Hay un ejercicio fascinante para los periodistas que consiste en comparar las distintas palabras que escogemos para referirnos a un mismo concepto. Con la tarea uno puede entretenerse a diario, pues los titulares se hacen de frases, que son una construcción más amplia con mayor margen interpretativo tanto para el escribano como para el lector. Pero son menos las ocasiones en las que eso sucede de manera tan clarividente con las palabras. Ha sucedido esta semana con la trampa -digo yo- del Gobierno y sus aliados en el Parlamento para colar una enmienda en la ley contra la violencia de género para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo que es también una maniobra, ha sido calificado de triquiñuela, treta, fraude y también de atajo. Esta última es muy popular y con razón, pues, al cabo, a nadie se le escapa que toda la intención del Gobierno con esta jugada es la poder sacar adelante a toda costa un presupuesto que cuente con el aval de sus compañeros de viaje.
La burla del procedimiento parlamentario es una artimaña recurrente por parte de quienes descreen de la democracia representativa -que se lo expliquen a Pedro Sánchez los dirigentes separatistas catalanes, que llevan meses desvirtuando el Parlamento catalán-, y cada vez que se fuerzan así las reglas de juego se contribuye a la degradación institucional. Está claro que se trata de una práctica reprochable desde el punto de vista político. En este caso existe, además, jurisprudencia del Tribunal Constitucional para censurar la maniobra, que en última instancia sólo persigue otra de dudoso juego limpio, que es esquivar la capacidad de veto de otra institución democrática. Por eso cabe hablar de trampa. Hay lugar a las trampas cuando existen reglas y se opta, deliberadamente, por vulnerarlas.
La burla del procedimiento parlamentario es una artimaña recurrente por parte de quienes descreen de la democracia representativa
Quien ha hecho trampas alguna vez en su vida sabe que corre el riesgo de ser descubierto en el acto, o, cuando menos, que ante la sospecha del resto de participantes de prácticas fraudulentas estos puedan acudir al árbitro para que desbarate el plan de quien quiere salirse con la suya al margen de las normas. En cierto modo, las trampas son más leales que los atajos, el otro vocablo recurrente. El atajo es una suerte de trampa tolerada: está ahí como recurso durante la carrera y uno puede tomarlo sabiendo que se va a salir del cauce idóneo para ir por uno más rápido, pero no es exactamente ilegal aunque las consecuencias pueden ser igualmente funestas. Cuando uno toma un atajo se asegura llegar el primero pero deja de recorrer tramos en el camino que pueden ser decisivos.
La trampa del Gobierno parece que, con la actuación de la Mesa del Congreso, no tendrá mayor recorrido. Pero Sánchez también tiene afición a los atajos, algo comprensible habida cuenta de que este Gobierno bonito se marcó la tamaña tarea de devolver el color a un país en blanco y negro contando solo con media legislatura. Puede que esa llegada a Moncloa fuera el primero de sus legítimos atajos, escogiendo la moción de censura en lugar de las urnas. Sin embargo, a vueltas con la terminología, hay otro atajo más importante que ha tomado Sánchez y al que auguro lo peor. Nace del empecinamiento en hallar una “solución política” al conflicto catalán, una idea que no tiene nada de reprobable -todos la queremos- si no fuera porque el PSOE la blande irresponsablemente como antítesis de la actuación de los jueces.
Otro de los ‘atajos’ de Sánchez consiste en blandir irresponsablemente la ‘solución política’ al conflicto catalán como antítesis de la actuación de los jueces
Después de que los miembros del Gobierno hayan desfilado uno tras otro por los medios de comunicación cuestionando al Tribunal Supremo, con la delegada Teresa Cunillera mostrándose partidaria del indulto, nadie puede dudar de la coordinación, debidamente ordenada por Sánchez, de esos gestos irresponsables. En el peor de los casos, es posible que el PSOE esté preparando a la opinión pública para algún sucedáneo de una consulta de autodeterminación. En el mejor de ellos, Sánchez se está comportando como un presidente incapaz de defender la legitimidad de la democracia española y buscando en las palabras un alivio cortoplacista a sus socios separatistas. Ahí está el atajo de Sánchez que no es recurrible al TC: renunciar a dar la batalla argumental al nacionalismo para darles solo la razón ordenando a sus ministros repetir las mismas consignas. El precio de ese atajo es muy caro. Deslegitimar a la Justicia española es sólo el preludio retórico para acabar legitimando los hechos de otoño en Cataluña. Y con ellos, el rechazo a la mayoría de catalanes y su derecho a que el Estado les defendiera. El Gobierno puede decir que busca una solución, pero ha optado por un atajo que la imposibilita.
