En una situación catastrófica como la ocurrida con la Dana del 29 de octubre en Valencia, lo primero que hay que decir es que podría haberse evitado, al contrario que otras catástrofes recientes, como la erupción del volcán de la Palma o el terremoto de Murcia, que eran inevitables.
El botánico y naturalista español Antonio José Cavanilles, en sus Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia (1795-1797), describe el conocido barranco o rambla del Poyo, "de profundo y ancho cauce que desagua en la Albufera, y que siempre está seco, salvo en las avenidas, cuando recibe tantas aguas y corre tan furiosamente que destruye cuanto encuentra". El científico cuenta que en 1775 una fuerte riada causó muchísimas desgracias en Chiva, sorprendiendo a medianoche a sus vecinos, asolando un número considerable de edificios y dejando a su paso los cadáveres de los que no pudieron evitar la muerte. Algunos estudios apuntan a que el barranco del Poyo ha provocado un centenar de inundaciones documentadas en los últimos 250 años.
Conociendo el peligro del barranco del Poyo, el Plan Hidrológico Nacional, aprobado en 2001 por el Gobierno de Aznar, mencionaba un plan para evitar inundaciones, que incluía una presa en la Rambla del Poyo a su paso por Cheste (Valencia), que nunca ha llegado a construirse.
Habría que averiguar quién o quiénes son los responsables de que no se haya construido dicha presa, o de la adopción de otras medidas que hubieran evitado la tragedia. Recordemos que, como consecuencia de la gran riada que inundó Valencia en 1957, se construyó el nuevo cauce del rio Turia, que ha evitado nuevas inundaciones en esta ciudad.
A todos se nos han saltado las lágrimas cuando hemos visto imágenes y escuchado testimonios de gente que pasó una noche entera en los tejados, o subida a los árboles, temiendo por su vida. Y qué decir de aquellos que han perdido seres queridos, sin poder hacer nada.
Nuestros políticos han demostrado incompetencia y/o inutilidad en la gestión de la emergencia porque sonaron las alarmas cuando la gente ya se estaba ahogando. Los responsables no estaban al frente de la emergencia, o desconocían la existencia de dichas alarmas, y es obvio que, de haber funcionado correctamente, se hubieran salvado las vidas de los que han fallecido. Ha habido mucha gente que han muerto en sus coches cuando volvían del trabajo por las autovías de entrada y salida a Valencia, o cuando estaban tranquilamente en su casa.
Habría que determinar las responsabilidades políticas y judiciales de los causantes de más de 220 muertes, ya que se podrían haber evitado.
En los días posteriores al desastre, indigna ver que los afectados sólo tuvieran la ayuda de los miles de voluntarios que acudieron. Dependían de ellos, incluso para comer, y sólo aparecieron efectivos de la UME con cuentagotas. Resulta irritante escuchar a bomberos, policías, y a otros profesionales diciendo que al día siguiente de la catástrofe se pusieron en camino para ayudar, pero tuvieron que darse la vuelta porque no se aceptaba su ayuda por la Generalitat Valenciana. Todo esto resulta incomprensible.
Ha pasado ya mes y medio, y la zona todavía parece un escenario de guerra, con los vecinos haciendo largas colas para comer de las raciones que llevan determinadas ONG. Hay miles de niños sin poder ir todavía al colegio, y la mayoría de los garajes de los domicilios todavía siguen inundados de barro. Las naves de los polígonos industriales están destruidas y todavía no se han iniciado las tareas de reconstrucción. Los campos de los agricultores están arrasados, y algunos caminos para llegar a ellos han desaparecido. Los miles de coches están apilados en campos cercanos a la zona del desastre. A este ritmo, ¿cuántos años va a durar la reconstrucción?
Los paquetes de ayuda
Respecto de las medidas de ayuda, ya se han aprobado tres paquetes por el Gobierno, y algunas otras de la Generalitat Valenciana, pero a los afectados sólo le ha llegado un porcentaje insignificante, aumentando la desesperación y el dolor de la gente, tanto por la tardanza como por la burocracia y las colas que tienen que hacer para solicitarlas.
En las ayudas que se han aprobado hay grandes deficiencias. Así, en el primer paquete se negaban a aquellos que tuvieran el negocio arrasado en la zona afectada, pero su domicilio estaba en otra zona diferente, - algo que después se corrigió -; el mismo negocio va a recibir sólo 5.000 euros si su titular es una persona física, pero 40.000 euros si la titularidad es de una sociedad, y, por ejemplo, tenemos las quejas justas de las farmacias, que no pueden ser sociedades; se anuncian ayudas de 10.000 euros para coches, pero después la norma dice que ese importe es sólo para coches eléctricos nuevos. Los autónomos se quejan de que sus cuotas se fijan ahora en base a los ingresos anuales, y, sin embargo, para recibir las ayudas, después de una catástrofe de tal magnitud, se consideran a todos los autónomos iguales, recibiendo una ayuda única de 5.000€. No olvidemos que hay más de 8.100 locales minoristas que han resultado directa o indirectamente dañados.
El grito unánime de todos los afectados es que los políticos no los olviden, porque saben que eso ocurre en cuanto la catástrofe no es ya noticia.
Sin ser un experto en la materia, me atrevo a proponer algunas medidas para que la ayuda a los ciudadanos en estas situaciones de catástrofe fuera rápida y eficaz.
Se debería provechar la experiencia de este desastre natural, el mayor producido en España, y examinar concienzudamente lo mal que se ha hecho todo en todas las fases: prevención, gestión en el momento de la catástrofe y medidas de ayuda posteriores. También deberían oírse las quejas de los afectados de las últimas catástrofes, (terremoto de Lorca, volcán de la Palma, otras DANAS producidas en los últimos años, incendio de dos edificios en Valencia, etc…) y aprovechar todo eso para aprobar una Ley de emergencias, o modificar la existente. Pero para eso, los políticos tendrían que dejar de pelearse y ponerse de acuerdo en que lo importante es atender las necesidades de los ciudadanos, que para eso los han votado y les pagan su sueldo.
La primera medida que tendría que contemplarse en esa ley es la delimitación clara de las competencias, para que las vidas de muchos ciudadanos no dependan de que un político esté de comida, con sobremesa en un reservado, y no se entere de nada. Además de eso, una vez que se ha producido la inundación, la irritación de los afectados se incrementa al ver que los políticos de distintas Administraciones, en vez de aunar esfuerzos para que los ciudadanos recuperen la normalidad cuanto antes, están discutiendo todavía respecto de si el Estado tendría que haber intervenido o no en los días siguientes a la tragedia.
A la vista de la magnitud de la tragedia, está claro que todas las unidades posibles del ejército, no solo la UME, tendrían que haber acampado en la zona del desastre, proporcionando servicios a los afectados: comida, tiendas de campaña, y todos los medios humanos y materiales de los que dispongan para limpiar la zona afectada, y no marcharse hasta que se haya terminado todo el trabajo. Se está haciendo ahora, pero muy tarde y con muy pocos medios.
Para los afectados que han sufrido la pérdida de seres queridos, o la pérdida de todas sus pertenencias materiales, es muy doloroso tener que estar noches enteras de guardia delante de sus domicilios o negocios destruidos, para que no los saqueen los desalmados. Desde el primer día, tendría que haber existido un despliegue policial para evitar esos hechos. Se ha hecho, pero demasiado tarde.
Para atender las necesidades físicas y psicológicas de los ciudadanos, en esa futura ley tendrían que definirse unos centros de atención a los afectados, que podrían ser los Ayuntamientos, conocedores de primera mano de la situación, reforzados, con todo el personal necesario de otras Administraciones o instituciones. En esos centros tendría que elaborarse un listado de las necesidades de cada ciudadano afectado, porque no es lo mismo el que ha perdido su vivienda, porque ha sido derribada por el agua; el que vive en pisos altos y sólo necesita poder comprar comida en algún sitio (porque los comercios de la zona han sido arrasados); el que no ha perdido nada, pero necesita ayuda, como pueden ser las personas mayores que no pueden salir de su vivienda; o el que ha perdido solamente el coche. Los Ayuntamientos como Administración más cercana a los afectados podría desempeñar esa tarea, por supuesto, con toda la ayuda que necesiten.
Esa ley debería establecer la incorporación temprana a esos centros de atención, por un lado, de todos los psicólogos necesarios, así como funcionarios de todas la Administraciones que tengan que intervenir en las medidas que se vayan aprobando: funcionarios de la Intervención General del Estado para verificar que se cumplen los requisitos, y que las ayudas se reciben de forma inmediata en los días siguientes a su aprobación, contemplándose en la Ley un procedimiento abreviado de concesión de ayudas en situaciones de catástrofe, para que la burocracia no las retrase. Además, se tendrían que incorporar funcionarios de tráfico para gestionar la situación de los 120.000 coches que se han perdido, funcionarios de la Agencia Tributaria para gestionar la situación tributaria de los afectados, funcionarios de la Seguridad Social para tramitar los expedientes de las empresas y trabajadores afectados, así como los funcionarios de otras administraciones que fueran necesarios, como los del Consorcio de Compensación de Seguros, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para realizar in situ la tramitación de las reclamaciones de los afectados.
Y ya, en relación con las ayudas concretas, resulta imprescindible que las personas que lo han perdido todo dispongan en primer lugar de un sitio para vivir, no teniendo que hacerlo en pabellones, durmiendo en colchones en el suelo, o en viviendas de familiares. Tendrían que ser instalados en los hoteles más cercanos, pagados por la Administración, si es temporal, o en viviendas públicas si la han perdido, como hizo el Ayuntamiento de Valencia con las familias que vivían en los dos edificios arrasados por el fuego en febrero de 2024. Si no existen viviendas públicas suficientes, debería pagar una nueva vivienda por Consorcio, y no limitarse a pagar unas indemnizaciones por importes que no permiten comprar otra vivienda.
Debería fijarse un importe mínimo de supervivencia para cubrir las necesidades básicas de los primeros días, y organizar la distribución, en los propios domicilios de los afectados, de los bienes de primera necesidad que se necesiten.
Por último, lo ideal es que los afectados pudieran seguir con su vida normal, lo antes posible, y para eso, deben disponer lo más rápido posible de los mismos medios materiales que tenían antes. Recordemos que se han perdido más de 120.000 coches y los afectados van a percibir algunas ayudas, pero su cuantía no le permiten comprarse otro coche. Las Administraciones deberían hablar con los fabricantes y concesionarios de coches nuevos y usados, crear una página web con todos los coches disponibles y que los afectados que han perdido su coche o furgoneta puedan elegir uno de valor de mercado similar al que han perdido, por supuesto pagado por el Consorcio de Compensación de Seguros. Se podría hacer lo mismo con los electrodomésticos de la vivienda o con otros bienes perdidos.
Por último, se tendrían que regular medidas fiscales, como la exención de las donaciones recibidas por los afectados, tanto de empresas como de particulares; la exención en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de las subvenciones recibidas (las indemnizaciones no tienen que tributar); la aprobación de bonificaciones en las declaraciones de empresas y particulares, por las ayudas a los afectados; e incluso la exención en el IVA de los bienes entregados y de los servicios prestados a los afectados.
En fin, las medidas propuestas son solo algunas de las necesarias e imprescindibles para que los afectados pudieran sentir la ayuda rápida y eficaz del Estado. No parece fácil que con la incompetencia e inutilidad que han demostrado hasta ahora los responsables políticos se puedan poner de acuerdo en que lo importante es ayudar a los ciudadanos, y no en cómo puede afectarle la situación a su imagen o a sus expectativas electorales.
José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado
