“Dadme una palanca y moveré el mundo”. Probablemente con esa idea se presentó el pasado 13 de abril una versión ampliada del documento “España puede”, base del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español. Dicho Plan, que formalmente sigue pendiente de aprobación definitiva y remisión a Bruselas antes de 30 de abril, consta de “diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país”.
Dentro de esas palancas hay hasta 30 componentes que en esta ocasión se describen con bastante más detalle que en la versión inicial de octubre. Detrás de ellos se adivina un gran trabajo de análisis y sistematización por parte de mucha gente, y eso es algo de agradecer. En cuanto a las reformas que han de acompañar al Plan, se deducen de los componentes y se correlacionan en el Anexo con las recomendaciones del Semestre Europeo, aunque no se da gran detalle sobre su contenido específico. Sabemos que se están negociando con los agentes sociales y tenemos algunos indicios a través de noticias en prensa, pero habrá que esperar antes de tener un calendario de hitos de reforma que Bruselas se encargue de seguir.
La nueva versión del "España puede" no despeja, por desgracia, muchas de las dudas de funcionamiento práctico. El qué está cada vez más claro, pero el cómo es aún confuso. Las empresas (sobre todo, pymes) siguen intentando adivinar si van a tener que presentarse a líneas de subvención, buscar socios inversores o leerse pliegos de licitación de obra. En teoría el Comité Técnico iba a ayudar a la sistematización, pero al igual que con el Registro de PERTEs que iba a salir antes del 31 de marzo, parece que habrá que esperar hasta el último minuto.
La necesaria e imprescindible modernización integral que la Administración española lleva necesitando décadas será, en gran medida, una mera dotación de medios informáticos
Se ha escrito ya mucho sobre las reforma del mercado de trabajo, pensiones y sobre la reforma fiscal. Tiempo habrá de hablar de ellas, pero a mí me preocupa especialmente la cuarta palanca, la reforma de la Administración. Como palanca se denomina “Una Administración del siglo XXI”, pero en la tabla 3 del Plan que lista las 20 reformas más importantes consta como “Modernización y digitalización de la Administración”. Aunque al ver los detalles quizás debería llamarse mejor “modernización por digitalización de la Administración”, ya que parece que la necesaria e imprescindible modernización integral que la Administración española lleva necesitando décadas será, en gran medida, una mera dotación de medios informáticos.
Y no es que dotar de más medios informáticos a la Administración sea mala idea. Al contrario. Que se lo digan al SEPE, o a los tribunales de Justicia. Pero una reforma verdadera de la administración exige muchas más cosas. Por lo menos, cuatro.
Lo primero de todo, una reforma integral del marco regulatorio en España, que exige una gran simplificación normativa. La inflación legislativa comienza a ser abrumadora. De Lucio y Mora-Sanguinetti han analizado el coste en términos de eficiencia de la complejidad regulatoria en España, complejidad que no sólo se mide por la cantidad de normas estatales y autonómicas, sino por elementos cualitativos como su ambigüedad lingüística o el número de referencias a otros documentos legales. No se puede legislar bien sin hacer normas breves y claras, porque las complejas y sujetas a múltiples interpretaciones terminan judicializando las relaciones económicas (pensemos, por ejemplo, en la jurisdicción laboral).
La administración española es de corte napoleónico, basada en el control a priori, pero con escasa transparencia y responsabilidad difusa centrada sobre todo en el funcionario
El segundo elemento que falla en la Administración es la distribución de responsabilidades. La administración española es de corte napoleónico, basada en el control a priori, pero con escasa transparencia y responsabilidad difusa centrada sobre todo en el funcionario. En el siglo XIX quizás lo lógico era que cualquier autorización administrativa requiriera la comprobación previa exhaustiva del cumplimiento de todos los requisitos por parte de un funcionario, pero en una Administración del XXI quizás habría que trasladar más confianza y, con ella, más responsabilidad hacia el administrado.
Así es como funcionan algunas administraciones bastante eficientes como la británica: se basan en la confianza a priori, pero con transparencia y rendición de cuentas a posteriori. Es el propio administrado el que certifica el cumplimiento de los requisitos legales de muchos negocios, pero el peso de la ley recae de forma implacable si se descubre una falsedad. En España es al contrario. Un profesor de universidad que quieren acreditarse ante la ANECA ha de pedir hasta el último certificado de asistencia a seminarios en los últimos años, en vez de limitarse a enumerarlos y luego, si hace falta, demostrar uno o dos de ellos elegidos aleatoriamente. Burocracia a priori en vez de responsabilidad a posteriori.
El tercer elemento que falla es la flexibilidad para la asignación de recursos, materiales y humanos. Para evitar el abuso, la solución que existe es el café para todos y la ineficiencia y rigidez a la hora de contratar. El acceso a la función pública debe basarse en el mérito y la capacidad, pero es hora de lograrlo con mecanismos flexibles. Eso sí, esperemos que a nadie se le ocurra empezar la reforma de la administración simplificando el acceso a la función pública sin mejorar antes el sistema de controles, equilibrios y contrapesos, porque así sólo fomentaríamos el amiguismo.
El cierre de dos laboratorios
En todo caso, no nos engañemos: esa rigidez es incompatible con una auténtica transformación de la economía. En los últimos años el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha tenido que cerrar los dos principales laboratorios que estudiaban en España el virus de la gripe porque sus directores se jubilaban y no se pudo conseguir un contrato fijo para ninguno de los especialistas que trabajaban con ellos. Si queremos transformar España a base de contratos temporales para nuestros mejores científicos no vamos a llegar muy lejos. Ya sabemos que los fondos europeos no permiten la financiación de gastos recurrentes (es decir, la contratación de personal fijo), pero quizás es hora de buscar una mayor flexibilidad en contratación en ámbitos como la ciencia o la universidad. Eso sí, como siempre, con transparencia y control a posteriori.
Resulta lógico creer que los mismos empleados públicos que a duras penas gestionaban unos pocos miles de millones de fondos europeos, no tengan miedo a tramitar ahora 27.000 millones en 2021 a toda prisa
Sin estos cambios no es posible lograr la cuarta reforma, la de alineación de objetivos. El Plan de Recuperación incluye algunos comentarios sobre el refuerzo de las unidades de la Administración encargadas en el control de uso de los fondos, pero ni una sola línea al refuerzo de las unidades de gestión. Con una legislación administrativa anticuada, espoleada por un Real Decreto-ley que obliga a tomar con gran rapidez decisiones que implican mucho dinero vigiladas por mil ojos, resulta difícil de creer que los mismos empleados públicos que a duras penas gestionaban unos pocos miles de millones de fondos europeos, no tengan miedo a tramitar ahora 27.000 millones en 2021 a toda prisa.
¿Saben lo que puede pasar? Que muchos empleados públicos honrados, trabajadores, voluntariosos (que son la inmensa mayoría, no lo duden) no van a tener ningún incentivo para asumir la responsabilidad de adjudicación apresurada de miles de millones para que luego les echen la culpa de todos los errores. Porque ya saben que la frase preferida de un mal político para evadir su responsabilidad es “yo hice lo que me dijeron los técnicos”. Pues bien, sin una adecuada reforma de procedimientos de la administración mucho más ambiciosa que la del Real Decreto-ley, un refuerzo considerable de recursos humanos –aunque sea temporal– y de formación a todos los niveles de la administración (central, autonómica y local), cuando presionen a los técnicos para adjudicar se van a encontrar con otra frase famosa: “eso usted me lo pone por escrito”. Y eso terminará arruinando la absorción de recursos.
Muchos piensan que Arquímedes dijo eso de “dadme una palanca y moveré el mundo”, pero la verdad es que no dijo eso exactamente. Según cuenta Papo de Alejandría, la frase exacta de Arquímedes, al hablar de palancas, fue “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. La palanca la daba por supuesta. De la misma forma, muchas políticas palanca del Plan de Recuperación no funcionarán si la palanca de la reforma y modernización de la Administración no tiene un buen punto de apoyo.
