La semana pasada los gobiernos autonómicos del PP anunciaron que no aplicarán la ley que permite pasar de curso sin importar los suspensos.
Por esas mismas fechas, la vicesecretaria nacional de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, aseguró que su partido no va a aplicar "las medidas más lesivas" de la ley Celaá en las comunidades autónomas en las que gobierne. Beltrán calificó la nueva Ley de Educación de "sectaria e ideológica" porque "está escrita con la mano de Iglesias y Rufián". Y alguien tan aparentemente moderado como Alberto Núñez Feijóo anunció, que, en contra de lo que establece la Lomloe, no otorgará el título de Bachillerato con asignaturas suspensas ni el de ESO con más de dos sin aprobar.
Después de esta estocada al cumplimiento de una ley, orgánica para más señas, ¿qué autoridad le queda al PP para enojarse y escandalizarse por el anuncio que acaba de hacer la Generalitat de Cataluña en relación con la sentencia del Supremo sobre el uso del castellano en la educación? Efectivamente, el Tribunal Supremo ha confirmado que los alumnos de Cataluña deben recibir como mínimo un 25% de su enseñanza en español. En una providencia notificada la semana pasada, el alto Tribunal rechaza el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Para más recochineo, Aragonès ha defendido que el Gobierno debe proteger el uso del catalán "mientras Cataluña siga siendo parte del Estado español"
El fallo ya es firme, pero para el consejero de Educación de esa Comunidad Autónoma, como el que oye llover. Josep Gonzàlez-Cambray declaró que nadie va a tocar el modelo de inmersión y advirtió a los centros educativos que deben ignorar la sentencia. Imagino a los profesores de Derecho de las Universidades catalanas enseñando a sus alumnos que en Cataluña las leyes se aplicarán o no en función del deseo de las autoridades competentes catalanas. En este caso, el consejero de Educación afirmó que “las escuelas no han de hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos” porque “estamos ante un nuevo ataque frontal por parte de los jueces que desconocen lo que pasa en los centros catalanes”.
Y para que no quedara ninguna duda, el presidente Pere Aragonès ha dicho con solemnidad que "el modelo no se toca", y ha tachado la sentencia del Supremo de "ataque". Para más recochineo, Aragonès ha defendido que el Gobierno debe proteger el uso del catalán "mientras Cataluña siga siendo parte del Estado español". “¡Cuán largo me lo fiais, amigo Sancho!”
Y como la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, ha sido criticada por priorizar el castellano en Instagram, para defenderse y no aparecer como una youtuber en busca del laic perdido como la han adjetivado algunos, además de implorar el mismo trato que le dan a Rufián, que sí puede hablar en castellano, pide que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano lo hagan en centros privados. No se sabe si la alcaldesa pagará el coste de esa enseñanza a quienes, procedentes de otras provincias españolas, acaben de llegar a Cataluña para trabajar de peones albañiles o a aquellos otros que cobren el salario mínimo y que quieren que sus hijos aprendan el catalán sin tener que estudiar toda la etapa obligatoria en una lengua que les llevará tiempo dominar. No resultaría extraño que quienes se autocalifican de izquierdas no tengan inconveniente en unir a la barrera económica la barrera lingüística, para que quienes vienen predeterminados por la renta ahonden su marginación por el idioma. Pensará la alcaldesa que para barrer calles y poner ladrillos no hace falta superar el bachillerato.
Cuando los ciudadanos te conceden la potestad de gobernar y juras o prometes cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo haces poniendo como aval tu conciencia y honor
Y para que no falte de nada en el país más rico del mundo, como dice el spot publicitario, pero también el más desobediente, cabe recordar que el 12 de noviembre de 1981 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 39/81 de 28 de octubre por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. En el artículo 3.1 se establece que “la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado”. Este punto es una de las normativas que se rompen con frecuencia desde instituciones que reclaman la independencia del Estado. Se incumple la legislación con fines ideológicos y políticos sin que pase absolutamente nada.
Siempre estuve convencido de que cuando los ciudadanos te conceden la potestad de gobernar y juras o prometes cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo haces poniendo como aval tu conciencia y honor. Pues parece que en España la conciencia y el honor quedaron olvidados en los códigos de caballería. No sé qué se quiere expresar cuando se dice “hacer cumplir” si cuando hay que enfrentar un incumplimiento se mira para otro lado.
