Pocas dudas pueden caber sobre la intensa zozobra e incertidumbre que asolan a la sociedad española, circunstancia provocada por la concurrencia de varios factores cuyo efecto acumulativo golpea con inusitada fuerza a nuestro estado de ánimo presente y a nuestra confianza en el futuro.

De una parte, asistimos sobrecogidos al actual caos en el que se encuentra sumergido el tablero político internacional. El siempre débil equilibrio entre bloques resultó seriamente tocado cuando el tirano Putin invadió Ucrania. La diferente reacción de los diversos países ante la heroica defensa de su integridad territorial y de su independencia nacional por parte de los ucranianos está mostrando la debilidad de las bases en las que se apoya el orden mundial. A su vez, los diferentes posicionamientos sociales y políticos ante la acción militar con la que Israel, en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, está respondiendo al bestial atentado perpetrado en su territorio el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás, evidencia hasta qué punto el cáncer del relativismo está socavando la conciencia democrática en el mundo.

Pero si el entorno exterior está así de revuelto, no pintan mejor las cosas en nuestro orden interno. Acaba de finalizar una legislatura convulsa con una coalición gubernamental integrada por la izquierda socialista y la ultraizquierda comunista y antisistema, apoyada en una mayoría parlamentaria que incluye un partido independentista actor del intento golpista de 2017 y una formación que representa al entorno social y político de ETA. La acción del Gobierno se caracterizó por la colonización de las instituciones del Estado, por la ruptura de los consensos básicos de nuestra democracia y por la consciente y deliberada fractura de la sociedad española. Pero la que acaba de iniciarse no augura mejoría alguna en el escenario, sino más bien lo contrario.

Así, la posible repetición del Gobierno de coalición precedente requiere que a sus anteriores apoyos

parlamentarios se añada la del grupo político que dirige el rebelde Puigdemont, un prófugo de la Justicia que lleva cinco años intentando denostar donde, cuando y cuanto puede a la democracia española. Además, para lograr reeditar el citado Gobierno resulta preciso que se amnistíe a todos los delincuentes que de un modo u otro participaron en la más delictiva y más grave agresión contra la Constitución desde el intento de golpe de Estado acaecido en 1981, así como el diseño de una autopista que permita recorrer a los independentistas catalanes el trayecto hasta su icónico referéndum de autodeterminación, llámese como se denomine. La única alternativa hoy posible consiste en una repetición de elecciones que, no lo olvidemos, se produciría por tercera vez consecutiva. En uno y otro caso, estamos ante la prueba irrefutable del tambaleo de los cimientos de nuestra arquitectura política.

Lo peor es que España va a tener que afrontar los envites de la crisis con una considerable endeblez, fruto de la irresponsable y alocada gestión económica desarrollada durante el quinquenio 2018-2023

Por si todo lo anterior fuera poco, los vientos de una seria crisis económica empiezan a azotar los árboles de nuestra economía española. Son ya muchos los indicadores que, pese a la manipulación de las estadísticas oficiales, así lo atestiguan. Lo peor es que España va a tener que afrontar los envites de la crisis con una considerable endeblez, fruto de la irresponsable y alocada gestión económica desarrollada durante el quinquenio 2018-2023.

Convengamos que el escenario no puede ser más descorazonador. Sin embargo, nos queda la Corona. Una institución regulada en el Título II de la Constitución que permanece seria, sólida y fiable, sorteando a viento y marea los complejos avatares de las tres crisis antes expuestas. Que es la única instancia que concita el reconocimiento y el apoyo de la inmensa mayoría social de los españoles, hecha la excepción de ciertos grupos antisistema cuya representación y representatividad es claramente minoritaria. Una institución regida por dos titulares desde 1978, Juan Carlos I y Felipe VI, que en ambos casos han sabido estar a la altura que exige la alta magistratura que han desempeñado y desempeñan. Que en los peores momentos por los que ha atravesado nuestra democracia constitucional han sido capaces de actuar en la dirección correcta, atendiendo al anhelo mayoritario de la sociedad española. Así lo hizo en Rey Juan Carlos en 1981, y así lo hizo el Rey Felipe en 2017.

Sin duda, en cada una de esta dos intentonas golpistas los españoles hemos tenido la fortuna de contar con un Jefe de Estado situado al frente de la defensa de nuestro régimen constitucional. La tuvimos en la madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981, cuando Juan Carlos I dirigió en persona la enérgica resistencia contra el golpe pretendido por las pistolas de Tejero. Y la tuvimos en octubre de 2017 cuando, pocos días después del intento golpista de Puigdemont, Junqueras y sus seguidores, el magistral discurso de Felipe VI reivindicó con valentía las bases de nuestra democracia constitucional sentando las bases para protegerla.

La princesa Leonor dará un paso necesario para, en su momento, recoger el testigo que le dejará su padre como titular de la Corona y de la Jefatura del Estado

Entre ambos sucesos, también antes del primero y después del segundo, los dos monarcas han sabido cumplir adecuadamente con la función constitucional que les está encomendada, evitando enfangarse en las disputas partidistas y manteniendo la neutralidad política que les es exigida. De ahí que la Corona se haya asentado como la única institución que está al margen de los bandazos y banderías en demasía presentes en nuestra democracia.

Este martes tiene lugar un acto solemne y de enorme trascendencia para el presente y futuro político de España. Es más que un acto simbólico, porque al jurar la Constitución en el Congreso de los Diputados, la princesa Leonor dará un paso necesario para, en su momento, recoger el testigo que le dejará su padre como titular de la Corona y de la Jefatura del Estado. Su misión será emular la ejemplar trayectoria de sus dos predecesores sirviendo a España y a su democracia, cumpliendo el rol institucional conferido al Rey -en su caso, a la Reina- en la Constitución.

La jornada servirá también para comprobar dos realidades políticas hoy presentes en España. Se comprobará que una gran mayoría parlamentaria, y, por tanto, también social, se mantiene en la institucionalidad y en el respeto a las leyes y a la Constitución. Y se comprobará, al tiempo, que una exigua minoría parlamentaria, y por tanto también social, anda echada al monte y ayuna del respeto a las reglas y a las costumbres institucionales y constitucionales. En este sentido, es lamentable que determinados grupos parlamentarios hayan anunciado su ausencia al acto de mañana. Pero además de lamentarlo, es obligatorio señalar que lo grave del caso es que los ausentes forman parte de la mayoría parlamentaria que apoyó al Gobierno en la pasada legislatura y de la que, en su caso, va a apoyar al que puede constituirse si Sánchez logra finalmente su investidura. Se trata de una auténtica anomalía democrática, una muesca más que añadir a la culata del revolver con el que Sánchez está agujereando la dignidad y la institucionalidad de la democracia constitucional nacida en 1978. Tampoco ha sido Sánchez capaz de abrir la boca para afear la conducta de estos grupos antisistema en los que se apoya cuando rompen la previsión constitucional de acudir a consultas con el Rey tras cada cita electoral. O cuando anualmente intentan boicotear la fiesta nacional con su ausencia a los actos que se celebran cada 12 de octubre.

Pero no importa. La solvencia, seriedad y fiabilidad de la Corona le permiten sortear estos intentos de boicot o sabotaje sin que resten un ápice la general identificación que con ella sentimos la inmensa mayoría de los españoles. Mayoría inmensa que seremos capaces de reconocer la trascendencia política del acto solemne de la jura en las Cortes, por el que se da un paso más en la perdurabilidad de la única institución que nos queda fuera de la bandería política diaria.

De manera que abstrayéndonos del mísero colectivo que no desea un futuro común y en paz para todos, mañana es un día para constatar que afortunadamente nos queda la Corona y exclamar con entusiasmo ¡Viva España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey! y ¡Viva la Princesa!

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