El día 30 de mayo de 2024 acaba de pasar a la historia de España con la aprobación de una insólita amnistía, que hasta el 23 de julio del pasado año solo había sido reivindicada por un escasísimo porcentaje de ciudadanos -apenas los beneficiados por ella y los enemigos de siempre del Estado de Derecho- y aún hoy está muy lejos de contar con el visto bueno de la mayor parte de la opinión pública. Se trata de un hecho político sin precedentes en el mundo civilizado.
Los beneficiados de esta iniciativa no han perdido el tiempo y, en lugar de mostrarse agradecidos para con quienes la han hecho posible, se han dedicado en estos últimos días a mofarse de ellos, recordando exhaustivamente sus previas manifestaciones públicas en contra de ella.
En el Foro de la Sociedad Civil, gravemente preocupados este asombroso y gravísimo suceso, asumimos como propia la posición adoptada por un elevado número de acreditadas personalidades jurídicas y muy respetadas instituciones que han glosado más que suficientemente las razones que cuestionan por completo la amnistía aprobada por el Congreso de Diputados.
Los beneficiados de esta iniciativa no han perdido el tiempo y, en lugar de mostrarse agradecidos para con quienes la han hecho posible, se han dedicado en estos últimos días a mofarse de ellos, recordando exhaustivamente sus previas manifestaciones públicas en contra de ella.
Principio de igualdad
Frente a la situación creada tras la medida impulsada por el Gobierno y aprobada por sus socios de investidura, la principal preocupación de nuestro Foro se ciñe al abierto cuestionamiento de los pilares institucionales del mejor periodo de nuestra historia que esta nueva ley representa, es decir, el Estado de Derecho, nuestra Constitución y la Transición.
Esta aprobación pone en grave peligro el principio de igualdad entre los españoles, desarticula el principio de sumisión positiva al principio de legalidad que es exigible a todos los poderes del Estado, ataca la independencia judicial y desnaturaliza el Estado de Derecho que se va convirtiendo poco a poco en “estado de poder” con grave riesgo de la pervivencia de nuestra democracia liberal.
España, pese a todo, disfruta todavía de jueces independientes, es aún una sociedad abierta a la posibilidad de recuperación de nuestro marco institucional, evitando con ello la tentación de convertirse en un estado compuesto, sin substrato sentimental que lo justifique, irreconocible y desvinculado respecto de los principios y valores que nos han permitido contarnos entre los mejores ejemplos de libertad y progreso del mundo.
Solamente a través del ejercicio democrático del derecho de voto en las urnas podrá nuestro país optar por una doble elección: responder a esta ominosa situación como una sociedad civil madura o prestarse a ser una sociedad servil a las órdenes y a las ocurrencias de las fuerzas políticas que no creen en España y que tratan permanentemente de subvertir nuestras instituciones.
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ma
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Análisis clásico del político medio. El principio de igualdad (valor en el estudio de Torres del Moral), no sé ha aplicado nunca, ahí está el millón seiscientos mil de más de 45 años apuntados al paro, a los que las empresas se niegan a contratar y reemplazan, en su caso, con alguno de los once millones de emigrantes llegados a España desde los noventa; es más, los políticos dejaron fuera del código penal la discriminación por edad. No hablemos, por harto sabido, la discriminación por sexo y ahora ampliada constitucionalmente con los discapacitados, gracias a los votos del PP. Esto, por tanto, es una guerra entre políticos profesionales, cuya aportación personal a la humanidad desconocemos. ¿A quién le puede extrañar que a la gente le dé igual uno que otro? (Dejando a un lado, por supuesto, el escaso nivel cultural medio del español y su carácter proclive a la corrupción cotidiana)
Juanmanuelito
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Señor Banegas, el título de su artículo me ha recordado algo que hace un año escribí en el blog "quenoyqueno", mantenido por cuatro vejestorios jubilados. Invito a visitarlo y buscar la entrada: VALE QUIEN SIRVE Gracias.
Norne Gaest
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Cierto, España todavía tiene jueces independientes, pero si los auto llamados progresistas se apoderan del Consejo General del Poder Judicial, como han hecho con el Tribunal Constitucional, las posibilidades de combatirlos por esta vía se reducen. Porque tanto como jueces independientes los hay serviles. Y fiscales, como estamos viendo el actual fiscal general del Estado, que no tiene ni dignidad para dimitir. Los auto progresistas están colonizando todos los puestos y organismos del Estado. Este hecho, junto con los acuerdos vergonzosos con los enemigos declarados de España, producen la amnistía´de delincuentes (tras la desprotección legal frente a futuros golpes de Estado no cruentos), la debilitación creciente del Estado y la desespeñolización de España, como diría Juan Abreu. Mientras, la derecha tonta sigue esperando el relevo, pretendiendo hacerlo en solitario y haciendo ascos a su único aliado natural. Es que no escarmentamos. Poco es lo que nos pasa.
k. k.
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Esto último párrafo es cierto, pero sólo a medias. El voto del ciudadano tiene una importancia relativa (o al menos, debería tenerla): Para empezar, nuestra extraña ley electoral impide que todos los votos valgan lo mismo, lo que explica la fuerza de los independentistas, las diferencias flagrantes entre número de votos y número de escaños, etc. No todos los votos valen lo mismo, por lo tanto, no todos los ciudadanos valen lo mismo. Por otro lado, el sentido del voto está absolutamente orientado: tenemos la información parcial de algunos medios de comunicación, los ciudadanos que viven de los subsidios, etc. Y todo esto sumado a la formación educativa de España, que es muy deficiente y se cree mantras diversos: que si viene el lobo, que si es el fin del mundo, etc. Por lo tanto, no todo puede reducirse a votos. En ningún caso el Estado puede depender sólo de la decisión de los ciudadanos en las urnas, incluso si dispusiéramos de una ley electoral lógica. El Estado es un trípode, y en la práctica el ciudadano sólo debería decidir cuál es una de las patas. Estoy hablando de la separación de poderes, que se logra por medio de diferentes mecanismos. Entre ellos: 1. La constitución (que desgraciadamente, en nuestro caso, no es muy sólida), que limita el poder del gobernante. 2. Los jueces, como bien ha indicado. Los jueces están persiguiendo hoy a Sánchez por un escándalo sin precedentes. Este contraataque no me parece en absoluto una casualidad. Es posible que estén intentando su inhabilitación, pero llegan un poco tarde. y 3. El rey. Por ejemplo, el rey no tiene la obligación de firmar una ley con la que no está de acuerdo. Como he dicho en otro comentario, nadie está nunca obligado a firmar nada. Este es otro de los mecanismos de que disponemos para protegernos del poder excesivo de un presidente. Una contrafigura que actúa por CONVICCIONES PERSONALES para defender a los ciudadanos. Que puede negarse a admitir lo que el congreso le presenta o incluso abdicar si así lo considera, y mandar así un mensaje alto y claro al país. Sánchez ha superado varios líneas rojas y se le ha dejado hacer simplemente porque es presidente. Y esto no es así, no debería ser así. No podemos dejar todo el poder en una única persona, ni toda la responsabilidad en el votante. Hay dictadores con discursos extremos que han ganado elecciones democráticamente. Alguno me dirá que si la mayoría ha votado Sánchez, esto es lo que hay. Sí, es cierto, pero sólo a medias. Yo no he votado a Sánchez. Y Sánchez sólo es un presidente, no es el Estado.