Amnistía Internacional presentó la semana pasada un impactante informe sobre la violencia en Venezuela al que tituló "Esto no es vida". Tras una concienzuda investigación sobre el terreno, los expertos de la ONG concluyeron que el Gobierno de Nicolás Maduro es responsable directo de la violación del derecho a la vida de miles de venezolanos.
No es ya una criminalidad desatada que ha colocado a Venezuela como uno de los países más violentos del mundo, sino la ola de ejecuciones extrajudiciales y juicios sumarios que azota al país desde hace años. Ahí están los números como demostración. Entre 2015 y 2017 hubo en Venezuela 8.292 ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado según Luisa Ortega, la ex fiscal general de la República huida del país desde agosto de 2017.
Nos encontramos por lo tanto ante un caso claro del Estado contra el pueblo, un Estado que emplea tácticas militares contra la población civil y que lo hace de manera sistemática e inclemente. Todo en un entorno de colapso absoluto en todos los órdenes de la vida que ha ocasionado la mayor crisis de refugiados de la historia de América.
El fallo multiorgánico que afecta a Venezuela se verifica en el miedo pavoroso que hay a salir a la calle a cualquier hora del día. Los venezolanos están desnutridos y sus niveles de vida han caído a cotas africanas, pero es en el permanente sobresalto en el que vive la población donde el régimen bolivariano ha tocado fondo.
En 2017 fueron asesinadas en Venezuela 26.616 personas. A modo de comparación, en ese mismo periodo en España hubo 308 asesinatos
La seguridad ciudadana hace muchos años que dejó de existir. Los asaltos son tan comunes que se dan por hechos. Se ha asumido como normal que estar en la calle se asemeje a un deporte de riesgo, para el caso de altísimo riesgo. En 2017 fueron asesinadas en Venezuela 26.616 personas. A modo de comparación, en España hubo 308 asesinatos en el mismo periodo con 17 millones de habitantes más.
La estadística, por descontado, es oficiosa. En Venezuela no está bien visto informar sobre la delincuencia. En el paraíso bolivariano no hay crímenes o no debería haberlos. A estas alturas los padres de la revolución habían vaticinado que los venezolanos nadarían en la abundancia. El Gobierno manipula los datos y, cuando son innegables, los matiza o trata de explicarlos en clave política. Los dirigentes chavistas han cargado las culpas de la ola de criminalidad que no cesa sobre todo tipo de chivos expiatorios que van desde los videojuegos al cine de acción pasando, naturalmente, por el malvado capitalismo (o los residuos del mismo), que conspira contra la revolución también en los callejones.
El hecho es que el asesino más implacable del país no es otro que el propio Estado. Los cuerpos de seguridad no se andan con chiquitas, a la primera disparan, ya sea en la calle o en la comisaría tras una buena ración de palos. Morir a manos de la policía es algo tristemente común. Se calcula que uno de cada cinco homicidios registrados en 2016 fue perpetrado por las fuerzas del orden. Estamos hablando de más de cinco mil personas, las mismas que, de promedio, son asesinadas en España durante 17 años.
Prácticamente todas estas ejecuciones quedan impunes. La política de mano dura contra el crimen faculta a los agentes a disparar sin preguntar y con la tranquilidad de que nunca se investigará nada. Si la policía actúa así es fácil imaginar cuál es el proceder de los delincuentes.
Justicia por la propia mano
En Venezuela se mata por cualquier nimiedad: un teléfono móvil, unas zapatillas deportivas o algo de comida. Se han reportado casos de asaltantes que entran armados en viviendas para llevarse lo poco que hay en la despensa, es decir, azúcar, harina pan y algo de aceite. La sensación de indefensión es total, de modo que esto ha dado pie a que se encienda otra mecha en la espiral violenta: la justicia por propia mano.
Los linchamientos de "malandros" están a la orden del día ante la pasividad de las autoridades, lo que aumenta el clima de impunidad y de vivir en un lugar en el que la ley existe, pero que sólo se aplica -y con gran dureza, por cierto- en cuestiones políticas. En Venezuela manifestarse contra el Gobierno puede costar la vida o muchos años de cárcel en infames prisiones bajo condiciones inhumanas y controladas por clanes del crimen organizado.
Entre 2014 y 2017 fueron detenidos en el país más de 12.000 personas acusadas de protestar contra el Gobierno. A partir de abril de 2017 las manifestaciones se intensificaron ocasionando una ola represiva como nunca se había visto en Venezuela. Se estima que a día de hoy hay más de 300 presos políticos. Durante las protestas la policía y los grupos parapoliciales, los famosos colectivos, asesinaron a 67 personas, la mayor parte de ellas por impacto de bala.
Estamos ante un caso claro del Estado contra el pueblo; un Estado que emplea sistemáticamente tácticas militares contra la población civil
La comunidad internacional ha elevado innumerables quejas al ejecutivo de Maduro pero de nada ha servido. El chavismo hace tiempo que se quitó la careta y ante la crisis general provocada por sus propias políticas sólo piensa en la supervivencia. Maduro y los suyos han concentrado tal cantidad de poder en unas pocas manos, que es imposible abordar este problema sin cuestionar la legitimidad misma de un régimen que hoy carece de apoyo popular, y que se sustenta única y exclusivamente sobre el ejercicio de una violencia indiscriminada sobre la población civil.
Como en las peores dictaduras la represión no es algo puntual, es constante, forma parte de la naturaleza del régimen. Como consecuencia inevitable de lo anterior se ha militarizado. La maquinaria represiva no descansa nunca. Cualquiera puede ser detenido en cualquier momento por casi cualquier cosa.
Los candidatos con más papeletas para vérselas con la policía son los críticos con el Gobierno, en especial los activistas de la oposición y los periodistas. Pero también pueden caer simples oficinistas, como ocurrió hace unos meses cuando detuvieron a once empleados de Banesco acusados de atacar el bolívar.
El patrón es siempre el mismo. Elementos militares allanan la residencia o el centro de trabajo de las víctimas, los detienen y los procesan en tribunales castrenses. Una vez condenados pasan a cumplir la condena en penales militares en los que las visitas de los abogados defensores y los familiares están muy restringidas.
El Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), fundado por Hugo Chávez en 2009, ha terminado mimetizándose con la difunta Stasi germanoriental en métodos y objetivos. Hace batidas periódicas sobre las dianas que señala el Gobierno. No hay garantías. Son procedimientos de inteligencia militar convertida ya en política de Estado contra la disidencia.
Hasta este extremo ha llegado la desesperación del Gobierno de Maduro frente al descrédito creciente tanto fuera como dentro del país. Fuera llueven las sanciones, dentro la desafección de las capas populares es ya absoluta. Una revolución, en definitiva, apoyada por las bayonetas y sólo por las bayonetas. Bajo ese principio máximo no es extraño que todo haya terminado en una trágica carnicería.
