No hay sistema electoral perfecto y la variedad de procedimientos para conformar la composición de las asambleas parlamentarias que existen en el mundo es muy amplia y obedece a criterios políticos y a tradiciones muy distintas. En España, la Constitución fija la provincia como circunscripción electoral y establece la proporcionalidad a la hora de determinar el número de diputados que corresponde a cada número de sufragios otorgados a los diferentes partidos. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que data de 1985, especifica de manera detallada cómo asignar escaños a las fuerzas que concurren mediante la llamada ley d´Hondt, atribuyendo un mínimo de dos diputados a cada circunscripción provincial. Se favorece así a los grandes partidos frente a los pequeños y a las zonas del país más rurales y con menos población en comparación con las más urbanas y densamente pobladas. Otro efecto de este sistema es la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas, cuyos votantes están fuertemente concentrados en unas pocas provincias de elevado censo. Todos estos factores hacen que a opciones como Ciudadanos y Podemos un escaño les cueste mucho más caro en papeletas a nivel nacional que al PP o al PSOE o que partidos con un apoyo muy uniformemente distribuido a lo largo y ancho del territorio, como fueron UPyD o IU, obteniendo resultados mejores en términos globales que los nacionalistas, acaben teniendo menos escaños que éstos en el Congreso, lo que puede ser visto como injusto.
Un sistema electoral ideal debe combinar representatividad, estabilidad política, autonomía del diputado y la existencia de un vínculo real entre representantes y representados"
Este es un debate que se viene planteando desde hace mucho tiempo y que resurge de acuerdo con las circunstancias de cada momento. En estos días, Ciudadanos y Podemos, cuya relación se había ido enfriando hasta la congelación, han retomado el contacto precisamente para intentar acordar una reforma de la ley electoral con la evidente intención de cambiar el sistema para no salir perjudicados como sucede con el actual. Si bien esta preocupación de las hoy tercera y cuarta fuerzas parlamentarias -digo hoy porque todo apunta a que el orden puede experimentar cambios espectaculares en un próximo futuro a favor de Ciudadanos- es comprensible, ni de lejos se corresponde con los verdaderos problemas de la normativa electoral vigente, que son mucho más graves que los que legítimamente motivan el presente activismo reformista de Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Un sistema electoral ideal debe combinar de forma equilibrada la representatividad, la estabilidad política, la autonomía del diputado y la existencia de un vínculo real entre representantes y representados. Juzgado a la luz de estos parámetros, nuestro sistema electoral es un perfecto desastre. Los ciudadanos desconocen quiénes les representan, el Parlamento es un agregado de empleados de los respectivos jefes de partido que obedecen lanarmente sus dictados, y la representatividad, como ya he dicho, es manifiestamente mejorable. En El PP y en el PSOE, los aparatos centrales elaboran las listas en función de la lealtad al mando con independencia de los méritos de los candidatos, y las circunscripciones de gran tamaño, algunas con millones de votantes, eliminan cualquier asomo de relación entre los ciudadanos y sus teóricos representantes. La división de poderes se diluye peligrosamente porque el grupo parlamentario del partido del Gobierno se convierte en un manso apéndice de Ejecutivo. Este deprimente panorama se agrava con un Reglamento del Congreso pensado para dificultar al máximo el control del Gobierno por parte del legislativo.
Ojalá Ciudadanos y Podemos se decidan a atacar este trascendental tema con auténtico ánimo regenerador, más allá de sus inquietudes partidistas de corto plazo"
Sería, pues, magnífico que Ciudadanos y Podemos, en sus negociaciones para acordar una posible reforma del sistema electoral, fueran más allá de sus necesidades inmediatas en cuanto a mejorar la proporcionalidad y entrasen en el fondo del asunto para proponer una nueva ley que corrigiese las profundas deficiencias que padecemos. Es verdad que una modificación seria del método actual requería probablemente retocar los artículos 68.2 y 68.3 de la Constitución, pero teniendo en cuenta los dos precedentes de reforma constitucional realizados con encomiable velocidad y consenso, valiéndose del artículo 167 de nuestra Ley de leyes, esto no plantearía un obstáculo excesivo.
Un Congreso de cuatrocientos Diputados formado a través de un sistema mixto tipo alemán, con la mitad de sus señorías elegidos en circunscripciones pequeñas de demografía aproximadamente uniforme por un sistema mayoritario a dos vueltas como se hace en Francia, y la otra mitad proporcionalmente en listas de partido en circunscripción única nacional, podría ser una solución aceptable que mitigaría significativamente los inconvenientes de la LOREG. Esta reforma, sumada a otra que garantizase la democracia interna de los partidos, aclararía satisfactoriamente el firmamento político español. Ojalá Ciudadanos y Podemos se decidan a atacar este trascendental tema con auténtico ánimo regenerador, más allá de sus inquietudes partidistas de corto plazo. Una ocasión más para la frustración o la esperanza de una sociedad que empieza a estar harta de que los políticos -véase el esperpento separatista catalán- se dediquen a malbaratar recursos y a generar ineficiencias en lugar de canalizar el talento, la creatividad y el trabajo de los españoles hacia la prosperidad y el bienestar que merecemos.
