Tiene uno la impresión de que estamos jugando con órganos fundamentales, esos en los que descansa el Estado de Derecho y que nacieron para ser garantes de la democracia y el cumplimiento de la ley. No hay institución que no fuera pensada para el buen cumplimiento de la democracia que no esté siendo atacada ante la mirada perdida y consentidora de los españoles. El Supremo, el de Cuentas, el Constitucional, todos en entredicho y por diferentes razones. Puede que asumamos la realidad porque antes hemos asumido que nada podemos hacer. Nada que no sea votar cada cuatro años. O sea, casi nada, a tenor de los resultados incomprensibles en función de una ley electoral que prima los votos nacionalistas y antiespañoles. Algo no va bien cuando una y otra vez un puñado de escaños -trece- republicanos, catalanes e independentistas sirven para coger al presidente del Gobierno de España por donde más le duele. Denos tiempo, presidente, le decía Rufián hace días a Sánchez, y no se advirtieron gestos de ofuscación y vergüenza en la bancada azul en la que se sientan los ministros. A tragar. Tragan los que mandan, tragan los mandados y así hasta que conformemos una sanchesca ínsula de tragones.
Cuando nada se puede hacer
Pero esa es otra historia. La de hoy ha de ver con el Tribunal Constitucional que nos ha recordado hace unos días su existencia. Su diligencia. Su entusiasmo en dar respuestas a preguntas que han de ser resueltas con celeridad si queremos sentir y creer que vivimos en una democracia. Cuatro meses después de que Rosa María Mateo, administradora única de RTVE, dejara el Ente público, el Constitucional da noticia -¿noticia? - de que el Real Decreto por el que Sánchez la nombró no justifica “la urgente necesidad” para su designación. O sea, que el nombramiento fue anticonstitucional, y el TC nos lo cuenta ahora que la señora Mateo se ha ido, y después de ejercer anticonstitucionalmente su función al frente de la radio y televisión pública durante 33 meses, casi tres años.
El Tribunal da la razón al Partido Popular, que en julio de 2018 presentó dos recursos contra el nombramiento que calificó de “aberración jurídica” y “golpe a la democracia”. Aberración y golpe que interesan al Tribunal que preside Juan José González Rivas, que ha esperado tres años a decirnos lo que tuvimos que saber a los pocos días de que el Gobierno colocara a Rosa María Mateo en la presidencia del Ente. Creo que cuando se les pregunta por su forma de despachar recursos aducen que tienen mucho trabajo. Pero yo no puedo creer que esa sea la razón. Como no puedo creer que su presidente y sus vocales estén tranquilos calentando sillones de un órgano que no sirve, o que cuando sirve, sus resoluciones son de imposible aplicación.
Su reino no es de este mundo
Una justicia lenta no es una buena justicia. Y más si es constitucional, tiene dicho Pascual Sala, presidente del TC entre 2011 y 2013. No hay que ser un experto para preguntarse si en el TC no hay alguien que tenga en cuenta que hay asuntos que merecen un trato especial por su propia naturaleza, y porque están condicionados por la temporalidad de las personas o las leyes afectadas. Eso debía saberlo la magistrada María Luisa Balaguer, que redactó la ponencia. Claro, imposible saber si es la magistrada la que tardó tres años en redactarla o el pleno del Tribunal en aprobarla. En cualquier caso, incomprensible.
Una justicia lenta, en realidad no merece ser llamada justicia. ¿Qué hay que hacer ahora con la resolución del Constitucional? ¿Cómo afecta a quien la nombró? ¿Y cómo a los actos de la propia Mateo? Ceses, destituciones, nombramientos, línea editorial, inversiones, contrataciones… No les afecta nada porque si no se caería el sistema. Así lo dice la Ley de régimen jurídico: la inconstitucionalidad de las normas no conlleva la nulidad de los actos dictados al amparo de las mismas… a no ser que los abogados colapsemos el sistema y se recurran todos y cada uno de los actos dictados al amparo de la misma a la espera de que se declare su inconstitucionalidad….. etc, etc. Pero yo quiero hablar no tanto de lo que dice la ley sino de sus consecuencias éticas y morales.
Estemos atentos, un día de estos el TC nos sorprenderá con resoluciones que la opinión pública ha olvidado y la Justicia no sabrá qué hacer con ellas.
El gran congelador
Por imposible que les parezca, en las covachuelas de ese órgano durmiente y elefantiásico duermen los recursos contra el aborto (2010), la llamada ley mordaza, la prisión permanente y la ley educativa catalana. Esta última fue recurrida por el PP el 16 de octubre de 2009. Pues bien, 4.294 días después, y espero no equivocarme en el cálculo, ni el PP ni los cientos de miles de votantes a los que representan tiene una respuesta. No es lenta, señor Sala, es asfixiante, injusta, antigua e indecente. Como político nunca me gustó el exalcalde de Jerez Pedro Pacheco, que patentó una frase inolvidable y a lo que se ve cierta, pero hay que reconocer que cuando la dijo tenía razón. Y cuando hoy la recordamos, también: "La Justicia es un cachondeo".
En el siglo XII era costumbre terminar algunos documentos oficiales con la expresión latina “vale” que venía a significar, entre otras cosas, “consérvate sano”. Eso les deseo para el día en que el Constitucional tenga a bien recordarnos su existencia. Vale.
