Una de las características del gobierno de Pedro Sánchez es la enorme brecha de profesionalidad y de experiencia que existe entre los ministros del PSOE y los de Podemos. A diferencia de la mayoría de los ministros de Podemos, casi todos los ministros socialistas tienen trayectorias extensas. No son perfectos: en alguno de ellos (los menos) se echa en falta más conocimiento de su área concreta de competencias; y a otros, de formación tecnócrata, les falta experiencia política. Pero detalles y diferencias ideológicas al margen, los ministros socialistas son buenos ministros. Me consta que muchos de ellos tienen autentica vocación de servicio público; que aunque a veces cometan fallos -¡quién no los comete!- son personas éticas; y que varios de ellos podrían tener mucha más tranquilidad y además estar ganando más dinero haciendo otras cosas. Quizás no lleguen todos a la altura del equipo de Macron (que con alguna excepción es estupendo) o de Merkel, pero desde luego les dan mil vueltas a los ministros de Boris Johnson por poner un ejemplo.
Esa trayectoria profesional y ética de los ministros socialistas es lo que hace difícil de entender que no hayan discrepado abiertamente de la propuesta de Pedro Sánchez la semana pasada de pedir el estado de alarma obviando el control parlamentario durante seis meses. Puede que el estado de alarma sea necesario durante todo ese tiempo, y quizás incluso durante un período más largo; pero toda limitación de los derechos fundamentales requiere un estricto control parlamentario.
Proceder incoherente
La ausencia de disensión por parte de los ministros ha provocado la indignidad de que la rectificación de Pedro Sánchez (aceptando volver al Parlamento a rendir cuentas cada dos meses, lo cual ya es demasiado tiempo) haya tenido que ser a instancia de un partido nacionalista que cuestiona la Constitución, Esquerra Republicana de Catalunya, y no a instancia de los ministros.
La propuesta de Pedro Sánchez es incoherente con el proceder de la mayoría de esos ministros cuando todavía no formaban parte del Gobierno. Muchos de ellos hubiesen criticado ese tipo de medida si la hubiesen propuesto otros partidos, especialmente si se hubiese planteado por parte de la extrema derecha. O si se hubiese hecho en otros países: si esto lo hubiese propuesto por ejemplo Orban en Hungría o Morawiecki y Kaczynski en Polonia.
La mayoría de los ministros socialistas tiene un recorrido profesional tan sólido y establecido que siempre va a tener opciones profesionales interesantes a su alcance
Una posible explicación es que tengan miedo de discrepar abiertamente porque en la política española, desafortunadamente, se sigue pagando un alto precio por disentir. Pero, por muy vengativo que quiera ser el poder, la capacidad de acción contra los ministros socialistas actuales es limitada. Por mucho que alguien quiera excluirles de trabajos o de puestos nacionales o internacionales (que son cosas que ocurren y no solo con este presidente) la mayoría de ellos tienen un recorrido profesional tan sólido y establecido que siempre van a tener opciones profesionales interesantes a su alcance.
Responsabilidad solidaria
La otra posible explicación, quizás más probable, es que los ministros solo se sientan responsables de su área de competencias y no de todas las decisiones que toma el Gobierno, tanto en sus ámbitos de competencia como fuera de ellas. Pero el articulo 108 de la Constitución establece con claridad meridiana que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Es decir, que la responsabilidad del gobierno es colectiva; y que las decisiones del gobierno comprometen a todos y cada uno de sus miembros. Todos y cada uno de ellos son responsables colectivamente de querer imponer un estado de alarma de medio año sin el control minucioso y constante del parlamento.
Imagino que varios de esos ministros pensarán que las cosas están mejor en el país mientras ellos sigan en sus puestos. Y puede que también piensen que, al menos, mientras están ahí pueden ir matizando las decisiones y encauzándolas hacia un mejor camino. Somos muchos los que también lo pensamos. Pero por muy buenas intenciones que tengan los ministros, la semana pasada cruzaron una línea roja: nada puede justificar que hayan participado silenciosamente en el intento de Pedro Sánchez de limitar los derechos fundamentales eludiendo el control del Parlamento.
