Como cada cierto tiempo ocurre, se ha vuelto a abrir el debate sobre el sistema fiscal y la distribución de competencias entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas; es decir, el debate sobre los impuestos: cuánto debe pagarse, quién debe cobrarlos y quién debe pagarlos. Y es probable que se cierre de la misma forma que en todas las ocasiones anteriores: sin acuerdo entre los dos grandes partidos y sin reformas para corregir los defectos del sistema. Que izquierda y derecha difieran en relación al sistema impositivo forma parte de la normalidad y de su propia naturaleza, especialmente en un contexto preelectoral en el que cada cual debe subrayar sus señas de identidad, más allá de lo que suelan hacer, hayan hecho o vayan a hacer en la práctica. Otra cosa es su opinión en relación al mantenimiento de los regímenes fiscales excepcionales de País Vasco y Navarra basados en "derechos históricos" que sustentan privilegios de unos ciudadanos a costa del resto. Aquí PSOE, PP, Podemos, nacionalistas e independentistas están de acuerdo… en mantenerlos.
La tradición histórica de la izquierda es defender la existencia de los impuestos, mantenerlos elevados o incrementarlos. Su argumento es que sirven para sostener o mejorar el sistema de bienestar social, financiar la educación y la sanidad y atender a los ciudadanos más desfavorecidos. Que Zapatero dijera que bajar impuestos es de izquierdas correspondía a otro contexto preelectoral y a su propia personalidad: redujo impuestos, elevó las deducciones independientemente del nivel socioeconómico de los beneficiarios y favoreció el gasto improductivo a través del Plan E y, cuando llegó la crisis económica, aplicó drásticos recortes sociales. Excepciones e incoherencias aparte, la izquierda defiende la existencia de los impuestos, dado que son esenciales para el sostenimiento del Estado, la distribución de la riqueza y la justicia social.
La derecha prefiere la libertad individual a la igualdad y antepone el individuo al Estado, el cual es visto como una especie de mal necesario
La derecha defiende que los impuestos sean bajos y que el dinero se mantenga en el bolsillo de los ciudadanos, quienes sabrán darle el mejor destino en función de sus propios intereses. Además, defienden que cuantos menos impuestos haya, más recaudación habrá, dado que un país (o una comunidad autónoma) con menos impuestos o impuestos más bajos atraerá más dinero, más inversión y más empresas y se producirá una mayor creación de riqueza y, por lo tanto, se incrementará la recaudación. Para que tal esquema funcione, necesita que exista competencia fiscal entre entes (países o comunidades autónomas) con autonomía impositiva y capacidad recaudatoria: el propio presidente de Andalucía, Juanma Moreno, lo ha verbalizado: se ha dirigido expresamente a las empresas ubicadas en Cataluña para que se trasladen a Andalucía y paguen ahí sus impuestos en lugar de hacerlo en Cataluña (donde son más elevados). La derecha prefiere la libertad individual a la igualdad y antepone el individuo al Estado, el cual es visto como una especie de mal necesario. Defiende que con menos impuestos habrá más recaudación, que con un Estado más pequeño habrá menos gasto improductivo y que lo que el Estado no garantice lo hará la iniciativa privada y el libre mercado.
La derecha parte de la idea de que los impuestos son siempre excesivos y la izquierda de que siempre pueden subirse. Ambos presupuestos, más allá de sus incoherencias prácticas, forman parte de su identidad ideológica y son su receta para casi todos los problemas. La pugna entre la izquierda y la derecha es legítima y democrática y carece de sentido pedir a la una o a la otra que dejen de ser lo que son. Lo que los ciudadanos debemos exigirles es que nos cuenten toda la verdad. Porque lo que habitualmente no explican es qué impuestos deben incrementarse o reducirse, si los impuestos directos o los indirectos, a quiénes, en qué momento del ciclo económico es recomendable hacerlo, durante cuánto tiempo y cuánto. Y, aunque en general comprendemos que los impuestos son necesarios para sostener el Estado del Bienestar, solemos preferir pagar menos o que paguen otros. Y además queremos todas las respuestas: a qué se destinará el dinero recaudado o cuánto gasto innecesario podría reducirse, por no hablar de qué se hará para luchar contra la corrupción, la elusión impositiva de las grandes empresas, el fraude fiscal y el fraude laboral, todo lo cual nos cuesta millones de euros anuales y graves situaciones de injusticia social. No bastan las soflamas ideológicas para aglutinar a los partidarios sino soluciones integrales.
¿Con el apoyo de quién iba a centralizar impuestos el PSOE? ¿Con el apoyo del PNV, que disfruta del Concierto Económico? ¿O con el de ERC, que aspira a tenerlo?
Así que el debate se ha vuelto a reabrir en España, consecuencia de que Andalucía, siguiendo los pasos de Madrid, ha decidido eliminar el Impuesto de Patrimonio tras prácticamente suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Si el PSOE no quiere que en Madrid o en Andalucía bajen impuestos, tiene dos opciones: ganar las elecciones y gobernar en esas comunidades autónomas o centralizar competencias desde el Gobierno de España a través de una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. La primera opción, de momento, parece lejana, y la segunda no puede llevarla a cabo solo: ¿con el apoyo de quién iba a centralizar impuestos el PSOE? ¿Con el apoyo del PNV, que disfruta del Concierto Económico? ¿O con el de ERC, que aspira a tenerlo?
Y esto es precisamente lo que comparten el PSOE, el PP, Podemos, los nacionalistas y hasta los independentistas: la defensa acérrima del sistema de concierto económico, los derechos forales y los privilegios de unos pocos a costa del resto. La eliminación de los regímenes privilegiados a través de un acuerdo entre los dos grandes partidos es lo único que no se plantea, a pesar de ser una antigualla histórica que rompe la igualdad en España. Y es extraño que dos partidos políticos que se dicen nacionales mantengan este elemento de desigualdad social. Que la derecha política los defienda puede tener cierto sentido por su defensa de la parcelación impositiva y territorial de España. Que los defienda la izquierda, valedora histórica de la igualdad y contraria a cualquier tipo de privilegio, es un contrasentido y una aberración política imposible de justificar.
