Las Directrices del Plan Anual de Control Tributario de 2023, publicadas en el BOE el pasado lunes 27 de febrero, no aportan demasiadas novedades respecto a las decisiones que viene tomando la Agencia Tributaria en los últimos años. Decisiones, en muchas líneas, poco acertadas, para más especificación. Estas Directrices vuelven a ser una declaración de intenciones y no una hoja de ruta real, pues hay dos grandes inconvenientes que impiden hacerlas efectivas: el déficit de personal y la falta de competencias de los técnicos de Hacienda, de quienes -en buena medida- depende el logro de los objetivos marcados en este Plan.

Uno de los puntos más destacados de este Plan Anual de Control hace referencia a la salida a la calle de la inspección para “recobrar la actividad en las tradicionales visitas que se vienen efectuando por la Agencia Tributaria desde hace muchos años, y que se suelen denominar como peinados fiscales".

Estas inspecciones estarán destinadas a perseguir a los sectores en los que el peso de la economía sumergida es especialmente preocupante. En este sentido, se pondrá la lupa sobre la construcción inmobiliaria, en general, y las obras de rehabilitación y reforma, en particular.

Esto, tal y como está expresado, puede sonar novedoso, pero lo cierto es que no lo es. En la Ley de Prevención del fraude, de 2021, ya se establecía la necesidad de prestar más atención a la economía sumergida, y de aumentar las plantillas, para acercarnos así a la media de trabajadores que tienen las administraciones tributarias europeas. Sin embargo, para estar en la misma órbita que nuestros vecinos necesitaríamos un aumento de cerca de 20.000 empleados relacionados con el control tributario. Una cifra que, como mínimo, incita a la preocupación. Así pues, será difícil llenar las calles de técnicos, inspectores y agentes tributarios en vistas del grave problema de déficit de personal que tenemos.

Para estar en la misma órbita que nuestros vecinos necesitaríamos un aumento de cerca de 20.000 empleados relacionados con el control tributario

Otra de las cuestiones que más nos preocupan es el caso omiso que se está haciendo a nuestro reclamo de cambiar, de manera inminente, el modelo de control. Si esto se hiciera, se podría desplazar la lupa hacia los supuestos de grandes defraudadores referidos a grandes patrimonios y grandes sociedades, que son aquellos que más daño hacen al erario público.

Respecto a la falta de competencias, la problemática es similar: las tareas pendientes acumulan años de retrasos. A partir de 1999, los técnicos de Hacienda perdimos el control sobre los expedientes en los casos de “especial dificultad sobrevenida”. Esto quiere decir que en los casos de descubrimiento de una simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal, no tienen competencia para continuar con los expedientes, a pesar de haberlos detectado. A raíz de esto, las denuncias a la Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda pública no han dejado de descender desde 2011. Las previsiones no son nada positivas. Y, si todo se mantiene igual y no se recuperan las competencias, en la última década estas denuncias continuarán desplomadas hasta un 82%.

Al margen de estas dos cuestiones, también echamos en falta la referencia a otro punto que ya se incluyó en las disposiciones adicionales de la ya mencionada Ley de Prevención de fraude de 2021 y que ha quedado totalmente olvidado. En tal ley se apuntaba la necesidad de elaborar un informe sobre economía sumergida. A día de hoy, ni se ha hecho ni se espera que se haga. De ahí que nos preguntemos cómo es posible que la persecución contra este tipo de economía sea efectiva si no tenemos la información suficiente sobre qué viene ocurriendo y cómo.

¿Cómo es posible que la persecución contra este tipo de economía sea efectiva si no tenemos la información suficiente sobre qué viene ocurriendo y cómo?

Otro de los focos hacia los que apunta este Plan de Control es el de las monedas virtuales y los criptoactivos. El texto señala que “estrechamente ligado al mundo financiero se encuentran las operaciones que se realizan con monedas virtuales. Durante el año 2022, se ha mantenido la atención del control fiscal sobre la inversión en monedas virtuales por los riesgos fiscales que estas operaciones conllevan. Ello justifica el mantenimiento en el año 2023 de las actuaciones iniciadas en años anteriores cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias derivadas de las transacciones realizadas, así como el control de su correcta tributación”.

Sin embargo, en vistas del retraso que está afectando a la aprobación de la modificación del reglamento que debería concretar las obligaciones de suministrar la información que establecía la ley antifraude, todo apunta a que decaerá el control de la tenencia de las proliferantes monedas virtuales.

Por último, consideramos conveniente recordar que desde hace años venimos reprochando que en la presentación de resultados por parte de la Agencia Tributaria no se haga un análisis exhaustivo del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos o actuaciones prioritarias a las que se hace referencia en las Directrices.

En definitiva, y en tanto se sigan obviando todas estas cuestiones, este Plan Anual de Control caerá una vez más en saco roto, como si de un nuevo brindis al sol se tratara.

Carlos Cruzado es presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)

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