El presidente de la Comunidad Valenciana lo ha vuelto a hacer. Sin duda obsesionado con los malos resultados de su gestión, vuelve a disparar hacia Madrid, pretendiendo achacar a la política tributaria del gobierno regional madrileño la culpabilidad de los fracasos que él cosecha con la suya.
La objetividad que emana de los datos cuantitativos hace aconsejable responder solo con éstos al señor Puig. Un residente en Madrid cuyos ingresos son inferiores a 12.450 euros tributa por el IRPF al 9,5%. Con la misma renta, un residente en Valencia paga el 10%. Cuando un español opta por hipotecarse para adquirir una vivienda, tributa por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales pero, eso sí, si el inmueble adquirido está en Madrid paga un 6%, en tanto que si está en Valencia habrá de pagar un 10%. A la muerte de un español que resida en Madrid, el Impuesto sobre Sucesiones exigido a sus hijos es un importe simbólico, pero si el fallecido es residente en la región de Valencia, el impuesto que pagarán sus herederos puede oscilar entre el 7,65% y el 34%.
Valgan los tres ejemplos expuestos para ilustrar la diferencia existente entre la política tributaria moderada que se aplica en Madrid y la fiscalidad agresiva aplicada en Valencia. Unos (el gobierno de Madrid) consideran que la carga fiscal a los ciudadanos debe reducirse para así fomentar el ahorro y con él la inversión, el emprendimiento y la creación de empleo. Otros (el gobierno de Valencia) aspiran a aumentar el importe de recursos detraídos coercitivamente a los ciudadanos confiando en que sean las autoridades políticas las que nos traigan el progreso y el bienestar.
El déficit público de la Comunidad de Madrid es el 0,05% del PIB regional, en la Comunidad Valenciana es el 1,15% (230 veces mayor)
Las consecuencias provocadas por las dos concepciones políticas son fácilmente reconocibles recurriendo de nuevo a la objetividad de los datos. El déficit público de la Comunidad de Madrid es el 0,05% del PIB regional, en la Comunidad Valenciana es el 1,15% (230 veces mayor). La deuda pública de la autonomía madrileña es el 16% del PIB regional, la mantenida por la autonomía valenciana es el 48% (tres veces más). Madrid tiene una tasa de desempleo del 12%, en Valencia es del 16% (un 25% superior). Como vemos, además de objetividad, los datos expuestos rezuman también contundencia. Ésta es la que justifica que la agencia de calificación crediticia Standar & Poors califique a la deuda de la Comunidad madrileña con la nota A, al tiempo que la calificación otorgada a la Comunidad presidida por Ximo Puig es BB (bonos basura).
Visto este escenario, un presidente inteligente modificaría su política y pasaría a emular a la que está teniendo éxito. Sin embargo, Ximo Puig opta reiteradamente por eludir la responsabilidad de su fracaso, manteniendo que el culpable de los males que sufren los valencianos es el gobierno regional que hemos elegido los madrileños. Y en esa reiterada estrategia, se ha permitido ahora propugnar que algunos madrileños (por supuesto ¡los ricos!) sean penalizados con un nuevo impuesto sobre sus ingresos.
Un auténtico desatino
Lo propugnado por el señor Puig es un auténtico desatino. Lo es porque tiene un difícil encaje en nuestra legalidad financiera; es completamente arbitrario (el presidente de una Autonomía proponiendo la creación de un impuesto para gravar a residentes de otra); resulta absolutamente injusta (constituiría una penalización discriminatoria a algunos residentes en una región); y desvirtúa gravemente la estructura de progresividad de la tributación sobre los ingresos.
El disparate de la propuesta de Puig es similar al del despropósito que supondría proponer penalizar fiscalmente a los residentes en territorios que tengan mar frente a los que residen en el interior, a los que habitan en zonas de clima cálido frente a los que sufren una climatología menos amigable, a aquellos cuyas regiones disponen de riqueza monumental frente a los que residen en regiones que carecen de ella… un auténtico dislate.
Por la dimensión del disparate, es de esperar que ni siquiera los de su propio partido que ocupan el Gobierno le van a hacer caso. Y eso pese a la grave fiscofilia que padecen. Pero hasta ellos se habrán dado cuenta del timo que intenta perpetrar Ximo Puig, timo que no radica en la absurda propuesta que ha enunciado, sino en pretender que los árboles (sus sucesivos desbarres) no permitan ver el bosque (el daño que su política está haciendo a la Comunidad que preside).
