El sanchismo aspira a mantenerse en el poder hasta el final de los tiempos, poco más o menos. Esta es la razón de que en estos días prepare una batería de leyes de privilegio destinadas, básicamente, al blindaje de todas las personas que comparten su entorno y que atraviesan por momentos complicados en los tribunales. Se trata fundamentalmente de familiares tan próximos como su esposa y su hermano, así como de altos dignatarios de su partido y de su Gobierno, que aparecen señalados, todos ellos, en oscuros asuntos que son objeto de investigación judicial.
Sabido es que tenemos un Gobierno que no gobierna, apenas dedica tiempo y esfuerzo en solucionar problemas de los españoles. Su máxima ocupación es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible entre otras cosas, y muy principalmente, porque de no ser así, sus tribulaciones judiciales pueden conducirles a un futuro penal incómodo.
Leyes con nombres y apellidos
Las leyes tienen vocación de generales, se aprueban al objeto de facilitar el discurrir de la sociedad, de facilitarle la vida, de despejar obstáculos, de aclarar situaciones engorrosas y, en suma, de facilitar el orden y la convivencia convivencia en las relaciones humanas. Nos encontramos ya ante un despliegue de leyes diseñadas tan sólo para beneficiar a determinadas personas, es decir, leyes con nombre nombre y apellidos, elaboradas exprofeso para solucionar problemas a un particular.
Cabría hablar, en este sentido, de la ya conocida como ley Begoña, que pretende despejarle a la esposa de Sánchez esa tormenta que se fragua en el juzgado 41 de la Plaza de Castilla. Unos nubarrones que suben de tono, de dimensión y de intensidad conforme avanza la investigación del juez Peinado, tan perseguido y hostigado incluso por miembros del Ejecutivo, comportamiento impensable en sus homólogos europeos.
Sabido es que tenemos un Gobierno que no gobierna, apenas dedica tiempo y esfuerzo en solucionar problemas de los españoles
Injurias y calumnias
Nuestros constitucionalistas, legisladores y juristas, todos de sobresaliente calidad técnica (salvo excepciones actuales de sobra conocidas) establecieron diversos mecanismos para castigar las injurias y calumnias y así proteger el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del ciudadano. Esas leyes están en vigor, son eficaces, estrictas, y parece obvio que no precisan de un complemento similar al que ya ha anunciado el presidente del Gobierno, mediante y tortuoso avance de su contenido a cargo del titular del ramo, Félix Bolaños. También funciona una muy bien aliñada ley de Rectificación, que se aplica cotidianamente sin problema alguno.
En otras palabras, nuestro ordenamiento jurídico está perfectamente dotado para defender de un ataque injusto e ilegal a cualquier persona o institución. Lo que pretende el Gobierno con su racimo de nuevas leyes, aún por concretar, es poner trabas a la libertad de información y de opinión y, en definitiva, establecer un sistema de amedrentamiento a los medios así como a los representantes incómodos del Poder Judicial.
Ansias de revancha
En nuestras manos está hacer todo lo posible para evitarlo, respaldar a los medios independientes (antes de que los cierren), presentar denuncias ante la instancias europeas y acudir a los juzgados y tribunales cuantas veces sea menester. No se aprecia demasiada inquietud en la sociedad española (algo adormilada) ante el paquete de medidas coercitivas que ya ha avanzado el Gobierno al amparo falsario de la Ley europea de medios, nacida precisamente para todo lo contrario. La 'ley Begoña' llega envuelta en ansias de revancha y de rencor -ideada tras concretarse la imputación de la esposa del presidente- muy lejos de lo que debe regular el funcionamiento de la libertad en una democracia avanzada.
