Que el 1 de octubre de hace dos años unos ciudadanos, convocados o impulsados por sus representantes públicos, acudieran a unas urnas ficticias a ejercer un derecho a voto que no iba a tener relevancia para decidir el futuro independiente o no de Cataluña no es un delito. El delito o la irresponsabilidad es de aquellos que hicieron la Declaración Unilateral de Independencia, es decir de Puigdemont -fugado de la Justicia española- y Junqueras -preso en la celda 47 de Lledoners-.
Por ese menoscabo al vigente orden constitucional, a la unidad de España, ya están cumpliendo una dura condena y ahora le toca al máximo responsable de los que en aquel momento debían hacer cumplir la ley, al mayor de la Policía autonómica, al mosso 'no independentista' José Luis Trapero. Aquel 1 de octubre pasará a la Historia como el día en que una Policía actuó a porrazos y otra que no lo hizo frente a personas que pacíficamente iban a votar en un referéndum que carecía de validez.
El 'peligro' de una consulta
Ahora se juzga a la persona que consideró que en aquel contexto “pacífico”, era mejor no cargar. Que la Policía Nacional, en aquel entonces a las órdenes de Mariano Rajoy, cargara contra gente pacífica nos hizo recordar años de represión en España y por ello dimos la vuelta al mundo de todos los informativos internacionales, una Policía más propia de una dictadura que de una democracia que se precie.
Siempre se ha de evitar un mal mayor y en este caso quizás sí queda justificada una 'no actuación' policial porque me pregunto: ¿eran un peligro unas urnas si, al fin y al cabo, el resultado nunca iba a ser tenido en cuenta? No. Era y es un problema político, no un problema de orden público, no un problema de seguridad ciudadana. Los que quisieron ir a votar ese día lo hicieron pacíficamente y los que consideraron que aquello era una pantomima se tomaban el vermut como cualquier otro domingo del año.
Decisiones Políticas
En cualquier caso, si se ha de juzgar, hay que juzgar a todos, no solo al mayor Trapero, por la 'no actuación' sino también al jefe del Operativo de Guardia Civil y Policía Nacional por “sobreactuación”, una sobreactuación lamentable promovida por decisiones políticas sumamente equivocadas, tanto las que se tomaron desde La Moncloa como desde el Parlament. Suena triste sentar en el banquillo a quien un día se le concedieron todos los honores por su magnífica actuación ante los atentados yihadistas en las Ramblas de Barcelona. Del mosso Mayor Trapero me quedo con una declaración de sentido común, el que no tuvieron los que decidieron que se tenía que cargar contra la multitud: “Entre todos -Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos- no suman recursos para frenar a dos millones de personas”. Sólo la política puede resolverlo.
