El caso del ático de Ignacio González está a un paso del archivo por una reforma legal del Partido Popular. Esa es la principal conclusión de una providencia de 10 de junio en la que el instructor de la causa, el juez Eloy Marfil Gallardo, anuncia que el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 le impide ampliar los plazos para seguir investigando el origen del dúplex de lujo de Estepona del expresidente madrileño.
En concreto, el juez ha dictado esta providencia teniendo en cuenta la redacción del artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acordada por el exministro Rafael Catalá, que ahora trabaja para la Fundación del Atlético de Madrid. El presidente del club madrileño es Enrique Cerezo, uno de los imputados en el caso del ático, amigo del exministro.
En este punto, el instructor ha informado a las partes de que la instrucción finalizó el pasado 27 de octubre de 2018, ya que la Fiscalía anticorrupción no pidió una prórroga. En concreto, en la providencia de 10 de junio el juez rechaza la petición de las acusaciones de seguir con la investigación, "toda vez que la petición se ha formulado una vez transcurridos los plazos para la instrucción".
Procesamiento o archivo
Llegado a este punto, ahora el instructor tendrá que decidir si acuerda el procesamiento de Ignacio González o por el contrario archiva la causa, como piden las defensas del matrimonio González-Cavero y de Enrique Cerezo.
Y para tomar esta decisión, el juez tendrá que tener en cuenta un informe de 30 de mayo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que alude a importantes lagunas de instrucción, pese a que se inició hace ya ocho años. En concreto, los agentes llaman la atención en que ninguna de las comisiones rogatorias enviadas a Panamá, Estados Unidos y Reino Unido ha logrado aportar información relevante para la causa.
En este sentido, llama la atención que el Gobierno español extravió la comisión rogatoria remitida a Panamá hace tres años, justo cuando Catalá era ministro de Justicia. En un escrito de 30 de mayo, la Fiscalía anticorrupción ha renunciado a enviar de nuevo la petición a las autoridades del país centroamericano, ya que considera que ya no es necesario.
770.000 euros
Sin embargo la Policía, que no ha dado por concluida la investigación, sí reclama al juez que envíe un nuevo auxilio judicial a Estados Unidos y Argentina, con la intención de conocer el destino de los 770.000 euros que el matrimonio González pagó en 2012 a la sociedad opaca Coast Investors, cuyo dueño real se desconoce.
En cuanto a la rogatoria de Argentina, los agentes pretenden determinar si es verdad que el ciudadano de este país Luis Osvaldo Repetto era el auténtico dueño de Coast Investors, tal y como declaró el directivo de la empresa off shore, Rudy Valner, quien trabajaba para Enrique Cerezo en la firma Vídeo Mercury.
La petición de la Policía se produce después de que el juez rechazara investigar, a petición del letrado de los extrabajadores de Telemadrid, al mencionado Luis Osvaldo Repetto.
"Transcurridos los plazos"
Las acusaciones populares de los extrabajadores de Telemadrid y del PSOE también han intentado, aunque sin éxito, de convencer al juez de que prorrogue las pesquisas.
Tras la negativa del instructor, el abogado del colectivo de extrabajadores de Telemadrid, Javier Carnerero, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, en el que sostiene que el periodo final de las pesquisas era el 6 de Junio del 2019 y no el 27 de octubre de 2018, por lo que el juez debería seguir con la investigación sobre el origen del ático de lujo de Ignacio González.
