren las oscilaciones del mercado horario en el pool, sujeto a la volatilidad de los precios del gas y al mal diseño regulatorio del que son responsables los sucesivos Gobiernos, algo que no soportan los clientes del mercado liberalizado (tarifa no regulada), que representan el 90% del consumo total en España. Ambos modelos comparten, sin embargo, una estructura de tarifa enloquecida, donde el coste de la energía consumida apenas representa el 27,7% del total, por el 20,5% los peajes, y hasta un 50% de cargos e impuestos.
De lo que sí es plenamente responsable este Gobierno es del nuevo ejercicio de demagogia, populismo e ineptitud plasmado en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, que no va a solucionar los problemas del recibo de la luz de los hogares acogidos a la tarifa regulada, en tanto en cuanto siguen ligados a los precios del gas y a la volatilidad del mercado. Pegarle un tajo a los supuestos "beneficios extraordinarios" de las empresas es un nuevo ejercicio de demagogia con el que este Gobierno de cenizos piensa recuperar imagen entre su clientela electoral, algo que además de dañar a las compañías perjudicará a España como potencial receptor de inversión extranjera. Las pérdidas de las eléctricas en bolsa (en torno a los 15.000 millones) no se deben tanto a las ventas del pequeño accionista como a la salida de los grandes fondos que huyen de la inseguridad jurídica y el incremento del riesgo país que supone el Decreto. Nos encaminamos hacia un nuevo conflicto de largo aliento ("utilities have a strong case to challenge the decisión", Citi), en los tribunales de justicia internacionales. Trabajo extra para los mejores bufetes del mundo. Y la constatación renovada de que al sujeto de la Moncloa lo que le ocurra mañana a este país le importa un collón. Se trata de saber "si con estas medidas podré cumplir mi promesa de que a final de año mis votantes paguen la misma factura de luz que en 2018". Un país en manos de inepto bandolero.
