Los partidos políticos, como otros grupos humanos son sistemas sociales, tensionados entre la permanencia y el cambio. Se identifican básicamente por siglas, liderazgo e ideología y tienden a mantenerse si ganan prestigio y éxito electoral, en su defecto suelen refundarse o desaparecer. El cambio está representado por liderazgos alternativos, cuadros directivos, sistemas de selección de cargos, estrategias y programas políticos, financiación, marketing, comunicación y propaganda.

Así sucede en la actual democracia española: UCD, democristiana y liberal, fue decisiva en la Transición, luego desapareció. El PC, marxista, pasó de 23 a 4 escaños entre 1979 y 1982, mutó en IU, pero entre 1986 y 2011 osciló entre 18 y 2 escaños.

Dos grandes partidos nacionales han protagonizado la vida política española: el PSOE, refundado en la Transición como partido socialdemócrata, logró su última mayoría parlamentaria hace 37 años, en 1986, se mantiene con altibajos y cambios que considero después, y el PP, refundado de AP, conservador, logró su última mayoría parlamentaria en 2011. En las primeras décadas del XXI han aparecido partidos de ámbito nacional, como UPyD y C’s, liberales, desaparecidos; UP (con confluencias regionales), neocomunista, ha oscilado entre 65 y 33 escaños entre 2015 y 2019, pero en las últimas elecciones, la izquierda neocomunista se presentó con las siglas de Sumar, logró 31 escaños de los cuales 5 son de UP, 5 de IU, 2 de Compromís, 2 de Más Madrid, etc. Vox, conservador, desgajado del PP, ha oscilado entre 52 y 33 escaños entre 2019 y 2023. Además, están los partidos de ámbito regional y local con representación parlamentaria nacional, consecuencia del sistema electoral general. En todo el periodo constitucional, muchos de estos partidos han desaparecido; otros no, como los partidos regionales secesionistas.

El sistema electoral erróneamente permitió que los partidos separatistas tuvieran representación en las Cortes, que sólo “representan al pueblo español” (art. 66 CE). No ha funcionado, no se han integrado, sino todo lo contrario

Visto con perspectiva, el escenario ideológico dominante, a grandes rasgos, ha sido la dualidad complementaria entre socialdemócratas y conservadores de los grandes partidos nacionales, con apoyos de partidos regionales secesionistas catalanes y vascos a cambio de recursos y cesión de competencias. Este ha sido el paradigma entre 1979 y 2015. El eje alternativo de dos grandes partidos alineados a derecha e izquierda del centro es factor de equilibrio en las democracias liberales, pero, en nuestro caso, hay una anomalía: los partidos secesionistas. En la Transición hubo la voluntad de integrar a los partidos secesionistas (lo fueron desde el principio) en la unidad política nacional. El sistema electoral erróneamente permitió que estos partidos tuvieran representación en las Cortes, que sólo “representan al pueblo español” (art. 66 CE). No ha funcionado, no se han integrado, sino todo lo contrario. Hoy los enemigos de la Nación sientan cátedra en las Cortes y afianzan privilegios, con los grandes partidos en minoría, incapaces de unirse. Así, las Cortes no sirven al interés general de los españoles.

La conservación de la comunidad política nacional ha funcionado mientras existió un equilibrio entre PP y PSOE al integrar a la mayoría de los ciudadanos en la unidad política. Ya no. Con todo, funcionó durante las dos primeras décadas desde la Transición. Ahora está roto y amenaza la integridad del sistema constitucional, de principios, valores e instituciones.

En las últimas cinco legislaturas, desde 2015, ni PP ni PSOE han obtenido mayoría absoluta para gobernar y los secesionistas exigen su proyecto máximo: todas las competencias de un Estado y la autodeterminación en contra de la Nación de españoles y el orden constitucional.

En 2018, Pedro Sánchez, líder autoritario del PSOE, rompe con la tradición socialdemócrata del partido desde la Transición, aliado con comunistas y secesionistas se hace con el poder en la moción de censura contra Rajoy. En las tres legislaturas siguientes, en minoría, dos en 2019 y 2023, se mantiene en el poder con gobiernos de coalición socialcomunista y apoyos de los secesionistas catalanes y vascos, pero ahora el precio es la amnistía, esto es, la impunidad por delitos cometidos a conciencia contra la Constitución, malversación, violencia y traición a la Nación, y el derecho de autodeterminación. Sánchez, para ser investido presidente, ha tenido que tragar y ceder a la voluntad de los delincuentes que son decisivos mientras dure esta aciaga legislatura.

El camino emprendido por Sánchez aleja al PSOE de ser un partido de mayorías en toda España. Una amplia mayoría de españoles han perdido la confianza en el PSOE como evidencian las elecciones generales, autonómicas y locales. Sólo tiene mayoría en Castilla-La Mancha. En Asturias gobierna en coalición con comunistas (IU, Podemos), y en Navarra gobierna, siendo el segundo partido, con secesionistas (EH Bildu y GBai).

La doctrina oficial del líder supremo es girar alrededor de líderes que trasciendan la marca PSOE. Esta deriva, arrastra al PSOE a la condición de partido mercenario

Sánchez da por perdido al PSOE como partido mayoritario. Para conservar el poder hace suyos los proyectos populistas y secesionistas de partiditos locales y regionales, con liderazgos personalistas que atraen votantes. Es el modelo aplicado en las recientes elecciones gallegas: el PSOE gallego mimetizado en el BNG. La doctrina oficial del líder supremo es girar alrededor de líderes que trasciendan la marca PSOE. Esta deriva, arrastra al PSOE a la condición de partido mercenario. Sí, en efecto, en una primera acepción, mercenario es un soldado o tropa que por un salario se vende para servir en la guerra a un poder extranjero. Aplicado a un partido político es venderse para servir a los intereses de otros partidos (secesionistas y populistas) a cambio de sus votos para detentar el poder.

En esto ha convertido Sánchez al PSOE más allá de los relatos construidos para afines que se propalan en medios subvencionados. En la Transición mutó de partido marxista revolucionario a partido socialdemócrata, esto es socio-liberal, homologable con partidos similares en democracias occidentales. Desde Zapatero y ahora con Sánchez abandona la ortodoxia socialdemócrata y muta al populismo postmoderno, cuyo ejemplo son las pseudodemocracias de algunos países hispanoamericanos. Una vez logrado el poder democrático tienen “todo el tiempo del mundo”, como dice Sánchez, para utilizar instituciones y recursos con que crear un régimen autoritario dogmático, proselitista y clientelar orientado a evitar el cambio político. Cuando esto sucede la democracia liberal muere y esa sociedad vive en un régimen revolucionario de perfil neocomunista.

Sánchez ha afianzado su omnímodo poder: domina ejecutivo y legislativo, y avanza en el control del judicial, manda en los medios públicos e induce la línea editorial e informaciones de muchos privados a través de subvenciones y publicidad

Es un grave riesgo para la España actual la concentración de poder en un hombre, sin contrapesos, mercenario de las élites secesionistas que ha empoderado. Esta deriva rompe con la tradición liberal de la democracia, regida por el principio de equilibrio de poderes como condición necesaria para conservar la integridad de la comunidad política. Frente al absolutismo y el despotismo, el pensamiento ilustrado, desde el siglo XVIII, ideó las condiciones políticas y sociales del estado moderno basado en el Estado de derecho, libertad individual, propiedad privada, igualdad ante la ley, carta de derechos, separación neta de poderes y control del poder. De estas fuentes (Locke, Montesquieu, Tocqueville, Bobbio…) bebe el constitucionalismo moderno, especialmente el posterior a la segunda guerra mundial, por las experiencias totalitarias en Alemania e Italia, con la prevalencia del Derecho (Kelsen) sobre la voluntad de poder (Schmitt). La historia evidencia siempre que cuando un hombre tiene poder siente la inclinación de abusar de él, como expuso Montesquieu en De l’exprit des loix, 1748. De ahí la importancia de la separación de poderes y los contrapesos como garantía del principio ilustrado: “el poder frena al poder”. El equilibrio de poderes es condición de libertad, núcleo de la vida civilizada.

Contrariamente, los poderes en la Constitución española no están separados, sino simplemente divididos funcionalmente y carece de contrapesos efectivos. Por estas rendijas Sánchez ha afianzado su omnímodo poder: domina ejecutivo y legislativo, y avanza en el control del judicial, manda en los medios públicos e induce la línea editorial e informaciones de muchos privados a través de subvenciones y publicidad. Eso mismo hacen los poderes secesionistas en las autonomías que controlan. En estas condiciones la libertad cede a la arbitrariedad porque se desguazan los factores de unidad nacional, se rompe la igualdad de los españoles, donde los secesionistas, con mando en plaza y sin caución del Estado, imponen obligaciones lesivas de derechos personales, como las lingüísticas y culturales discriminatorias contra la lengua común española.

Tres grandes escándalos políticos, en los pocos meses que dura esta legislatura, muestran el perfil de este gobierno:: legalizar la impunidad contra la Constitución (eso es la proposición de ley de amnistía) como transacción mercenaria de pago por votos, la dejación de responsabilidad en la protección efectiva de fronteras contra el crimen organizado (tráfico de personas y drogas) con el luctuoso efecto de la muerte indebida de Guardias Civiles (Cui prodest?) y, ahora, el caso Koldo, de corrupción socialista al más alto nivel.

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