Una de las medidas más inteligentes tomada por el gobierno de Rajoy fue la creación del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) que surgió, fruto de la necesidad, en julio de 2012. En esos meses la prima de riesgo volaba y se hablaba de pedir el rescate a la UE (que finalmente ocurrió aunque fue parcial) y las autonomías o bien no encontraban forma de conseguir colocar su deuda en los mercados financieros o para hacerlo debían pagar tipos exorbitantes. En mayo de aquel año, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, llegó a pagar un 7% a seis meses para poder encontrar financiación, tipos incluso superiores a los que pagaba Grecia. En el mercado secundario incluso se llegó a los dos dígitos porque muchos inversores no querían tener deuda autonómica y estaban dispuestos a ofrecer altas rentabilidades por quitársela de encima. Entonces el Gobierno central se comprometió, a cambio de un pequeño diferencial, a suministrarles la liquidez que necesitaban a aquellas CCAA que lo pidieran.

El Gobierno central se comportó como la UE o el FMI cuando dan auxilio financiero a un territorio: lo condicionan a un mejor control presupuestario

Además de abaratar costes (al fin y al cabo el déficit autonómico, que se disparaba aún más con el pago de intereses tan elevados, se suma al del estado), el FLA generó una dependencia financiera de algunas autonomías hacia el estado central (que en algunos casos se ha prolongado hasta hoy), algo que políticamente podía tener algún valor (aunque en mi opinión Rajoy no lo ejerció) ya que justo 2012 fue el año en el que A. Mas decidió dejar de ser oficialmente autonomista a oficialmente independentista, arrastrando en su decisión a casi todos sus votantes (entonces su formación era Convergència que siempre se presentaba en coalición con Unió, ya extinto). El gobierno central aprovechó para condicionar los créditos y los tipos de interés del FLA a la reducción del déficit autonómico, que fue el gran protagonista de la bajada del déficit presupuestario desde el 10,47% de 2012 al “exitoso” 4,3% de 2016. De hecho, 2016 resultó ser el primer ejercicio desde que se tienen registros en el que las CC.AA. cumplieron con el objetivo de déficit. El FLA ayudó, junto a las amenazas de Montoro (que se hicieron extensibles a los ayuntamientos, por ejemplo impidiendo que el superávit de Madrid de la alcaldesa Carmena se gastara, obligando a que se usara para reducir deuda) de retirarlo. Es decir, el Gobierno central se comportó como la UE o el FMI cuando dan auxilio financiero a un territorio: lo condicionan a un mejor control presupuestario.

No obstante, con el tiempo el FLA debería haber desaparecido ya que siempre es mejor que las autonomías (muchas, como Madrid, ya lo han hecho) vuelvan a los mercados para financiarse en lugar de depender de que España entera se endeude aún más para ellos. En la actualidad quien más “tira” del FLA es Cataluña seguida, a bastante distancia, de la Comunidad Valenciana y, aún un poco más lejos, Castilla la Mancha. El FLA ha vuelto a la actualidad porque parece ser que se plantea, para conseguir el apoyo de Junts para la investidura de Sánchez, una condonación de dicha deuda de algunas autonomías (actualmente sólo son ocho las que siguen usando el FLA). Toda deuda que se deje de pagar al estado central, es más deuda para España, es decir, nadie perdona nada, simplemente se reparte un endeudamiento de un territorio sobre todos los demás. Esto por supuesto es tremendamente injusto e insolidario pero no es algo nuevo tras unas elecciones y tiene su origen en nuestra ley electoral y en la arcaica existencia de circunscripciones en lugar de tener una sola en la que todos los votos de cada español valgan lo mismo.

No sería tan grave si los dos grandes partidos en lugar de pactar entre sí, prefieran hacerlo con formaciones políticas para las que España no es su prioridad

Esta vez, el PSOE se ha visto perjudicado por la ley electoral ya que con menos de 400.000 votos que el PP ha quedado a 16 escaños de distancia, así que no tiene sentido que nunca ambos grandes partidos hayan abordado esta cuestión que hace que ciertos partidos con voto muy concentrado en una misma circunscripción estén sobrerrepresentados en el Parlamento. Es el caso de Bildu y PNV, claves en la gobernabilidad con poco más de 600.000 votos entre los dos que les otorgan 11 escaños. El ejemplo extremo es el de UPN, que tiene uno con menos de una tercera parte de los votos de Pacma. Que la voluntad de los españoles no se vea reflejada es malo, aunque no sería tan grave si los dos grandes partidos en lugar de pactar entre sí, prefieran hacerlo con formaciones políticas para las que España no es su prioridad.

Que haya partidos cuyo objetivo principal sea separar a sus territorios de España (y lo que eso implica: disminuir el tamaño, la población y el PIB del país para siempre, es decir, empobrecerlo y disminuirlo) y se hayan convertido en la clave para la gobernabilidad es algo ciertamente insensato. Sin embargo, los votantes del PSOE han decidido democráticamente que es mejor esto -lo que lleva haciendo desde que llegó al poder- a que Sánchez intente un pacto con Feijóo. Y hay que respetarlo, pero si ya de por sí tiene poco sentido que Euskadi tenga unos privilegios exclusivos, si para conseguir que Sánchez sea presidente se reparte entre todos los españoles deuda generada especialmente por Cataluña (casi la mitad de todos los fondos del FLA han sido para ella), implica que la izquierda apoya aumentar la desigualdad entre territorios mejorando las condiciones de las autonomías más ricas a costa de las demás. Y todo esto para una posible investidura de Sánchez que no garantizará nada puesto que cada ley habrá que negociarla con todos y cada uno de los “socios”, y el apoyo deberá ser abonado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado -de todos- si el tipo de cesión es económico, que me temo no será el único tipo de cesión.

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