Todo empezó entonces, en vísperas de la Diada y ya con el independentismo preparando su referéndum de independencia. Fueron dos días en los que un hiperventilado grupo de fanáticos, espoleados por un político mediocre y mesiánico, impulsaron el primer acto del golpe de Estado en Cataluña. Esas horas de tensión y drama, de insultos y humillaciones, de zarpazo al corazón de nuestro edificio constitucional, abrieron el camino hacia una proclamación de independencia de la que sus ideólogos y ejecutores, luego aviesamente renegaron.
“Todo fue simbólico”, “allí no se aprobó nada”, tartamudearon los cabecillas, uno tras otro, ante los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo. Nueve de ellos están en prisión. Siete, huidos de la Justicia. El ‘heréu’ de aquella mascarada insensata, Quim Torra, amenaza con reincidir, con intentar de nuevo el desafío. Los independentistas, desbordar las calles con músculo amarillo en esta efeméride infausta.
Carme Forcadell, por entonces la presidenta de la Cámara, fue la sumo sacerdotisa del esperpento. Una apocada exdirigente de la ANC, sin apenas formación, con desconocimiento casi absoluto de los usos parlamentarios, de sus normas, reglamentos, procedimientos, se erigió, empujada por una colla de bárbaros, en la oficiante de aquel ceremonial que arrasó uno de los más firmes cimientos del edificio democrático: el Parlamento.
Lo hizo entre espasmódicas decisiones, titubeos, incoherencias, tartamudeos. Encogida por el miedo y arrebatada por el fervor patriótico, empujada desde los escaños por los más obcecados de sus compañeros de aventura, Forcadell consumó el latrocinio: amordazó a la oposición, ignoró a los letrados de la Cámara, anuló al Consejo de Garantías Estatutarias, dinamitó el reglamento, el Estatut y la Carta Magna y redondeó la aprobación de dos leyes que con las que se pretendía consumar un referéndum ilegal que abriera las puertas a la proclamación de la República.
Una intervención memorable
“Revisadas ahora aquellas sesiones frenéticas y delirantes, nada tiene sentido”, comenta un diputado del PDeCat. Ni su desarrollo, ni su guión, ni los diálogos, ni, en suma, sus consecuencias. Fue una función en dos actos en la que la oposición defendió en forma ejemplar los valores cívicos y democráticos, con momentos de enorme valentía, como la esforzada brega de diputados como Carlos Carrizosa, Alejandro Fernández y hasta el sorprendido Joan Coscubiela, que ese día pareció darse cuenta de que, hasta entonces había respaldado a una pandilla de golpistas.
La absurda y estulta izquierda de siempre, capaz de asociarse con racistas y ladrones con tal no aparecer en la foto con la derecha. Coscubiela, ese día, pronunció el mejor de sus discursos. “Demasiado tarde, compañero, le dijeron desde los escaños constitucionalistas. Le has hecho el juego al monstruo y ahora te pones a llorar. “¿No viste que son una panda de golpistas que sólo buscan montar su Estado para no rendir cuentas de décadas de saqueo ante los tribunales?”.
En su atribulada intervención, Coscubiela lanzó, mirando a los ojos a Puigdemont y Junqueras –uno sonreía con cinismo y el otro bajaba la mirada hacia su móvil- una frase demoledora: “No quiero que mi hijo viva en un país en el que una mayoría silencia y sepulta a una minoría. Eso no es democracia. Le están tomando gusto a pisotear la democracia”. Toda la bancada constitucionalista, PP, Cs, PSC y Podemos, puesta en pie, ovacionó al orador al grito de "Democracia, democracia, democracia".
Sin permitir enmiendas, ni dictámenes preceptivos, ni debates, el bloque de la DUI aprobó, con nocturnidad y displicencia, dos leyes decisivas para la proclamación de la independencia. Ambas, contra el criterio de los letrados de la Cámara y bajo la admonición del Constitucional. Había prisa, mucha prisa. La cita con las urnas ilegales del 1-O no podía esperar. Ni aplazarse. "No se hace esperar a la república", declaró un diputado de ERC.
Aprobación de madrugada
En la noche del 6 de septiembre se aprobó la ley de la consulta, después de apenas hora y media de tratamiento parlamentario, en el que los esforzados portavoces de los grupos democráticos chocaban, una y otra vez, con la intemperancia de Forcadell. “Es una carrera a ninguna parte”, dijo un diputado de la oposición. A las 21,33 se produjo finalmente la votación, con el respaldo de JxSí y de la CUP. Podemos se abstuvo y Cs, PSC y PP abandonaron el Hemiciclo. El escueto grupo de los populares, comandado por García Albiol, depositó en sus escaños banderas de España y Cataluña. Una diputada podemita, apellidada Martínez, retiró luego tan sólo las primeras, entre los aplausos jocosos de los separatistas.
El referéndum quedaba bendecido en una sesión antidemocrática y totalitaria. Una aprobación exprés, aprovechando torticeramente una rendija del reglamento de la Cámara por parte de la Mesa. Semanas habría llevado sacar adelante esta iniciativa de haberse respetado los trámites legales.
Al día siguiente, con los ánimos encendidos en las dos partes, se abordó, en forma similar, la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, conocida como ‘Ley de desconexión’, una especie de Constitución de andar por casa hasta que un singular organismo integrado por miembros del gobierno y de la sociedad civil (las entidades de agitación ANC y Omnium) prepararan el camino hacia el proceso constituyente. Al más puro estilo chavista, como lo definió un dirigente de Ciudadanos.
Carme Forcadell, sin duda la principal protagonista de esas tempestuosas sesiones de oprobio democrático, el símbolo del menosprecio a la Constitución, declaró ante el juez Llarena que sesiones apenas tuvieron un carácter simbólico
La llamada ley de desconexión se aprobó, también sin miembros de la oposición en la Cámara, pasadas las 12.30 de la noche, después, asimismo, de intensos choques entre los portavoces de los grupos democráticos y la presidenta del Parlament. "El pleno del sainete", lo llamaron algunos inconscientes en Moncloa. Inés Arrimadas, en su premonitoria intervención, advirtió los miembros de la Mesa sobre el carácter abiertamente ilegal de la tropelía que estaban perpretando. “Si usted se salta un semáforo en rojo y le pillan, sabe que tendrá consecuencias”. Y las tuvo.
Carme Forcadell, sin duda la principal protagonista de esas tempestuosas sesiones de oprobio democrático, el símbolo del menosprecio a la Constitución, declaró ante el juez Llarena que sesiones apenas tuvieron un carácter simbólico. Es la único miembro de la Mesa que se encuentra ahora en prisión, junto a los miembros del ‘Govern’ que impulsaron el golpe, a la espera del juicio oral que se abrirá a partir de octubre, según todas las previsiones.
El 27 de octubre de 2017, con la excusa del ‘mandato ciudadano’ del referéndum del 1-O, el Parlamento catalán aprobó la declaración de independencia por 70 votos a favor, dos en contra, diez en blanco y con la oposición democrática nuevamente fuera del Hemiciclo. Ese mismo día, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución mediante el que se intervenían todas las instituciones de autogobierno con excepción del Parlament y se convocaban elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Los secesionistas, empero, siguen en el poder.
