Opinión

La reforma del sí es sí

El consentimiento ya se encuentra en el corazón de la reforma que ahora se pretende volver a reformar por su catastrófico resultado

  • La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso -

Se anuncia la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del “Sólo sí es sí”. Entró en vigor el 7 de octubre de 2022. Y hoy, ni cuatro meses después, ha dado como resultado que 338 depredadores sexuales han visto rebajadas sus condenas penales, y otros 32 han resultado excarcelados. Este es el balance a la hora de escribir el presente artículo.

Balance escandaloso, indigno, es una chapuza jurídica de gran alcance. Y tanto más si echamos la vista atrás y recordamos que esa ley era la ley estrella del Ministerio de Igualdad que ostenta la Sra. Irene Montero. Que se nos vendió que era una ley absolutamente feminista para proteger a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Que nos dijo que esa ley sería imitada en otros países de nuestro entorno.

Todo era mentira. Y lo más grave es que el Gobierno estaba advertido de las consecuencias de esa ley en forma de rebajas de pena y de excarcelaciones. Así, el Consejo General del Poder Judicial advirtió en su día “la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”.

También, en sede parlamentaria, la diputada del Partido Popular, Sra. Marta González Vázquez avisó que “Una vez más tenemos que recordar que realmente, en la práctica lo que va a suponer es una rebaja en las penas de los delitos más graves, algo que no creemos que estuviese en la voluntad de quienes han redactado este texto, pero que al final será una consecuencia sobrevenida de su falta de previsión y de su falta de aptitud”.

Más todavía, en los últimos días hemos conocido, tras una entrevista a la exvicepresidenta Carmen Calvo, que ella era consciente de los riesgos que corría el entonces proyecto de ley en cuanto a las rebajas de penas, como así viene sucediendo día tras día. Lo declaró ella misma.

Hemos soportado el amargo sentido del humor de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez -por apodo “Pam”-, bromeando sobre esa ley perversa

Todo dio igual. En un caso de auténtica imprudencia temeraria, el Gobierno, cuajado de juristas, desdeñó olímpicamente las advertencias de lo que se ha venido produciendo desde la entrada en vigor de esa ley. Las consecuencias las vemos día a día.

Hemos soportado durante este tiempo los empeños de la Sra. Irene Montero de hacer prevalecer su ley, su negativa hasta el infinito de cambiarla en lo más mínimo, su capricho de poder. Como hemos soportado el amargo sentido del humor de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez -por apodo “Pam”-, bromeando sobre esa ley perversa.

Hemos soportado las declaraciones extravagantes de la Sra. Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, empeñada en asegurarnos que esa ley sería imitada en otros países de la Unión Europea. Hemos soportado la idea de Unidas Podemos de que las excarcelaciones de violadores obedecían a un empeño de la derecha judicial para desacreditar a la Sra. Irene Montero. Como si los jueces hicieran otra cosa que su misión de aplicar las leyes. Como si olvidáramos que en España más de la mitad de la judicatura está ostentada por juezas.

Cuando las cosas son así, lo que nos haría homologables de verdad al resto de países de nuestro entorno europeo sería, desde luego, el cese o dimisión inmediatos de la ministra responsable de semejante espanto legal, Sra. Irene Montero, por su absoluta incompetencia en su cargo. Y lo que nos hace incompatibles con Europa en este caso es, precisamente, su mantenimiento gravoso en su cargo ministerial.

Los depredadores sexuales seguirán beneficiándose de las rebajas de pena o de las excarcelaciones que dicten los tribunales obligados por la ley del “Sólo sí es sí”

Ahora, visto que mantener esa ley se hace imposible -¿se imaginan que a algunos de esos agresores sexuales excarcelados les diera por reincidir?-, el PSOE anuncia una nueva proposición de ley para reformar la tan deplorablemente aprobada. Pero hasta que eso suceda, los depredadores sexuales seguirán beneficiándose de las rebajas de pena o de las excarcelaciones que dicten los tribunales obligados por la ley del “Sólo sí es sí”.

Ahora el ministro Sr. Bolaños anuncia que la proposición de ley contará con los mejores juristas, con los más agudos especialistas en la materia. Las preguntas son sencillas: ¿con quién contó entonces para hacer esa ley lastimosa que pasó por alto las advertencias que señalaban lo que iba a suceder, y así sucedió?; ¿cuál es el extraño fanatismo de la ministra Sra. Montero que produce estos sufrimientos?

Se nos dice también, desde el sector socialista, que la llave de la ley es el consentimiento de las mujeres, como si alguna vez hubiera sido de otra forma. Siempre, siempre, ha sido el consentimiento de las mujeres la clave para sentenciar en nuestros tribunales si había, o no, agresión sexual. Por tanto, el consentimiento ya se encuentra en el corazón de la reforma que ahora se pretende volver a reformar por su catastrófico resultado que vulnera la confianza de la población en las normas esenciales que castigan las agresiones sexuales.

Ignoramos a estas alturas qué hará Unidas Podemos respecto de esa proposición de ley socialista que ahora se anuncia. Hasta ahora siempre ha puesto el “no” por delante de cualquier reforma que se pretenda de esa ley desdichada. Al contrario, el Partido Popular ha anunciado que apoyará la reforma para evitar los odiosos efectos que la ley del “Sólo sí es sí” está produciendo cada nuevo día en España.

Pase lo que pase, lo cierto es que el Gobierno debe una disculpa pública al pueblo español por la pésima manera legislativa de hacer las cosas. Y por su abuso de la esperanza en la protección del Estado, que ha de perseguir, castigar e impedir los delitos de agresiones sexuales, tan sensibles para toda la población, especialmente para las mujeres.

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