Cada vez que satélites del Gobierno proclaman la imperiosa necesidad de reformar la Constitución con alguna excusa peregrina, como hizo Iván Redondo en La Sexta invocando una anomalía invalidante como que aparezca el nombre propio de su principal impulsor, no puedo evitar que en mi cabeza suene como banda sonora de esas falacias la canción de The Who, Won´t get fooled again.
Resulta sospechoso en sus fines que, quien no presenta ánimo, ni hábito de gobernar respetando la Constitución, como así parecen indicar las sentencias del Tribunal Constitucional, sea quien invoque de vez en cuando la necesidad de una reforma. Pero no sólo cualquier vendedor de humo y comprador de crecepelo ha puesto encima de la mesa la cuestión. Lo hizo Juan Carlos Campo —ministro de Justicia hasta el pasado Julio y magistrado reincorporado a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde septiembre, esto sí parece una anomalía del sistema— quien, desde el banco azul, declaró hasta en tres ocasiones que nos hallábamos en “una crisis constituyente” en una intervención sobre la situación en Cataluña con sus socios separatistas.
La existencia de Unidas Podemos representa en sí misma una enmienda antisistema a la totalidad de la democracia liberal tras el ´78 y la Transición. El PSOE, aunque con matices, no se halla en una posición tan alejada, pues parece que los controles (deficientes) del sistema a su actuación ejecutiva los considera rémoras a los intereses políticos y propagandísticos de Pedro Sánchez, sin olvidar su Ley de Memoria que supone socavar la base del sistema actual.
La convicción de que este es el verdadero fin de la reforma o mutación constitucional que pretenden hacer los socialistas, debería ser suficiente para no ignorarlo y transformarlo en oportunidad
Hay algo que sí deberíamos considerar de lo propuesto en distintas y erráticas ocasiones, como la aceptación del debate en sí. Hay quien piensa que la reforma constitucional es una cuestión estéril en una situación política tan irreconciliablemente atomizada por las mayorías. Esta posición no parece detener a una izquierda sumergida en la transformación del sistema político español en uno de carácter iliberal. Y la convicción de que este es el verdadero fin de la reforma o mutación constitucional que pretenden hacer los socialistas, debería ser suficiente para no ignorarlo y transformarlo en oportunidad para liderar el debate anticipándose al Gobierno y proponer como única reforma válida la encaminada al fortalecimiento y protección de las debilidades constitucionales.
Se cumplirían así dos funciones. En primer lugar, la deslegitimación de las iniciativas socialistas de reforma al evidenciar su carácter iliberal; y en segundo lugar, de pedagogía política, que probablemente sea más efectivo el fortalecimiento de contrapesos por parte de la ciudadanía que una reforma constitucional.
Hay dos momentos clave en los que se ha cuestionado la validez de la Constitución desde la izquierda en el poder, que son el postgolpe de Estado en Cataluña y la pandemia. Si la Constitución y reivindicación de su vigencia por parte de Su Majestad el Rey, Felipe VI, sirvió para que el Estado doblegase a los separatistas en octubre del 2017 salvaguardando la democracia, no podemos obviar que la Constitución no ha impedido el camino recorrido durante 40 años que nos ha llevado a ese momento de tensión institucional.
Tras la moción de censura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha considerado a la Constitución como un obstáculo a sus negociaciones con los líderes separatistas del procés. Pero tras los indultos y la mesa de diálogo cabe preguntarse por las debilidades de los obstáculos que ha encontrado.
La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional declara que el cierre de las Cortes durante el Estado de alarma, tan aplaudido por demócratas puros, vulneró los derechos de los diputados y senadores
La pandemia ha sido otro momento en el que el Gobierno no ha ocultado su incomodidad por no encontrarse ante la posibilidad de ejercer el poder de forma ilimitada y sin ningún control. Pero aquí tampoco parece que se hayan podido impedir las restricciones al control parlamentario y mediático. La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional declara que el cierre de las Cortes durante el Estado de alarma, tan aplaudido por demócratas puros, vulneró los derechos de los diputados y senadores. Se podría considerar que esta Sentencia es prueba del buen funcionamiento constitucional, pero la existencia de la misma también muestra que no había suficientes controles constitucionales para impedir un hecho tan grave. Que esto no vaya a provocar ninguna responsabilidad política para el Presidente del Gobierno es prueba de que los contrapesos oposición, prensa y sociedad civil no están funcionando correctamente.
Estos dos momentos utilizados para justificar una reforma constitucional para eliminar contrapesos son precisamente los momentos que el constitucionalismo debería dar la batalla de las ideas, para defender el sistema y liderar su posible reforma.
No es posible y es incluso desaconsejable una reforma constitucional sin que exista un suelo con un mínimo de valores democráticos en común. Carmen Calvo justificó el pacto con Bildu en Navarra con el argumento de que el adversario natural de su partido eran “las derechas”. Esa frase es un verdadero mapa de situación del tablero político en España. Pero el planteamiento del debate es algo a lo que no se debe renunciar para ganar la batalla de las ideas. Hay un primer paso para conseguir el fortalecimiento de la democracia, la reforma electoral para el umbral del 5% de los votos en todo el territorio nacional, y para esto no hay que reformar la Constitución.
