“La noticia será que se conceda alguna hipoteca en Andalucía a partir de ahora”, así de tajante se muestra Fernando P. Méndez, registrador la propiedad, preguntado por las posibles consecuencias del decreto de la Junta de Andalucía por el que se expropia al banco el uso, durante un máximo de tres años, de la viviendas inmersas en procedimientos de desahucios por impago de la hipoteca en caso de que las familias que las habiten estén en riesgo de exclusión social.
En una comunidad en la que cada día se producen una media diaria de 46 desahucios, el Gobierno andaluz pretende, según ha declarado a los medios su presidente, José Antonio Griñán, “poner un poco de razón en la sinrazón que supone el que haya miles y miles de pisos vacíos en Andalucía y España, y miles y miles de familias sin acceso a la vivienda o que tienen riesgo de perder la suya".
Méndez advierte, sin embargo, que por beneficiar a un mínimo porcentaje de la población se puede acabar perjudicando al resto y que la solución no pasa por expropiar viviendas sino por aplicar políticas sociales. “Los desahucios son un gran drama para quienes los sufren, pero la expropiación de viviendas no es la manera de acabar con ellos ya que endurece las condiciones de acceso al crédito para el resto. ¿Qué inversores extranjeros van a prestar dinero a los bancos españoles si a mitad de la partida se cambian las reglas del juego? Las entidades darán aún menos hipotecas”, asegura Méndez, que fue uno de los intervinientes en la Comisión de Economía del Congreso cuando la ley estatal antidesahucios estaba dando sus primeros pasos parlamentarios.
Encaje legal
Precisamente una de las enmiendas que el PSOE ha presentado a esa norma, que fusiona la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con el proyecto de ley de deudores hipotecarios del Gobierno, es el texto sobre expropiación de la Junta, con la idea de que se acabe implantando en toda España. Un pensamiento que por ahora no parece que vaya a transformarse en realidad habida cuenta de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que la norma del PP ya protege a las familias que estén en situación de especial vulnerabilidad porque "no pueden ser sacadas de sus casas durante dos años".
El Gobierno defiende que la ley antidesahucios impulsada por el PP ya protege a las familias en riesgo de exclusión social
El Ejecutivo además ha anunciado a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que va a estudiar el “encaje legal” del decreto andaluz. Con respecto a si la ley andaluza puede entrar en contradicción con otras leyes o con la Constitución, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, asegura que “encaja con la legislación vigente ya que contempla medidas que no están en otras normas”. “Se ha dado una respuesta distinta al problema, pero distinta no quiere decir inconstitucional”, sentencia.
Al Gobierno, y más en concreto a la “escasa capacidad reformista que está demostrando con el tema de los desahucios”, achaca Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y de la Caja de Ahorros de Granada, la aprobación del decreto andaluz, que considera puede tener “una aplicación complicada”. “La difícil situación económica del gobierno autonómico hace que tenga que moverse a la fuerza con escasos recursos”, afirma Rodríguez antes de añadiré que lo “ideal sería hacer una aproximación con ese enfoque a nivel nacional”.
Con una norma a nivel nacional se podrían evitar grandes diferencias en el acceso al crédito de aquellos ciudadanos que quieran comprar una casa en diferentes comunidades autónomas. En Estados Unidos, por ejemplo, las condiciones son más duras –más intereses y una cantidad más elevada de entrada- en algunos de los estados donde sí existe la dación en pago que en otros que no contemplan dicha posibilidad. Sobre las consecuencias de la aplicación del decreto no ha querido pronunciarse la Asociación Española de Banca, que por el momento evita hacer valoraciones de la medida.
