Opinión

Un presidente bajo esos indicios no puede seguir en el cargo

Un presidente bajo estos indicios delictivos de corrupción en su núcleo más cercano, no puede permanecer en su cargo

La resolución de la Audiencia Nacional por la que eleva al Tribunal Supremo los indicios de criminalidad contra José Luis Ábalos marca un antes y un después en el sanchismo. Y no sólo porque reafirme las sospechas de que todo un exsecretario de Organización del PSOE sea tildado de miembro “principal” de una organización criminal, o porque Ábalos fuese el cooperador necesario de Pedro Sánchez para que pudiese ganar las primarias del partido en 2017 después de haber sido defenestrado por sus propios compañeros unos meses antes. Marca un antes y un después en el sanchismo porque la Audiencia Nacional ha involucrado directamente al “1”, es decir, a Pedro Sánchez en el sospechoso rescate de Air Europa. Un presidente del Gobierno, bajo estos indicios delictivos, no puede permanecer en su cargo porque, bien sea por acción, bien lo sea por omisión, es el máximo responsable de que el PSOE como partido y La Moncloa como institución estén cercadas por la corrupción. En el olvido quedan las duras palabras de Ábalos o del propio Pedro Sánchez contra la corrupción que les sirvieron de coartada para justificar una moción de censura. Hoy es la corrupción sin matices la que sitúa a Sánchez en el vértice de conductas que tanto en el seno del PSOE como de su propio entorno familiar más directo le señalan de modo determinante.
Sin duda, no es la mejor semana de Sánchez. En sólo tres días ha visto cómo su fiscal general del Estado se debe someter a una instrucción penal en el Tribunal Supremo en calidad de investigado, es decir, de imputado. También ha visto cómo su número dos en el partido durante años y su confidente más señalado, Ábalos, se va a enfrentar desde ahora a gravísimas acusaciones delictivas como cohecho o prevaricación. Y en tercer lugar, viene comprobando cómo dos instancias judiciales, la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia, han desmontado punto por punto todos sus artificiales alegatos contra la tesis de que las acusaciones contra Begoña Gómez son una invención de medios de comunicación no afines, o de un juez empecinado en una persecución injustificada. Los problemas se le han multiplicado al presidente del Gobierno en horas porque ya ni siquiera los relatos impostados de La Moncloa o las inverosímiles invenciones de ministros como la portavoz ofrecen la más mínima credibilidad. 
El salto de calidad es sustancial. Es inevitable que las salpicaduras por corrupción no alcancen ya a Sánchez, que siempre exigió responsabilidades políticas, más allá de las jurídicas, a la oposición por casos mucho menos graves. Ahora es incapaz de aplicarse los propios principios y valores que preconizaba, y que en realidad jamás puso en práctica porque de lo que se trataba era de alcanzar el poder a toda costa y aferrarse a él ocurra lo que ocurra, cediendo a chantajes inasumibles o sumiendo al PSOE en el fango de sus propias mentiras. Si Sánchez supo de la corrupción en su entorno, debe marcharse. Y en el caso altamente improbable de que no la conociese con los indicios que están apareciendo, o de que utilice, como ya hace, la absurda versión de que fue engañado y sorprendido en su buena fe por colaboradores desleales como Ábalos, debería dimitir por su incapacidad manifiesta para ver lo ocurría junto a él, en su núcleo duro más compacto. 
El poder, para Sánchez, no es una cuestión de reputación, sino de supervivencia. Desde esta perspectiva, el cinismo que vienen demostrando sus socios de legislatura es elocuente. Son intransigentes con la corrupción de la derecha, pero complacientes con la del sanchismo. Y simulan mirar hacia otro lado con tal hipocresía que sólo demuestran idéntico desahogo que el sanchismo frente a una lacra como la corrupción. De igual modo, es deplorable la permanente estrategia del “y tú más” que con tanta diligencia suele poner en marcha el Gobierno para eludir el foco de atención y trasladarlo al PP. Lo que ha afirmado la vicepresidenta María Jesús Montero vuelve a ser inquietante. ¿Por qué sabe ella que “tendremos más información que a todos nos escandalizará”, anunciando que en los próximos días habrá informaciones relativas a Isabel Díaz Ayuso? Como mínimo, ese tono amenazante incita a pensar que el Gobierno no sólo es incapaz de gestionar sus propios escándalos, sino que además se ha empecinado en fabricar otros en la oposición para tratar de compensar su propia degradación. 
No es sólo el asalto institucional y el vuelco al sistema con conductas autocráticas y decisiones de un intervencionismo autoritario incompatibles con la democracia. Lo que pretende el sanchismo es sencillamente justificar la corrupción como herramienta para sostenerse en el poder aunque sea de una manera tan inestable y tan perjudicial para los intereses de todos los españoles. El sanchismo se ha convertido en sinónimo de corrupción y si algo se está desvelando es que todos aquellos discursos de regeneración, transparencia y limpieza eran tan falsos como las excusas que hoy pone Sánchez para no presentar su dimisión de inmediato.

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