Hace poco más de un año se aprobó en las Cortes la llamada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, más conocida en la calle como ley trans. Se trataba de una ley maximalista y divisiva, algo muy del gusto de Irene Montero, la extitular de Igualdad. La ley, seguramente la más radical en la materia de todo el mundo, facultaba a todos los mayores de 16 años a autodeteminar su propio género, es decir, a cambiar de sexo sin más guía que la autopercepción. Cualquiera a partir de ese momento podía acudir al registro civil y proceder al cambio de sexo legal sin tener que aportar un informe médico que acreditase disforia de género.

En aquel momento, muchos dieron la voz de alarma advirtiendo del peligro de que muchos hombres decidiesen cambiar su sexo para beneficiarse de trato de favor y de la infinidad de disposiciones legales que en España discriminan positivamente a las mujeres desde hace años. En el Gobierno acusaron a los escépticos de transfobia y de propagar bulos. Algunos destacados miembros del equipo de Irene Montero como Ángela Rodríguez “Pam”, llegaron incluso a bromear con esa posibilidad por considerarla descabellada, pero todo indicaba que eso se iba a producir. Entre los que señalaban ese riesgo se encontraban muchas feministas de las que hoy se denominan clásicas y que se veían en esta ley un borrado efectivo de la condición de mujer ya que, si cualquiera puede serlo tan sólo expresando el deseo de cambiar su sexo ante un oficial del registro, ninguna lo es.

El resultado a un año vista es que las solicitudes para el cambio de género se han multiplicado por cinco. Muchas de ellas son perfectamente legítimas y su origen hay que ir a buscarlo a disforias de género previamente diagnosticadas y avaladas por exámenes médicos. En otros casos se trata de simple conveniencia o de voluntad de ridiculizar la ley. No se trata, como insisten, en hacer ver los partidarios de la ley de casos puntuales que lo único que buscan es cobertura mediática para desgastar al Gobierno. Hace unas semanas adquirió cierta notoriedad un cabo del ejército llamado Roberto Perdigones que se definió en televisión como persona “bigénero intersexual”, es decir, que, según sus propias palabras, externamente es un hombre heterosexual, pero internamente una mujer lesbiana.

La estrambótica historia del cabo Roberto llamó la atención en todo el país, pero conforme a la ley nadie puede so pena de multa negarle la condición de mujer, una disposición un tanto polémica que se reserva la ley trans para amordazar a los críticos. Este de Roberto, que ni siquiera se ha cambiado el nombre de pila, no es ni mucho menos el único caso. Sólo en Ceuta, una pequeña ciudad que no llega a los 85.000 habitantes, en apenas un año un total de 37 funcionarios, la mayor parte militares, guardias civiles y policías, han solicitado en el registro la reasignación de género.

Sólo por el hecho de ser mujer en el ejército puede disfrutar de habitación propia con cuarto de baño, puede también dejarse crecer el pelo, llevar pendientes y ciertas facilidades para ascender

Que en nuestras vidas se haya presentado de improviso el cabo Roberto, un ciudadano anónimo que pasó a ser conocido porque de un día para otro empezó a percibirse como mujer, no debe de extrañarnos. En el ejército ser mujer conlleva ciertas ventajas. Tienen derecho a mejor jubilación y salario si tienen un hijo, extremo que se da con Roberto, un hijo de 16 años al que no ve desde que tenía 3 a pesar de que está al día en el pago de la pensión de paternidad. Espera que ahora como “madre no gestante” esto se resuelva. El juez tendrá valorar su nueva condición y actuar en consecuencia. Aparte de eso, sólo por el hecho de ser mujer en el ejército puede disfrutar de habitación propia con cuarto de baño, puede también dejarse crecer el pelo, llevar pendientes y ciertas facilidades para ascender.

En el caso de que quiera convertirse en agente de la Guardia Civil, una salida que muchos militares buscan tras ser licenciados a los 45 años, las pruebas que tendrá que superar son las femeninas, no las masculinas. Hoy Roberto es legalmente una mujer y nadie puede cuestionarlo en público, pero mantiene intacta su anatomía masculina, por lo que es altamente probable que si se enfrenta a esas pruebas supere a sus contrincantes que nacieron mujeres. Ahí entraríamos en otra cuestión no menos espinosa, la de ignorar adrede el dimorfismo sexual de nuestra especie. De promedio los hombres biológicos son un 50% más fuertes, un 10% más rápidos y su capacidad para producir fuerza/potencia es un 30% mayor. De esto se deduce que en unas pruebas físicas los hombres biológicos con el sexo reasignado obtendrán mejores resultados.

El cabo Roberto desnudó por completo la ley trans en una breve entrevista televisiva, la puso frente al espejo y demostró que sobre este tema ni se ha debatido, ni se ha permitido cuestionamiento alguno. Con este Gobierno todo es binario. No hay peros, no hay matices, o se apoya sin fisuras lo que sale del consejo de ministros o se habita en el terreno de la ultraderecha, los bulos y la agitación. Cuando todo es ideología y confrontación no cabe el debate sereno y constructivo. Nadie niega que exista la disforia de género y que quienes la padecen deben ser respetados y protegidos por la ley. Pero de ahí a creer (porque esto se basa en una creencia puramente ideológica) que si la ley genera un incentivo nadie lo aprovechará, media un trecho importante.

No hay modo, en definitiva, de evidenciar un fraude de ley a no ser que quien lo haya perpetrado lo admita de forma explícita, es decir, que se acuse a sí mismo de haber cometido el delito

A Roberto Perdigones y a todos los que ha acudido al registro no podemos acusarles de fraude de ley como se ha repetido hasta la saciedad en los medios afines al Gobierno. En tanto que todo depende del sentimiento, es indemostrable que el cabo Roberto no sea una mujer y, por lo tanto, como tal deba ser tratada. De hecho, puede suceder que los afectados, el propio Roberto sin irnos muy lejos, demande a quienes le acusan de haber hecho la transición en falso ya que la ley le ampara en ese sentido. No hay modo, en definitiva, de evidenciar un fraude de ley a no ser que quien lo haya perpetrado lo admita de forma explícita, es decir, que se acuse a sí mismo de haber cometido el delito.

La ley trans ha terminado convirtiéndose en una trampa en la que el propio Gobierno ha caído, seguramente a sabiendas de que algo así sucedería. Pero los equilibrios en el sanchismo son delicados. Como ya sucedió con la ley del sólo sí es sí, Sánchez necesitaba entonces el apoyo de Podemos, que es de donde salió todo esto. Viven y han vivido al día desde que llegaron al poder y a eso mismo, a seguir en la Moncloa, está todo supeditado.

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