La sociedad española no cuestiona la existencia de un sistema tributario, pues admite que es el instrumento necesario para financiar el Estado y sus actividades. El debate social gira en torno a otras cuestiones: la dimensión del nivel de la exigencia impositiva, la configuración de los diferentes impuestos, y las formas empleadas para exigírnoslos.
Pero pareciera que, en los últimos tiempos, muchos se empeñan en socavar la legitimidad del Poder Tributario del Estado ante la sociedad española. Sin duda, esta legitimidad ha resultado dañada por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Plusvalía Municipal al dar por buena la ingente cantidad de recursos que, de forma coactiva, han sido detraídos a los ciudadanos por los ayuntamientos utilizando normas contrarias a la Constitución. Como también dañaría a la legitimidad tributaria que se cumpliera el aviso dado por el Ministerio de Hacienda de aprobar al “corre corre” las nuevas bases para la exacción del citado impuesto que sustituyan a las anticonstitucionales. Qué decir si, además, lo aprobado tuviera carácter retroactivo para ser aplicado desde el día siguiente al de la anulación de las anuladas. Pero lo sucedido, y lo que está por suceder, con la Plusvalía Municipal no constituye una excepción en la acción deslegitimadora del Sistema Tributario que nuestras autoridades llevan a cabo recurrentemente.
La ocurrencia de Ximo Puig
Basta recordar las reiteradas amenazas vertidas desde el Gobierno para restringir de manera fraudulenta la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Restricción que no tiene otro objetivo, así declarado por los amenazantes, que aumentar el nivel de los recursos que se nos detrae coactivamente a los ciudadanos haciéndolo además contra la voluntad de los propios gobernantes que libremente hemos elegido. Aún más, no cabe mayor deslegitimación al sistema que escuchar al presidente de una Comunidad -el valenciano Ximo Puig- proponer la imposición de un tributo especial y específico que solo deberían pagar los madrileños. Bueno, sí, es aún mas deslegitimador escuchar que determinados miembros del Gobierno apoyan semejante atraco.
Si el conjunto creciente de los que, con sus decisiones y con sus propuestas vienen deslegitimando el funcionamiento del Estado Fiscal conocieran un poco de Historia, se cuidarían muy mucho de proseguir con las decisiones y manifestaciones que vienen decidiendo y manifestando.
Que lean los análisis del proceso descolonizador para entender que la creciente carga impositiva sufrida por las colonias para financiar a la City catalizó las diversas Guerras Coloniales
Que lean la génesis de la llamada Guerra de los Comuneros para conocer hasta qué punto el aumento de la presión fiscal acaecido en los albores del siglo XVI -para financiar la coronación del emperador Carlos I- influyó en el levantamiento impulsado por los gremios de las provincias castellanas. Que lean los estudios relativos a la Guerra de Secesión sucedida en Estados Unidos para comprender cómo, más allá de la mediática cuestión de la esclavitud, los impuestos y aranceles a la producción y exportación del algodón provocaron el levantamiento de los Estados del Sur. Que lean los análisis del proceso descolonizador para entender que la creciente carga impositiva sufrida por las colonias para financiar a la City catalizó las diversas Guerras Coloniales. Que lean lo que más recientemente sucedió con los impuestos y el IRS norteamericanos.
Comprendo que es mucho pedir que nuestras autoridades y gobernantes lean estas cosas. Pues bien, en ausencia de su lectura, que pregunten a los historiadores. Y si también es mucho pedir que pregunten, les ruego que cuanto menos recurran a aplicar la lógica más elemental. Aplicando ésta, es fácil entender que la existencia de un poder tan tremendo como el que permite al Estado meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, requiere que su ejercicio sea impecablemente ético e impolutamente estético. Que se apliquen a ello y rectifiquen los desmanes a los que nos tienen acostumbrados. Están deslegitimando la existencia de los impuestos y, con ello, la propia esencia del Estado.
